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Activistas y víctimas de violaciones a los DD HH se concentrarán en la Defensoría del Pueblo

El Comité de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos entregará un documento a la Defensora del Pueblo en el que, entre otras cosas, se le solicitará velar por el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la comunicación de los detenidos con sus familiares y abogados

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Este jueves a las 10:00 am, víctimas, familiares de víctimas, activistas, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos agrupadas en el recién creado Comité de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos se concentrarán en la sede de la Defensoría del Pueblo, para exigir a la Defensora Gabriela Ramírez que cumpla con el deber que le impone el artículo 280 de la Constitución Nacional, de promover, defender y vigilar el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna y garantizar los derechos de quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias y malos tratos durante las labores de represión de la GNB y PNB.

En tal sentido el Comité de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos entregará un documento a la Defensora del Pueblo en el que, entre otras cosas, se le solicitará velar por el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la comunicación de los detenidos con sus familiares y abogados. Exigirán condiciones de reclusión dignas y tratos respetuosos de la dignidad humana y los derechos humanos, tanto a los detenidos como a sus familiares y defensores. Igualmente, se le exigirá a la funcionaria velar por el respeto al derecho al estudio, brindando protección académica a los estudiantes detenidos.

El pasado lunes se efectuó el primer encuentro para la constitución del Comité de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos en Caracas. Dicha instancia, integrada por víctimas, familiares de víctimas, activistas, abogados, dirigentes sindicales y gremiales, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos, coordinará esfuerzos para la defensa de quienes han sido privados de libertad y sometidos a procesos penales por haber ejercido el derecho constitucional a la manifestación pacífica.