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Acreditación de la Defensoría en la ONU está en riesgo

Ligia Bolívar dijo que Gabriela Ramírez sería la responsable si la Defensoría del Pueblo es bajada de categoría por la ONU | Foto Archivo El Nacional

Ligia Bolívar dijo que Gabriela Ramírez sería la responsable si la Defensoría del Pueblo es bajada de categoría por la ONU | Foto Archivo El Nacional

En 2015 se revisará si el organismo se ajustó a parámetros internacionales. El proceso de renovación del defensor tendrá peso

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Parte del informe del Comité contra la Tortura de la ONU emitido el viernes señala que la defensoría venezolana “parece carecer del grado de independencia necesario para ser la institución encargada de investigar las denuncias de tortura”.

La apreciación se produce justo cuando el proceso de renovación de esa instancia está en puertas y, aunque con retraso, podría realizarse en el primer trimestre del año que viene.

Precisamente en marzo de 2015 el Comité de Acreditaciones del Consejo de Derechos Humanos evaluará el cumplimiento de los parámetros internacionales por la Defensoría del Pueblo y decidirá si le renueva la acreditación tipo A, que ostenta en la actualidad y que le da pleno reconocimiento internacional. O si, por el contrario, la baja de categoría.

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, explicó que la Defensoría del Pueblo está obligada a cumplir con los Principios de París, estándares que rigen a todas las defensorías en el ámbito mundial. Precisó que en 2013 el Comité de Acreditaciones dio el visto bueno al ente dirigido por la ex diputada del PSUV Gabriela Ramírez, pero fijó una revisión para marzo próximo porque consideró que había aspectos que no se apegaban a esos estándares, entre ellos el procedimiento bajo el cual fue elegida la actual defensora.

“Si esas prácticas se repiten durante la elección del próximo defensor el Comité de Acreditaciones tendrá más argumentos para bajar la categoría a Venezuela, y si eso ocurre la defensoría como institución perderá el derecho de palabra en los órganos del Consejo de Derechos Humanos. Gabriela Ramírez y la Asamblea Nacional cargarían con esa responsabilidad”, señaló Bolívar.

La coyuntura. El director de Espacio Público, Carlos Correa, indicó que la pronta renovación del cargo de defensor pone a ese organismo en una coyuntura. Enfatizó que se trata de un funcionario que no puede actuar sobre la base de cálculos políticos, sino al lado y a favor de las víctimas.

“Se supone que una víctima de tortura requiere garantías para colocar la denuncia sin temer represalias. En la medida en que se nombre a un funcionario que garantice un grado de competencia, honestidad e independencia, los ciudadanos podrán confiar. Pero si se escoge a un funcionario que ya viene de la defensoría o que no da garantías de independencia sino que hace cálculos políticos para sus actuaciones, pues la defensoría no cumplirá su papel”, manifestó Correa.

Los órganos del Poder Ciudadano deberían renovarse el 7 de diciembre, pero la instancia, presidida por la fiscal Luisa Ortega, no activó la convocatoria del comité evaluador.

Todo suma
La última vez que el Comité Contra la Tortura evaluó a Venezuela fue en 2002 y el informe fue optimista. Ligia Bolívar y Carlos Correa explican por qué cambió su apreciación.

“Luego de 12 años el Comité constató que no basta con la ley, sino que es necesaria la implementación de políticas”, dijo Ligia Bolívar.

“Esta vez la sociedad civil ayudó al Comité a tener una visión panorámica; las víctimas denunciaron; el Estado mostró una faz represiva en las protestas de este año; se ha documentado el caso Afiuni; Venezuela denunció a la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo sumó”, dijo Correa.

Además, ambos expertos coincidieron con el Comité en la necesidad de ampliar la definición de tortura. “La definición internacional reconoce dos tipos de víctimas: la persona detenida y juzgada por haber cometido un delito (población penal) y la persona que se sospecha ha delinquido y está bajo investigación. La ley nacional ampara al primer tipo, pero excluye, por ejemplo, a los 3.000 detenidos arbitrariamente este año, muchos de los cuales fueron torturados durante la aprehensión, el traslado, o mientras duró la investigación”.