• Caracas (Venezuela)

Perkins Rocha

Al instante

Ni sumar, ni multiplicar, ni...

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¿Qué otra cosa podíamos esperar de estos magistrados designados por mayoría simple, algunos incluso de forma exprés, violando no solo la ley sino los más elementales perfiles que se deben tener para optar a tan alta investidura judicial?; ¿qué otra decisión podía dictar una sala que forma parte de un cuerpo mayor de sujetos colocados allí de forma premeditada, milimétricamente escogidos de una de una “selecta” lista del antiguo MVR y del nuevo PSUV, donde figuraban no solo diputados activos, sino viceministros, cónsules y embajadores del gobierno chavista, sino hasta candidatos a gobernaciones por la autocracia que nos gobierna? Era de esperar que más temprano que tarde cumplieran su misión. El Bloque Constitucional de Venezuela lo advirtió y, lamentablemente, ocurrió el mismo día en que casualmente se aprobó el informe que permite a la Asamblea Nacional revocar por autotutela la írrita decisión del 23 de diciembre pasado.

Pero, tal como lo previmos, el vértigo que en el gobierno provocó el trabajo que adelantaba la comisión presidida por el diputado Berrizbeitia –la cual acopió suficiente material probatorio para demostrar no solo la grosera irregularidad con la que se designó a los magistrados 13 exprés sino también, los graves delitos cometidos por personeros del propio gobierno nacional, forzando y extorsionando a magistrados a que adelantaran su jubilación, tal como lo confesó en el seno de esta comisión la ex magistrada Porras– hizo que el pasado 1° de marzo la Sala Constitucional (SC) dictara una de las sentencias más inconstitucionales (y vaya qué terrible paradoja para los venezolanos) que se haya dictado en más de doscientos años de historia republicana.

Nunca tribunal alguno de este territorio llegó a dictar una sentencia tan infame como esta, que entre otras atrocidades jurídicas y constitucionales elimina la eficacia de las funciones de control político y de investigación, reconocidas de manera inveterada por esta y las anteriores 25 constituciones que hemos tenido desde 1811, las cuales son manifestación directa de la sagrada representación popular que ella encarna y que supinamente silencian estos supremos militantes.

Pero, adicionalmente podemos decir, que no solo no saben derecho ni redactar sentencias los magistrados de esta infame Sala Constitucional, pues demostraron no saber multiplicar ni dividir. Y ello lo digo porque, los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia exigen que las sentencias de las salas de este máximo tribunal sean tomadas por la mayoría absoluta de sus miembros; y, el artículo 40 del Reglamento Interno del TSJ establece que por mayoría absoluta debe entenderse las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. A menos que también la Sala Constitucional haya desaplicado la tabla de aritmética, 2/3 partes de 7 son 5 y no 4, que son los magistrados que en definitiva firman una sentencia que no dudamos en calificar de inexistente y nula. No saben sacar raíz de 3 pero, lo más grave, ignoran las terribles consecuencias que para ellos y el país tiene lo que hicieron.