• Caracas (Venezuela)

Perkins Rocha

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RCTV: te veré en democracia

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En palabras que expresó en su voto, al momento de decidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 7 de septiembre a favor de RCTV –por la denuncia de atropello y violación de sus derechos–, uno de los siete magistrados de la CIDH, Manuel Ventura, afirmó que el fallo que ese Tribunal Internacional dictó “...es de los más importantes que este órgano jurisdiccional haya dictado en materia de libertad de expresión, pues destaca el efecto que tiene el respeto de este derecho en una sociedad democrática...”, verdaderamente democrática, agregaría yo. Insistió este magistrado en que “…toda violación de la libertad de expresión es una violación de la Carta Democrática Interamericana…”, siendo más que evidente la estrecha conexión entre libertad de expresión, democracia y la referida Carta.

Esta decisión engrosa la enorme lista de fallos internacionales que contra el gobierno bolivariano –desde Chávez hasta Maduro– viene reportando el sistema interamericano de justicia, al cual se integró formalmente en su oportunidad el Estado venezolano, y el cual –también en su oportunidad– defendió el régimen chavista. Desde el primer fallo que en su contra dictó la CIDH (caso magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 05/08/2008) contra los atropellos institucionales cometidos por el gobierno del presidente Chávez, hasta este último de RCTV –que también fue provocado por el gobierno chavista y sostenido por el presente– donde queda claro que la “no renovación” de la concesión no fue por razones técnicas –como habían alegado hasta el cansancio el régimen y sus acólitos– sino por razones políticas, expresadas jurídicamente en lo que la doctrina jurídica entiende por desviación de poder, que no es otra cosa que el fraude en que incurre la autoridad administrativa cuando, aprovechándose de las formas legales, utiliza estas para fines distintos de los tutelados por la norma. En palabras llanas, retaliación política.

En todo este tiempo que ha mediado desde el primer fallo contra el régimen chavista (2008) hasta el presente, frente a esta seguidilla de fallos internacionales adversos, el TSJ, lejos de reclamar el regreso de nuestro país al redil del Estado de Derecho, ha hecho precisamente lo contrario, pues ha justificado teóricamente la inejecutabilidad de los fallos de la CIDH, por considerar que los mismos violan nuestra soberanía nacional. Esta tesis, junto con las decisiones políticas del gobierno que en el pasado reciente lo condujo indebidamente a “denunciar” a la convención interamericana para no ser sub-judice de ella –restringiéndole con ello a todos los venezolanos el uso de un derecho constitucional, como lo es el de recurrir a las instancias internacionales a plantear el restablecimiento de los derechos que los órganos nacionales se niegan reivindicar–, nos acerca a un paso de ser etiquetados en el concierto internacional como un Estado forajido, lo cual significa, jurídicamente –y en conjunción semántica con el Diccionario de la Academia Española de la Lengua– un Estado que “anda fuera de poblado, huyendo de la justicia”, en ambos casos internacional.