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Acusan al PSUV de propiciar fraude a la Constitución

Junta directiva de la AN convocó a sesión el sábado 20 de diciembre para designar a magistrados del TSJ | Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Junta directiva de la AN convocó a sesión el sábado 20 de diciembre para designar a magistrados del TSJ | Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Condenan plan para escoger el Poder Ciudadano por mayoría simple en la Asamblea Nacional. Oposición no ha logrado consenso con el oficialismo

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Fraude a la Constitución. Así califican expertos en Derecho Constitucional, ONG y la oposición la pretensión del PSUV –anunciada por el diputado Elvis Amoroso- de designar a los miembros del Poder Ciudadano con mayoría simple en la Asamblea Nacional y no con el voto de dos tercios, como indica la carta magna.

El experto en Derecho Parlamentario Ramón Guillermo Aveledo consideró írrita la interpretación que hizo el partido de gobierno del artículo 279 de la carta magna, que establece el mecanismo y votación para designar al fiscal, defensor y contralor.

“Es absurdo decir que como el Consejo Moral no cumplió con su responsabilidad la Asamblea está autorizada para omitir la suya. Esto revela que esa supuesta falta de acuerdo en el Consejo Moral fue a propósito porque ya tenían montada la estrategia. Estamos ante un fraude a la Constitución”, sentenció Aveledo.

El constitucionalista Jesús María Casal enfatizó que cuando la Asamblea asume la responsabilidad del proceso lo hace bajo las mismas reglas que tocan al Comité de Postulaciones: “Convoca a los candidatos, los evalúa, elabora una terna, la somete a votación y los nombres se aprueban por dos tercios. Y si no se aprueba ninguno de los incluidos en la terna, se somete a referendo la terna completa. Decir que se votará por mayoría simple es un fraude”, afirmó Casal.

No hay consenso. La MUD aseguró que sus diputados no respaldarán la elección de ningún aspirante a los poderes que no cumpla con los requisitos que señala la Constitución.

En rueda de prensa el secretario ejecutivo de la alianza, Jesús “Chuo” Torrealba, dijo que la oposición ha hecho un esfuerzo por conseguir la mayoría calificada. “Hasta ahora no ha sido posible el consenso por la prepotencia del gobierno y por los severos problemas internos del oficialismo”, expresó.

Torrealba criticó la sugerencia de Amoroso: “Existe un contraste impresionante entre lo que dice la Constitución y la forma perversa en la que la utiliza el gobierno”.

Opinó que el gobierno irrespeta la Constitución para mantener un control institucional que el año que viene le permita contrarrestar los efectos de la crisis económica.

En un comunicado el Foro Penal condenó al Consejo Moral por haber omitido su responsabilidad: “Observamos un evidente fraude a la ly y a la Constitución. El objetivo era obviar la participación ciudadana, para que sean los diputados los que de forma expresa designen a los miembros del Poder Ciudadano”.

Provea, por su parte, exhortó a los parlamentarios a que asuman su responsabilidad: “Tomen en cuenta que sobre ustedes recae, en buena parte, la paz de Venezuela. Necesitamos instituciones comprometidas con los derechos de los ciudadanos y no actuando para defender los intereses del Estado”.

La Secretaría de la AN confirmó que el viernes 19 y el sábado 20 de diciembre habrá sesión extraordinaria. En la sesión del sábado está previsto designar a los magistrados del TSJ.

 

Irregularidades

El Centro de Estudios Políticos de la UCAB lamentó que el Comité de Postulaciones Electorales recortara el lapso para las impugnaciones de los preseleccionados como candidatos a rectores del CNE.

El director de la organización, Benigno Alarcón, dijo que la decisión viola la Constitución y Ley Orgánica del Poder Electoral. “Se opaca el proceso de selección de árbitros imparciales que se había iniciado con buen pie”, expresó.

Mencionó otras irregularidades del proceso, como la no publicación de la lista de postulados en la web de la Asamblea el 10 de diciembre, sino el 13; el cierre de la sede del Comité durante el sábado 13 y el domingo 14 en el horario anunciado, y la no habilitación de un procedimiento para que los residentes del interior del país hicieran sus objeciones.