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Advierten ante la ONU que el populismo no ha resuelto los problemas sociales

Indígenas en Parque Carabobo | Foto Alex Delgado

Indígenas en Parque Carabobo | Foto Alex Delgado

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinará la situación venezolana con un  retraso de siete años. El Estado debía rendir cuentas en 2006 y lo hizo en 2013. Mañana se llevará a cabo el diálogo interactivo mediante el cual expertos de todo el mundo exigirán datos precisos, pues las respuestas que han recibido no les satisfacen. El oficialismo insiste en publicitar el asistencialismo desarrollado a través de las misiones, soslayando las fallas de tales programas y, en la mayoría de los casos, sin revelar estadísticas actualizadas sobre los resultados. Las organizaciones no gubernamentales destacan que el propósito de garantizar la igualdad y la no discriminación ha quedado en segundo plano y, por ejemplo, en cuanto a mujeres, niños, niñas, adolescentes e indígenas han privado criterios político-partidistas. La escasez de alimentos y medicinas también será tema de debate  

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La igualdad de género es una quimera

La ONU solicitó al Estado venezolano que informara sobre el combate de estereotipos en relación con las funciones y responsabilidades de hombres y mujeres en la familia y en la sociedad, las medidas específicas para eliminar  la segregación por razones de género en el mercado de trabajo y los resultados de la implementación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Acerca del primer punto, el Estado mencionó la promulgación en 2007 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Más específicamente señaló que “el Ministerio para la Mujer y sus entes adscritos promueven la constitución de los Comités de Gestión de la Mujer para la Igualdad de Género en lo interno de las comunas, y los Comités de Mujer e Igualdad de Género en los consejos comunales. En ambas instancias del Poder Popular se lucha por los derechos de las mujeres en los espacios cotidianos de vida, entre los cuales se encuentran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como la profundización de su participación política”.

En materia laboral, el reporte estatal indica que  durante el primer semestre de 2014 se llevaron a cabo 13.549 inspecciones a entidades de trabajo y se constató que a 175.450 trabajadoras se les garantiza la igualdad de beneficios laborales sin discriminación alguna. Sobre violencia de género, el Estado no  suministró información estadística.

En el informe alternativo, elaborado por las ONG Centro de Justicia y Paz,  Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, Género, Democracias y Derechos Humanos, y Centro Hispanoamericano para la Mujer Freya, se señala: “En Venezuela los asuntos de la igualdad de género no son parte sistemática de la agenda de los poderes públicos y la mayoría de las iniciativas dirigidas a las mujeres son de carácter asistencialista y de claro corte populista, se hacen dentro del contexto de la promoción política que adelanta el gobierno a través de acciones generalmente puntuales y para responder a circunstancias políticas que no obedecen a un propósito sistemáticamente predeterminado. Los planes dirigidos a dar respuesta a las necesidades de las mujeres se hacen con absoluta subordinación a los intereses políticos del proyecto ideológico del gobierno y carecen en todas sus partes de un enfoque de igualdad de género”.

Sobre las misiones, las ONG afirman que “han sido creadas para beneficiar a determinados grupos de mujeres de los estratos más pobres, en materia de empleo, pero solo para personas ligadas políticamente al gobierno y en ocupaciones del sector terciario”.

En materia de igualdad en el trabajo, las ONG aseguran que la brecha salarial promedio entre mujeres y hombres es de 14,2%.




Los indígenas, los sin tierras

La principal lucha de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela y de todo el mundo es por el derecho a la tierra. En ese sentido, el Comité pidió al Estado venezolano información actualizada sobre los avances en esta materia. Y en el reporte estatal se precisa que entre 2005 y 2014 se han entregado 93 títulos de tierras, lo cual ha beneficiado a 20.271 familias en una superficie de 2.951.852,66 hectáreas. “Actualmente se están procesando, de manera simultánea, 43 expedientes de demarcación de hábitat y tierras indígenas. Estos títulos serán entregados en la medida que vayan culminándose los procesos que dan cierre a los expedientes de demarcación por cada solicitud, las cuales se elaboran de manera cronológica y en orden de recepción”,  agrega.

El Foro por la Vida opuso los señalamientos de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana, que señaló que solo se había demarcado 12,4% de los hábitat y tierras indígenas y que se ha beneficiado a 11 de los 50 pueblos indígenas. Así las cosas, parece inalcanzable la meta de terminar el proceso de entrega de títulos de propiedad en 2015.

En el Plan de la Patria 2013-2019 –argumenta el Estado– se establece como objetivo “ampliar la presencia de las misiones y grandes misiones socialistas en las comunidades indígenas, reconociendo y respetando su cultura y tradiciones”. Como ejemplos se mencionan la dotación a 10.000 familias de 3.485 viviendas, que ha favorecido a  56.748 personas, así como la inscripción de 32.880 indígenas en la Misión Robinson I.

El Foro por la Vida pone en entredicho el respeto del Estado a las culturas indígenas y se refiere específicamente a la violación de la ley en cuanto a la obligación de consultarlos para hacer intervenciones (generalmente vinculadas con el extractivismo) en las tierras que les pertenecen ancestralmente. Por ejemplo, el gobierno del estado Zulia 2013-2016 se propone aumentar la producción de carbón de 7 millones a 12 millones de toneladas para 2016 y nada de ello le ha sido consultado a las etnias de la región.




Niñez ideologizada

En materia de niños, niñas y adolescentes, la ONU manifestó interés en datos estadísticos sobre el trabajo infantil en Venezuela. Al respecto, el Estado solo informó: “Desde 2010 hasta el primer semestre de 2013 había inspeccionado las condiciones de 12.636 adolescentes trabajadores”.
El reporte oficial insiste en la efectividad de las misiones, como el Programa de Alimentación Escolar, para asegurar que “se ha logrado disminuir la deserción escolar en el nivel primario a menos de 1%, y a nivel secundario se ha disminuido en 5%. Se espera insertar a niños, niñas y adolescentes que aún se encuentran fuera del sistema escolar, lo que representa 3% de la población”.

La Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes aprovechó el debate en Naciones Unidas para referirse a otras inquietudes: “Es especialmente preocupante que el Estado venezolano no presente cifras e información desagregada acerca de niños, niñas y adolescentes víctimas de muertes o lesiones por violencia, privados de su medio familiar, con discapacidad, indígenas, en condición de refugiados, con VIH y sida u otras enfermedades crónicas, en situación de calle, consumidores de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y adolescentes en conflicto con la ley penal”.

La ideologización de los programas sociales destinados a la niñez fue expuesta por la Red al mencionar las guerrillas comunicacionales, la instrucción premilitar como componente obligatorio en la educación y la incorporación de la Milicia Bolivariana a los planteles.

“Se pone en riesgo la integridad física, psicológica y emocional de las y los adolescentes por el clima de polarización política que vive el país cuando, contraviniendo el mandato legal de garantizar el respeto a todas las corrientes del pensamiento, la tolerancia y la pluralidad, se establece como basamentos teóricos de la Educación para la Defensa el ideario de ‘la nueva ética socialista’ y de ‘la democracia revolucionaria’, propugnado por el sector gubernamental”, alerta.