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Academias aseguran que el país vive una situación de "incertidumbre" e "inseguridad jurídica"

Luis Mata Mollejas, presidente Academia Nacional de Ciencias Económicas | Omar Véliz

Luis Mata Mollejas, presidente Academia Nacional de Ciencias Económicas | Omar Véliz

Las academias nacionales de Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales, Ingeniería y el Hábitat y de Ciencias Económicas insisten que es necesaria una explicación “clara y directa” de la situación de salud del Jefe de Estado por médicos venezolanos designados “de manera inmediata e impostergable”

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Las academias nacionales de Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales, Ingeniería y el Hábitat y de Ciencias Económicas fijaron posición acerca de la actual situación del Gobierno, motivado a la enfermedad del presidente de la República, Hugo Chávez.

Por medio de un comunicado divulgado este viernes, el acuerdo de la Asamblea Nacional del 8 de enero de 2013 y la posterior sentencia de la Sala Constitucional del día 9 del mismo mes y año, relativos a la juramentación del Presidente de la República “han afectado la credibilidad de los poderes públicos y la institucionalidad del Estado de Derecho”, agravando “la incertidumbre sobre su seguridad jurídica y sobre la conservación del orden democrático y republicano”.

Aseguran además que “es un hecho notorio” que el Presidente Chávez “no se encuentra en ejercicio de sus funciones y no se sabe, según informaciones de voceros oficiales, cuándo podría asumirlas”. Precisan que de no corregirse de inmediato la situación, podría dejar “profundas heridas” en las instituciones democráticas y republicanas del país.

Las asociaciones insisten que es necesaria una explicación “clara y directa” de la situación de salud del Jefe de Estado por médicos venezolanos designados “de manera inmediata e impostergable”. “En una sociedad democrática, la información sobre una enfermedad grave y el estado de la salud del Presidente de la República son asuntos de interés público que incumben a la ciudadanía y, además, son asuntos que afectan a la transparencia democrática”, indica el texto.

Asimismo indican que la elección, proclamación y juramentación de los individuos electos para cargos públicos, así como la fijación del inicio y terminación de períodos para su ejercicio, “son todas garantías indispensables para asegurar la legitimidad de origen del poder público. “De su respeto depende que los procesos de reelección signifiquen lo que son: una renovación de los poderes públicos, y no se conviertan en una simple ratificación que prorrogue el período anterior”, precisan.

Finalmente indican que la actual situación de “inseguridad jurídica” e “incertidumbre” debe ser superada de manera tal que permita “la toma de las medidas políticas, sociales y económicas indispensables para el Gobierno, que ya se hacen impostergables”. Indican que se trata de “un legítimo reclamo de la soberanía nacional exigir que las supremas decisiones de la República sean tomadas e informadas a la Nación directamente por quien detenta el mandato popular, sin intermediarios y dentro del territorio nacional” ya que a su juicio “cada funcionario electo es responsable personalmente ante el electorado y ante el ordenamiento jurídico del Estado”.