• Caracas (Venezuela)

Pedro Palma

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Pedro Palma

Repunte inflacionario y recesión

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La presencia y agravamiento de una serie de desequilibrios económicos a lo largo de 2014 han agudizado el problema inflacionario en Venezuela, a pesar de los esfuerzos de controles impuestos por el gobierno y de las amenazas de retaliación hacia aquellos que los incumplan. Los menguados resultados de esas acciones restrictivas han llevado a las autoridades a esconder las cifras que reflejan el comportamiento de los precios, quizá creyendo ingenuamente que con esas acciones la población se olvidará del problema y dejará de prestarle atención al encarecimiento de los bienes y servicios. No se dan cuenta de que lo que se logra con ese tipo de conducta es crear escepticismo y aumentar las expectativas y la incertidumbre, llevando al convencimiento de que lo que se pretende esconder es algo muy grave, por lo que hay que buscar protección contra la agudización esperada del problema, lo que contribuye a exacerbarlo.

La situación se agrava con la reciente y acentuada caída de los precios petroleros, pues ello restringirá aún más las divisas para importar y recrudecerá el problema de desabastecimiento y escasez que padecemos, dada la imposibilidad de que el menguado aparato productivo interno pueda elevar la producción y sustituir los bienes importados por productos locales. Adicionalmente, la menor oferta de dólares agregará presión para que se revise el tipo de cambio preferencial que aún se mantiene en el absurdo esquema de 6,30 bolívares por dólar, a pesar de que esa cantidad de moneda local compra en Venezuela menos de un tercio de lo que se puede adquirir con un dólar afuera.

Con la finalidad de analizar el posible comportamiento de la economía en 2015 estudiamos varios escenarios. Uno de ellos supone que el precio promedio de la cesta petrolera venezolana será de 75 dólares por barril, mucho más bajo que el de 2014, haciendo que la menor disponibilidad de divisas lleve a que a comienzos del próximo año se elimine el tipo de cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar, pasando todas las transacciones que hoy se hacen a esa tasa a la de Sicad 1, y que esta última se vaya ajustando a lo largo del año, logrando un promedio anual de 16 bolívares por dólar. Adicionalmente, suponemos en ese escenario que se pasan progresivamente transacciones externas al tipo de cambio de Sicad 2, el cual se mantendría en torno a los 50 bolívares. Adicionalmente, se presupone que, dadas las importantes elecciones parlamentarias del próximo año, el gobierno le seguirá dando alta prioridad al gasto público, particularmente al dadivoso que genera dividendos políticos. De darse este escenario, el comportamiento de la economía sería muy adverso, lo que generaría una altísima inflación que pudiera superar el 100%. Ello se debería, en primer término, al encarecimiento de los productos foráneos debido a la devaluación del bolívar; en segundo término, a la sostenida expansión monetaria, exacerbada por la masiva creación de dinero inorgánico por el BCV para financiar gasto público deficitario; y, en tercer término, a la incapacidad cada vez mayor del aparato productivo y de distribución de ofrecer bienes y servicios en consonancia con la demanda, entre otras razones por los desproporcionados controles de precios y de otra índole que condenan a muchos a trabajar a pérdida, y por las dificultades para importar insumos o bienes terminados.

La altísima inflación y la devaluación de la moneda restringirían la capacidad de compra de los ingresos de la población y generarían efectos recesivos de importancia, pudiéndose producir una contracción del PIB muy intensa y aún más profunda que la de 2014. Todo ello, obviamente, deterioraría la situación laboral debido a las limitaciones en las posibilidades de crear fuentes de empleo y a la caída de la capacidad de compra de las remuneraciones, lo que generaría un adverso y cargado clima social, así como un aumento inevitable de la pobreza.