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Proyecto de ley de infogobierno solapa derecho a acceder a la información pública

Pedro Carreño

Pedro Carreño

El instrumento, presentado por la Comisión de Ciencia, se centra en el desarrollo tecnológico. Está disponible en la web de la AN

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En noviembre 2012 el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, declaró que una comisión mixta se encargaría de fusionar en un solo texto la propuesta de ley de infogobierno que manejaba el PSUV y la de acceso a la información pública, impulsada por la oposición.

Ocho meses más tarde, el proyecto de ley de infogobierno colgado en la página web de la Asamblea Nacional no sólo dista de ser una fusión, sino que dejó en la sombra todo lo relativo al derecho ciudadano de acceder a la información pública, dando preeminencia absoluta al uso, desarrollo y protección de la tecnología de la información por parte del Estado.

Aún cuando entre en los objetivos de la ley se incluye el de garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, a lo largo de la norma la realidad es otra: sólo uno de los 8 títulos se refiere al asunto y apenas 10 de los 68 artículos tocan el tema. No se establecen mecanismos para solicitar información pública ni lapsos de respuesta, ni sanciones para los funcionarios que nieguen ilegítimamente ese derecho ciudadano.


Cero participación. Otro aspecto relevante al comparar ambos proyectos es la subordinación de la ciudadanía al Estado contenida en la propuesta de ley de infogobierno.

Por ejemplo, la norma crea el Comité Nacional para el uso de Tecnologías de Información en el Poder Público que depende administrativamente del vicepresidente. Su objetivo es fomentar el aprovechamiento de la tecnología en el Poder Público y está integrado por el vicepresidente; los ministros de planificación y ciencia; el procurador de la República, y los presidentes de la Asamblea Nacional, el TSJ, el CNE, el CMR y el BCV. Cero participación ciudadana.

Mientras, el proyecto de ley de acceso proponía una Comisión para la Información con autonomía jurídica, de presupuesto y decisión, obligada a entregar informes periódicos al Poder Legislativo e integrada por cinco personas postuladas por el Parlamento, desvinculadas del Gobierno y aprobadas por el Presidente.

Aun así, el diputado Carlos Ramos, de UNT, dio la bienvenida al proyecto y se refirió a los retos para el debate: “Incorporar a la ciudadanía como contralora de la gestión pública; que los fondos del Estado entren en el ámbito de aplicación de la ley; que los gobernadores y alcaldes sean representados en el Comité Nacional de TI; que la ejecución de los programas sociales se cargue a las páginas web en tiempo real, y que se especifiquen los lapsos de respuesta y publicación de la información, entre otros elementos”.


Herramienta

Al revisar el proyecto de infogobierno aprobado por la Comisión de Ciencias esta semana es clara la preeminencia de los aspectos técnicos y el solapamiento del derecho ciudadano a acceder a la información pública, que era el eje de la propuesta de ley de acceso, impulsada  por la oposición.

El diputado Carlos Ramos (UNT) dijo que el PSUV rechazó esta iniciativa. “No se constituyó la comisión mixta. El producto es una ley de infogobierno centrada en la tecnología como herramienta, sin ningún énfasis en derecho a la información pública”, dijo.

Los objetivos del proyecto de ley de infogobierno son fijar lineamientos para el uso de tecnologías de la información, fomentar la transparencia del manejo de datos por el sector público y aupar plena soberanía tecnológica, entre otros.

En cambio, la iniciativa de ley de acceso buscaba facilitar el control de la gestión pública y garantizaba la protección de la información personal en manos del Estado, entre otros.