• Caracas (Venezuela)

Perkins Rocha

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Un TSJ fraudulento

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El TSJ venezolano, en su empeño de favorecer al gobierno de Maduro, se ha puesto al margen de la Constitución. Tal situación se hace evidente al estudiar las últimas decisiones tomadas por el más alto órgano del Poder Judicial después de ocurridas las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado.

Primero, una camada de los 13 magistrados exprés, que fueron designados a finales de 2015 –entre los que se encuentran Malaquías Gil, quien representó al estado Trujillo en la Asamblea Nacional (AN) por el PSUV; Jhannett Madriz Sotillo, quien además de haber sido militante del extinto partido MVR y del PSUV, fue embajadora de Venezuela en Canadá propuesta por el oficialismo; y, Christian Tyrone Zerpa, quien fue diputado del PSUV por el estado Trujillo hasta el 23 de diciembre de 2015, día en que él y sus colegas votaron en una sesión especial por el ingreso al TSJ de los 13 magistrados exprés– lanzaron, a tan solo 7 días de su inconstitucional y fraudulenta designación, el primer mensaje de subordinación plena al régimen chavista, al desconocer la soberanía popular de los votantes de Amazonas, y ordenar la desproclamación de 4 diputados que habían resultado triunfadores en el pasado proceso del 6-D  por el estado Amazonas, habiendo cumplido el CNE todos los actos de totalización, adjudicación y proclamación de sus investiduras de diputados y, en consecuencia, consumado administrativamente todos los efectos de su elección. Un TSJ que irrespetó la soberanía popular.

Posteriormente, en fecha 11 de febrero del presente año, la Sala Constitucional del TSJ, constituida por 7 magistrados (entre los que se encuentran la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, quien fue en el gobierno de Chávez no solo candidata a la gobernación del estado Nueva Esparta y diputada suplente del MVR a la AN por ese mismo estado, sino cónsul general de Venezuela en Madrid y embajadora en España, pero además, procuradora general de la República del gobierno chavista para ese momento; Juan José Mendoza, quien estuvo en la Asamblea Nacional en 2010 como diputado del PSUV por el estado Trujillo; Calixto Ortega, prominente dirigente del PSUV, quien fue vicecanciller para Europa y encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos; y Luis Damiani Bustillos, antiguo viceministro chavista de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria y vicerrector de la Universidad Bolivariana; junto a Lourdes Suárez Anderson, hermana de Danilo Anderson, víctima de un atentado; y los ya conocidos Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales), habiendo sido designados por mayoría simple –contraviniendo la Constitución– se subrogan en la voluntad de 7 millones de venezolanos y fraudulentamente alteran el contenido del artículo 339 constitucional; anulan por control difuso el artículo 34 de la Ley Sobre Estados de Excepción y el control político de la AN –ignorando supinamente que dicho contenido anulado se expresa íntegramente en la exposición de motivos de la Constitución– y deciden darle validez al Decreto de Emergencia Económica de Maduro, que la AN ya había improbado. ¿Cuántas atrocidades constitucionales más estarán dispuestos a ejecutar para complacer a sus jefes políticos?