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TSJ ignoró 15.096 irregularidades precisadas en la demanda de la MUD

Votación | José Pacheco

Votación | José Pacheco

Se determinó que fueron afectados 419.545 electores. La diferencia entre Maduro y Capriles fue de 223.599 votos

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La demanda de nulidad de las elecciones del 14 de abril que formalizó la Mesa de la Unidad Democrática ante el Tribunal Supremo de Justicia incluía un anexo que no fue tomado en cuenta por los magistrados de la Sala Constitucional que la declararon inadmisible: una tabla en formato Excel en la que se detallan casos de irregularidades en centros y mesas electorales. Los abogados objetaron las votaciones efectuadas en 5.729 mesas que reunían 21.562 actas de escrutinio automatizadas y 1 acta de contingencia.

En el documento se detallan 15.906 registros de anomalías en centros electorales. Cada acta de votación impugnada fue acompañan con los datos de la mesa, centro de votación, estado, municipio y parroquia correspondientes. Las irregularidades fueron discriminadas de acuerdo con los supuestos establecidos en la ley como motivos para anular la elección: violencia, coacción, fallas en las actas y problemas en la constitución de las mesas.

La  MUD determinó que en 218 mesas correspondientes a 71 centros electorales hubo coacción contra los electores. En otras 130 mesas, repartidas en 43 lugares, se registraron abusos que afectaron el proceso comicial por parte de militares del Plan República, funcionarios del Consejo Nacional Electoral o testigos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. En 27 mesas correspondientes a 11 centros de votación ocurrieron actos de violencia que habrían incidido en los votos de por lo menos 12.740 ciudadanos. Los problemas en la constitución de las mesas fueron las fallas más frecuentes, que afectaron a 449 de estas en 77 centros electorales.

Las fallas en  las actas de votación fueron otro bloque importante del análisis de la MUD: 55,26% de las mesas en todo el país presentaron anomalías. En 20.277 mesas (de un total de 39.018) las actas registraban  menos votantes que el respectivo cuaderno de votación; en 10.515 casos las actas no tenían las firmas y huellas de por lo menos 3 miembros, como exige la ley para que sean válidas. En otras 8.814 mesas las actas ni siquiera estaban selladas. Diferencias entre comprobantes, actas y votos; inconsistencias en los resultados y en el número de votos nulos son otros de los casos que la MUD detalló ante el tribunal.

A pesar de esas precisiones, la nota de prensa enviada por el TSJ para anunciar la inadmisibilidad de las 10 impugnaciones, señala: “En general, las decisiones estatuyen que los alegatos esgrimidos por las partes recurrentes, son argumentos genéricos e imprecisos que conducen también a declarar inadmisibles las pretensiones, según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concatenación del artículo 180 eiusdem”.


La incidencia. En la misma nota de prensa el máximo tribunal indica:  “Los demandantes acaso indicaron la comisión de supuestas irregularidades en diversos centros electorales, sin identificar en forma precisa el cómo los eventos puntuales a los que aludieron produjeron vicios apreciables, capaces de alterar los resultados definitivos que se produjeron en los comicios celebrados el 14 de abril de este año para la elección del Presidente de la República”.

Tal aseveración queda desvirtuada con los resultados del análisis efectuado por la MUD e incorporados a la demanda, los cuales indican que hubo 419.545 electores afectados por los 4 supuestos de delitos electorales que acarrean la nulidad de la elección. La diferencia entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonski fue de 223.599 votos.

Gerardo Fernández, uno de los abogados que elaboró las impugnaciones de la MUD y de Henrique Capriles Radonski, explicó que a través del examen de cada una de las irregularidades denunciadas se verificaría su incidencia en los resultados de cada centro de votación y eventualmente la repetición parcial de las elecciones.

“Se tenía que evitar a toda costa confrontar pruebas, realizar experticias y comprobar las inconsistencias numéricas que se determinaron  en la demanda. Además –aseguró Fernández–

se impidió la revisión de los cuadernos electorales, donde están todos los detalles del fraude cometido el 14 de abril”.


El dato

El pronunciamiento sobre la admisibilidad de una demanda interpuesta ante la Sala Constitucional corresponde al Juzgado de Sustanciación; pero en esta oportunidad no fue así, con lo cual se negó a los demandantes la posibilidad de apelación. Los fallos dictados el miércoles son inapelables.