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Abogado Manuel Rojas Pérez afirma que estado de excepción en materia económica viola garantías civiles y políticas

El jurista analizó el texto aparecido este lunes en Gaceta Oficial y recordó que la emergencia económica está enmarcada en una declaratoria de estado de excepción.

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El abogado constitucionalista y docente universitario, Manuel Rojas Pérez, aclaró que el decreto de estado de excepción en materia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes constituye un riesgo el ejercicio de las garantías civiles y políticas previstas en la Constitución.

El jurista analizó el texto aparecido este lunes en Gaceta Oficial y recordó que la emergencia económica está enmarcada en una declaratoria de estado de excepción.  “Hay garantías constitucionales suspendidas desde hace unos meses, desde el primer decreto de emergencia económica, que fue negado por la Asamblea Nacional e ilícitamente aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia” precisó.

Aseveró que Maduro ordenó este nuevo decreto sobre la base de una inexistente guerra económica. Precisó que el país atraviesa una serie de conflictos económicos y políticos producto de la ineficiencia gubernamental. “Esa declaratoria de emergencia es una burla a los venezolanos y una verdadera oda al cinismo”.

Advirtió que el documento le confiere una serie de atribuciones al Ejecutivo, entre las que se encuentran la expropiación –sin procedimiento administrativo previo- de empresas dedicadas a la comercialización de alimentos y rubros de primera necesidad-. “Esta facultad es muy peligrosa en manos de un gobierno que ha demostrado una naturaleza fascista y que presumiblemente limitaría el acceso de estos rubros a sectores que apoyen políticamente al régimen” dijo.

Agregó que el estado de excepción trasciende el ámbito financiero, y apuntó que el Gobierno tendrá más poder para limitar las reuniones políticas y reprimir las manifestaciones pacíficas convocadas por la ciudadanía. “Aquí tememos que pueda el presidente Maduro, en su afán totalitario y antidemocrático, utilizar esta norma para limitar derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la manifestación, a las reuniones pacíficas, y, por supuesto, a ejercer actividades de tipo política. Este temor se acentúa al leer el artículo 6 que le da poder al Ejecutivo Nacional para establecer, en el marco de esta suspensión de garantías, medidas de defensa nacional y soberanía”, explicó el también Concejal de Chacao.

Manifestó que lejos de disminuir la corrupción se incrementará porque permite al Ejecutivo suscribir convenios y contratos sin la venia de otros poderes públicos.  “Esto es un cheque en blanco para que se comprometa dinero público sin control ni fiscalización alguna. Es decir, con esa norma que establece el Decreto, el régimen de Maduro puede gastar el dinero del Estado venezolano como le dé la gana, cuando le dé la gana y en quien le dé la gana. Esto tampoco permite que se permita verificar si ese dinero en verdad está siendo utilizado para realizar una contratación o si simplemente va a los bolsillos de algún corrupto”.

Indicó que la libertad económica, prevista en la carta magna, se verá cada vez más limitada por decisión de Maduro y su tren ejecutivo, en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos quienes cada día sufren las consecuencias de la inflación al momento de adquirir alimentos o cancelar servicios.