• Caracas (Venezuela)

Perkins Rocha

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La fuerza de la denuncia

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Motivado por una reciente intervención de la fiscal general de la república, doctora Luisa Ortega Díaz, en un acto que pretendía mantenerse dentro de un ambiente académico, estimulé mi reflexión hacia la importancia que, a mi criterio, comienza a tener el instrumento ciudadano de la denuncia para un régimen político como el que vivimos.

Cierto que el tratamiento dado por las instituciones públicas llamadas a atender y tramitar los planteamientos que, con forma y contenido de denuncia, hacen los ciudadanos –en claro ejercicio de su derecho constitucional (artículo 51) de dirigir peticiones a las autoridades y de que estas le den oportuna y adecuada respuesta– es una de las más groseras manifestaciones de maltrato que a la dignidad del ciudadano ha signado en estos tiempos la vida del venezolano. Eso por sí solo ha sido más que suficiente para desestimular el uso legítimo de este instrumento civil, esencia de una democracia: el control ciudadano. 

Sin embargo, a pesar de que estadísticamente las decisiones que culminan una denuncia “oportuna y adecuadamente”, tal como reza el mandato constitucional, son inmisericordemente menores de las que, diariamente, son declaradas improcedentes, sin lugar, desechadas, inaccesibles y hasta improponibles, observamos dos fenómenos dignos de consideración: el primero, que el venezolano –si bien en menor grado, en comparación con otros tiempos– no ha dejado de denunciar, manteniéndose en un nivel cercano al moderado; y, el segundo, la inocultable manifestación de una venática y destemplada reacción de los funcionarios afectos al gobierno cada vez que alguna denuncia logra traspasar los gruesos muros mediáticos y de matriz oficial que, cual cercos de acero, ha construido el gobierno para blindar sus ejecutorias.  

El común exhibido por los funcionarios públicos que son a diario objeto de estas denuncias está compuesto por reacciones que no dudamos en calificar, de entrada, como “histéricas”, siempre acompañadas de calificativos hirientes a las personas que toman la iniciativa de proponerlas, con aviesa intención de desmoronar las bases morales que ante la opinión pública pudiera exhibir quien toma el riesgo de denunciar, personalizando la respuesta hacia objetivos distintos del contenido de la denuncia, creyendo que con ello se desvía la atención pública hacia objetivos menores que, cual libretistas de novelas ramplonas, despiertan el interés por el chisme nuevo por encima del hecho denunciado.  

La denuncia es una colaboración que hace el ciudadano al Estado, ética y moralmente obligado por sus principios republicanos y como contraprestación por los servicios que supone este debe satisfacerle. Es incluso una carga pública indeclinable, que representa un grado máximo no solo de amor por la patria, sino de autoestima y decoro de saberse ser humano en este espacio y en este tiempo, y que tanto él como su grupo social merecen de un cada vez mejor proyecto de vida. La denuncia es un instrumento crítico y dinámico: persigue de manera inmediata corregir lo indebido y establecer sus responsabilidades, pero, como último propósito, preservar los fines contenidos en nuestra carta fundamental como líneas gruesas de un pacto de convivencia social. La denuncia es, al mismo tiempo, garante de la estabilidad social y factor de cambio hacia nuevos y mejores estadios de civilización.

Pero, volviendo a la declaración de la fiscal general de la república, hecha el día 11 de este mes, dentro del marco de un Encuentro del Ministerio Público con los Órganos Auxiliares de Investigación Penal, dos elementos saltaron a mi mente: uno de ellos, el sitio donde se desarrolló este evento supuestamente de corte académico, el Fuerte Tiuna de Caracas, el complejo militar más importante y emblemático de nuestro país; y el otro, el más importante, el contenido central de la exposición de la fiscal. Veamos por qué.

Sobre el sitio escogido uno se pregunta: ¿será el más idóneo?, ¿no disfruta o tiene a su disposición el Ministerio Público otros lugares para llevar a cabo actos de este tipo, que tienen un evidente perfil de formación y capacitación jurídica de los recipiendarios? La institución del Ministerio Público forma parte de una estructura pública mayor que es el Poder Ciudadano, absolutamente independiente, con autonomía funcional, financiera y administrativa, tal como reza nuestra Constitución (artículo 273). Es una institución civil, subordinada constitucionalmente al ejercicio de la defensa de los derechos del ciudadano. En un momento político como el que vivimos, cuando la influencia militar plena la marcha y gestión de todos los espacios de nuestra administración pública, objeto de control del Ministerio Público, el lugar escogido por la fiscal para dar su taller es, sin lugar a dudas, no solo el más cómodo para ella, sino el más acorde con su visión personal del cargo que desempeña. Visión que contradice el orden constitucional. 

En cuanto al tema desarrollado por la máxima representante del Ministerio Público, llama la atención que haya sido ella quien se reservó el tema de los “Derechos humanos en el marco de la actuación procesal”, para ser expuesto, justo en la etapa política del país cuando la intensidad de los cuestionamientos nacionales e internacionales por el tratamiento que de los derechos humanos se ha hecho, especialmente en los mas jóvenes, ha sido un capítulo inocultable del gobierno. Pero, adicionalmente, resalta que en el desarrollo de su ponencia la fiscal haya insistido, no en pocas oportunidades, en afirmar que “...el organismo (entiéndase el Ministerio Público) no procesará denuncias anónimas”; ratificando enfáticamente ante la perplejidad de los presentes lo siguiente: “...Debemos ser cautelosos, no se pueden tramitar denuncias anónimas. Debemos dar seguridad jurídica, garantía de respeto a los derechos humanos”. Si, lo leyó bien, querido lector: la fiscal en ese encuentro desarrollado en Fuerte Tiuna afirmó que el organismo que ella representa no iba a procesar, es decir, tramitar, “ninguna denuncia anónima”.

La sorpresa de esa afirmación es mayúscula para aquellas personas que sepan –porque lo hayan presenciado en cualquiera de las audiencias que recientemente se realizaron en el marco del ambiente de protestas que reinó en el país– sobre la distorsionada utilización que de la figura del “agente de operaciones encubiertas” (creada por la vigente Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Gaceta Oficial  39912 del 30/04/12) hicieron los representantes del Ministerio Público en juicio para imputar penalmente a los estudiantes, a partir de una sui géneris y macabra figura llamada “patriotas cooperantes”, que son ciudadanos a quienes el gobierno les paga para que de manera encubierta, supuestamente, se infiltren entre los manifestantes opositores para incriminarlos, bajo el compromiso de resguardar la confidencialidad de su identidad. Lo que comúnmente conocemos como “sapos”, pero con el agravante de ser encubiertos, con el compromiso del gobierno de mantener su identidad protegida, ni más ni menos. Basta la declaración del patriota cooperante para que el juez, sin requerir otros testimonios o pruebas, se preste a dejar detenidos a los investigados por lo dicho por este anónimo “servidor público”.

La muy valiente y honrosa asociación civil Foro Penal ha afirmado que al menos en 80% de los casos penales instruidos contra estudiantes por ellos recientemente defendidos, esta patética y funesta figura, por decir lo menos, fue utilizada por los funcionarios representantes del órgano del cual la señora Ortega Díaz es su máximo representante. Igualmente, la no menos valiente y altamente instruida abogada Theresly Malavé ha denunciado recientemente que su defendida, la joven estudiante Rosmit Mantilla, fue juzgada por la denuncia de un ciudadano anónimo identificado como “patriota cooperante”. La declaración de esta distinguida abogada fue hecha tan solo minutos después de que la señora fiscal, Luisa Ortega Díaz, señalara con todo el desparpajo posible (¿o cinismo?) que las denuncias no pueden ser anónimas.

Todo lo anterior apunta a que el montaje trazado por un sector oficialista, en el cual tristemente participan los personeros de las instituciones llamadas a defender al ciudadano frente al poder, es el de criminalizar no solo la protesta, sino la denuncia que en ella habita, como instrumento depurado, racional y responsable del ciudadano frente al Estado total; lo cual pretenden hacer, ya no desde la dimensión del derecho penal común –como en otros tiempos–, sino a partir de la asimilación de la denuncia y la protesta a un delito militar, equiparable al terrorismo, toda vez que concibe el estamento público que nos gobierna, a la denuncia, no como instrumento de ciudadanía responsable, sino como un medio violento de desestabilización  política.

Vivo ejemplo de lo anterior es el reciente caso ocurrido en Aragua, en el que el presidente del Colegio de Médicos de la entidad, haciendo valer sus deberes éticos que informan su profesión y su actividad gremial, motivado por una importante y lamentable cantidad de casos de infantes y personas de la tercera edad fallecidos en el Hospital Central de Maracay, en menos de 72 horas después de haber ingresado al centro hospitalario, todos los cuales coincidían con severos cuadros febriles acompañados de hemorragias y coagulación sanguíneas, presuntamente provocados por una “rara enfermedad por la que el paciente muere en menos de tres días”, procedió a realizar una rueda de prensa para alertar, mediante denuncia pública, no solo a los ciudadanos de que tomaran medidas preventivas básicas, sino a las autoridades para que pusieran en alerta los cordones sanitarios debidos. 

¿Qué era lo esperable que hiciera un gobernador consciente de sus deberes cuando escuchara a un representante de la sociedad civil, además representante de un gremio calificado, hacer una denuncia de esta entidad? Pues, dos cosas: averiguar la magnitud del problema, prender las alertas sanitarias de sus gobernados, y llamar al gremio que representa este profesional para indagar sobre sus pruebas y trabajar conjuntamente en su solución. Pues, no. El señor El Aissami, gobernador del estado Aragua, anunció que se ejercería acciones legales contra el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, por “difundir irresponsablemente la campaña criminal y terrorista”, lo cual hizo en tiempo récord, logrando que el Ministerio Público abriera una investigación judicial que concluyera con la orden de captura de este representante gremial de la medicina.

Lamentablemente para los aragüeños y el resto del país, en este caso, solo los futuros decesos serán la mejor defensa del denunciante.

@PerkinsRocha