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Fiscalía citó a supuesto responsable de hechos del 15A

Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz / AVN

La fiscal Luisa Ortega Díaz y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dieron a conocer sus actuaciones sobre los sucesos del 15A en la Comisión Mixta de la AN / AVN

Luisa Ortega Díaz arguyó que existen dos tipos de autores, los materiales y quienes de manera “subliminal” instruyen o dirigen a otros

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La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional discutirá el jueves el informe sobre los sucesos del 14,15 y 16 de abril, cuya conclusión, según diputados del PSUV, establecerá responsabilidad política al “autor intelectual” de los hechos violentos: Henrique Capriles Radonski, sólo porque emplazó a descargar “la arrechera” en un cacelorazo luego de que el Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro había sido elegido presidente.

Desde Pedro Carreño, presidente de la Comisión Mixta, hasta los parlamentarios del PSUV Erick Mago, José Javier Morales, Braulio Álvarez y Ernesto León Heredia señalaron ayer la necesidad de sancionar “a autores intelectuales” y a los 30 detenidos por los actos en los que habrían fallecido 11 personas y agredidas 107.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, acudió al Parlamento ante la Comisión Mixta y precisó que han detenido a 9 personas y ha aprehendido a otras 21 por las lesiones graves contra ciudadanos. No descartó otras nuevas privativas y citaciones: “Hay unas órdenes de captura, pero aún no ha sido posible aprehender a las personas que están identificadas” por la muerte de dos menores de edad en Zulia. "El Ministerio Público indagará y profundizará si existe alguna responsabilidad de estas personas y a otros que, por mensajes directos y subliminales, claros y precisos, incitaron a acciones de calle, a atentar contra la integridad de los ciudadanos e instituciones del Estado”, afirmó.

Luego, en la tarde, Ortega Díaz escribió en su cuenta de Twitter @lortegadiaz: "El ciudadano Nelson Bocaranda ha sido citado para que comparezca la próxima semana ante la fiscalía 48 Nacional". 


“Ejecución subliminal”. Ortega Díaz dijo que se trataba de “un compromiso de patria hacer justicia” con las víctimas. Si bien no mencionó a Capriles, señaló que la investigación, desarrollada por 14 fiscales nacionales y regionales, tiene “dos componentes”: “la ejecución material del hecho punible y la ejecución intelectual, subliminal, de direccionar, instruir o dirigir a la población para que ejecute acciones”.

“Los análisis de contenido a escritos, publicidad y llamados de dirigentes políticos el 14 y 15 de abril indican que había un formato parecido a los días previos al golpe de Estado de 2002 y al paro petrolero”. Sin embargo, admitió que la autoría intelectual de un crimen es difícil de comprobar. 

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, consignó un informe al Parlamento, de 5 capítulos, en el que acusa al ex embajador de Panamá, Guillermo Cochez, a J. J Rendón, Napoleón Bravo, María Corina Machado, Julio Borges y Capriles de haber usado las redes sociales para generar matrices de opinión y clima de violencia.

“Pedían pelear por los votos. Capriles le escribió a Wilmer Barrientos y le dijo que la paz de la República depende del respeto a la voluntad popular, colocando en duda la actuación de la FANB”, escribió en el informe.


“Actas sin vicios”

La Comisión Mixta del Parlamento sobre hechos de abril concluyó la “sustanciación” del informe con la presencia de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Los diputados del PSUV William Fariñas, Jesús Paraqueima y Eduardo Piñate elaborarán el informe final.

El presidente de la comisión, Pedro Carreño, sustuvo que hay suficientes elementos para actuar contra la oposición. Dijo que la MUD cuenta con las vías administrativa y judicial para reclamar ante el CNE y el TSJ, respectivamente, en lugar de generar dudas sobre los resultados electorales y la violencia. "Capriles Radonski y Vicente Díaz denotan una ignorancia del funcionamiento del Estado y del contenido de las leyes, que no establece 100% de auditoría. Revisen la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Tenemos las 38.018 actas de las 39.018 mesas electorales; todas tienen las firmas de los testigos de la oposición. En esas actas no hay ningún vicio”, dijo.

Piñate atribuyó a los adversarios del Gobierno un plan para derrocarlo y acabar con la revolución: “Ese es el objetivo estratégico porque hay que determinar el autor intelectual y actuar. No es venganza, es justicia”. Su par Erick Mago aseveró: “No habrá impunidad”. Braulio Álvarez aseguró que las evidencias demostrarán “la conexión directa” de Capriles en una conspiración en abril.