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AN espera fallo sobre ley de bono a pensionados

El TJS/ Foto: TSJ

El TJS/ Foto: TSJ

La decisión fue tomada el jueves 28 de abril, pero no ha sido publicada. La Sala Constitucional también revisa la reforma de la Lotsj, así como un recurso de interpretación del artículo 72 de la Constitución que regula el revocatorio

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La Sala Constitucional del TSJ ya tiene un dictamen sobre la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados. Sin embargo, al cierre de esta edición no había sido publicado.

El instrumento fue sancionado por la Asamblea Nacional el 30 de marzo, y el presidente Nicolás Maduro pidió al TSJ una valoración sobre su constitucionalidad el 14 de abril. Ayer se informó en la página web del máximo tribunal que la Sala “resolvió” el asunto en ponencia conjunta en la sentencia 327 de fecha 28 de abril. Pero no se indicaron más detalles.

“Estamos a la espera de la publicación de sentencia; sabemos que hay una decisión, pero desconocemos en qué sentido decidió la Sala”, dijo el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla (MPV).

La ley en cuestión ordena la creación de un bono para el pago de alimentos y medicinas a jubilados y pensionados, equiparable al que reciben los trabajadores activos.

Revisan la Lotsj. La Sala Constitucional también analiza la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ que aprobó la AN el 7 de abril y que amplía a 15 los integrantes de esa sala, además de crear un procedimiento público para tramitar las solicitudes de constitucionalidad de las leyes enviadas por el Ejecutivo.

La cuenta del TSJ indica que el presidente Maduro solicitó el 21 de abril un pronunciamiento sobre la materia. El ponente es el magistrado Arcadio Delgado, que este año anuló parte de las competencias de control político del Poder Legislativo (sentencia 09) y determinó que la enmienda para recortar el período presidencial no es aplicable al mandato de Maduro (sentencia 274).

Revocatorio. Además, la Sala Constitucional recibió el 3 de marzo una petición de interpretación del segundo aparte del artículo 72 de la Constitución, que dice: “Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor de 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.

El ponente de esta solicitud es el abogado Luis Damiani, nombrado magistrado principal el 23 de diciembre por la anterior Asamblea Nacional, en un procedimiento cuestionado por el nuevo Parlamento.

El solicitante es Gilberto Rua, abogado que en el pasado ha obtenido decisiones a su favor por el TSJ que han significado la prohibición de publicación de ciertos contenidos en medios de comunicación impresos.