• Caracas (Venezuela)

Perkins Rocha

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Perkins Rocha

En búsqueda de referentes

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A mis manos llega un interesante libro llamado La política petrolera venezolana: una perspectiva histórica de 1922 a 2005 (editado gracias a la colaboración del Escritorio Jurídico Badell-Grau, la Universidad Metropolitana y otras prestigiosas instituciones). El mismo contiene un muy completo y agudo estudio de, probablemente, la actividad económica más significativa para el desarrollo de nuestra sociedad, como lo es la industria petrolera venezolana, su desarrollo y la manera como el Estado la ha conducido en un siglo de historia. Pero, más allá del innegable valor científico que tiene este ensayo en una área tan fundamental para el destino de nuestro país, llama altamente mi atención que el autor, el señor Brian S. McBeth (economista y PhD en Ciencias Políticas, con doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra), sea uno de los tantos académicos con peso científico mundial que están dedicados actualmente y desde hace décadas a estudiar y reflexionar sobre temas de interés nacional. La mencionada es solo una de al menos siete obras, todas ligadas al estudio de nuestra historia y realidad política y económica, al punto de que es considerado uno de los venezolanistas más reputados de Europa. Este profesor ha formado parte de la Cátedra Andrés Bello en el St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford, cátedra donde participan prestigiosos profesores universitarios de talla mundial, y la que no en pocas oportunidades ha tenido como centro de su actividad universitaria anual el estudio exclusivo de nuestro país, desde distintas ópticas académicas.

Lo anterior viene a tono con una reflexión individual que recurrentemente reviso, constato, discuto y planteo en mi comunidad de amigos acerca de ¿por qué, siendo tantos y tan variadas las personas (nacionales y extranjeros) que se han dedicado a estudiar, reflexionar, trabajar y proyectar a nuestro país, nos ha tocado la desgracia, desde hace ya varios años, de estar gobernados por los peores?, ¿qué ha ocurrido u ocurre en nuestra praxis política, sobre todo en la más reciente década, que solo los peores son los que acceden a los centros de poder formal del país, relegando a los mejores, con desdén y desprecio, al sitio menos influyente de nuestro acontecer diario?

Para tratar de arribar a una respuesta que satisfaga mi duda angustiante, normalmente acudo al expediente de revisar cómo tradicionalmente en nuestro país se ha asumido el manejo o administración de la cosa pública socialmente. Es así como observo que, distinto a lo que ocurrió en las décadas iniciales del siglo XX, en Venezuela, después de 1980, comenzó a gestarse una idea generalizada de que  la función pública, y dentro de ella especialmente la ejecutiva, era garantía de riqueza fácil y rápida. Este terrible concepto penetró tanto socialmente nuestro entendimiento que barrió la concepción modesta y respetable, altamente dignificante, que hasta ese momento tradicionalmente se tenía de la función pública. Fue tan grave y radical el viraje que a finales de la década de los noventa ya era casi común para muchos sectores asociar función pública con corrupción. 

La etiqueta peyorativa que ocasionaba socialmente la asunción de un cargo público, hizo que las capas sociales que lograban tener acceso a la vida universitaria o técnica materializaran el mejor de su esfuerzos preparando a sus hijos para tareas primordialmente privadas excluyendo, ex profeso, la formación en el área pública, pues la “política” era vista como un ejercicio innoble, que no ameritaba estudio ni entrega intelectual.  

Múltiples fueron en ese tiempo los ejemplos que justificaban a diario de manera notoria esa concepción del hecho público: ministros y otros funcionarios de menor rango que huían al exterior al menor asomo de investigación; enjuiciamiento de funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes comprometidos; presidentes enjuiciados, entre otras situaciones embarazosas que poco a poco fueron sembrando la idea de que “algo olía mal” cada vez que alguien se acercaba a la cosa pública.

¿Qué vino a cambiar, momentáneamente, esta idea valorativa tan degradante? El referente más emblemático que nuestra memoria colectiva reciente pudiera tener –al menos en 70% de nuestra población actual, representada en personas menores de 30 años– de asunción de un cambio ético –no hacia la cosa pública en concreto sino hacia el hecho político en general– fue el fallido acto de golpe de Estado, dado por el teniente coronel Hugo Chávez, en 1992. En particular, lo constituyeron los 3 minutos –o menos– que duró su intervención pública, asumiendo, como pocas veces se había hecho antes, las consecuencias de un acto que irrumpió el orden constitucional, violentándolo y, por cierto, no recibiendo a la postre las consecuencias jurídicas que proporcionalmente tal acto grave merecía. Este hecho sembró en la memoria colectiva reciente del venezolano varios elementos significantes que no dudo en calificar como negativos para nuestra realidad presente: un militar que, a diferencia de los líderes civiles anteriores e inmediatos a ese momento, reaccionaba frente a la terrible situación social y económica generalizada en el país; un militar que rompía las reglas para defender al débil social de las tropelías hechas por los civiles políticos que hasta ese momento lo habían gobernado, desde sus estructuras normativas e institucionales; y luego, un militar que se fundía con el pueblo, haciéndolo ejército y gobierno a la vez. ¿Cómo romper con estas referencias sociales?

Primero, debemos combatir con datos y argumentos perfectamente constatables con cualquiera que lo que comúnmente se llama “chavismo” es, hoy por hoy, la consecuencia de una forma de ver lo público absolutamente contraria al bien común. Que los ideales que pudieron haber alimentado la actuación insubordinada de aquel líder golpista, prontamente fueron traicionados por él mismo, y que sus causahabientes políticos son actualmente lo más parecido a una nueva casta oligarca, financista de intereses ajenos a nuestra noble idiosincrasia criolla, entreguista de nuestro patrimonio público, delincuencial y farsante.

Luego, es necesario que proyectemos los nuevos referentes sociales que ha producido 16 años de constante ejercicio de la disidencia de una población que mayoritariamente se ha negado a claudicar sus principios democráticos y republicanos. Ellos encuentran su mejor representación en las ejecutorias de tres nuevos líderes que han emergido en esta década de fuertes y constantes agitaciones sociales y públicas. Ellos son: María Corina Machado, Leopoldo López y Henrique Capriles. Independientemente de la posición política que ellos asumen, la cual tienen tres formas distintas de angular la realidad opositora, ellos son civiles que han dado una respuesta responsable y absolutamente valiente a los ataques y afrentas que a la ciudadanía y a ellos mismos ha dirigido este oprobioso régimen político. Ellos, individualmente, perfectamente están en condiciones materiales, económicas e intelectuales de responder al mejor estilo “cuartorrepublicano” de huir a cualquier parte del mundo e insertarse en cualquier cómoda sociedad extranjera, lejos de la zozobra, inseguridad, carencia y deterioro humano que significa hoy vivir en Venezuela. Ellos optaron no solo por quedarse, sino por arriesgarse a ejercer lo público, poniendo en vilo no solo su integridad y estabilidad, física y material, sino la de sus familiares. Ellos apostaron por Venezuela y por los venezolanos y representan el producto más acabado de una sociedad civil disidente, que rechaza activamente pero de manera democrática y decente el proyecto socialmente destructivo del gobierno, y que, sobre todo, no renuncian a su destino: dirigir el país. Ellos tres, con todas las diferencias que pudiéramos tener con sus estilos y discursos, son modelos superiores a los que representan el otro extremo de nuestra realidad política. Son referentes acabados de lo que puede producir aún nuestra sociedad y que debemos potenciar nacional e internacionalmente con orgullo.


@PerkinsRocha