• Caracas (Venezuela)

Pedro Morales

Al instante

¿Qué pasará con el trabajo decente en Venezuela?

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El Producto Interno Bruto es una de las principales variables macroeconómicas que, en términos monetarios, refleja el nivel de bienes y servicios generados en un país durante un año, como resultado final del proceso productivo nacional que supone una inversión creciente, efectiva y continua en todos los recursos existentes (trabajo, por ejemplo), y así ser considerado como un indicador confiable de la calidad de vida de la población. Para nuestro caso, en los últimos años la producción conjunta de todos los venezolanos ha experimentado una caída significativa (superior a 4% en 2014 y 7% para 2015), con una tendencia recurrente (se calcula más de 10% para 2016), lo que se traduce en un empeoramiento de los niveles de pobreza: los tradicionales estratos A, B, C, D y E se reducen en la actualidad a dos categorías, en las que los “ricos” constituyen un grupo menor a 9 %.

De acuerdo con el artículo 1 de la Lottt, publicada en de la Gaceta Oficial N° 6076 Extraordinario, de fecha 07-05-2012, los trabajadores y trabajadoras son “creadores de la riqueza socialmente producida”; es decir, que dado el cumplimiento irrestricto del modelo de país y los derechos económicos tal cual establecidos en la carta magna, ratificados de manera contundente en el “Referéndum para la Reforma Constitucional” del 02-12-2007, un factor fundamental en el logro de la visión compartida del progreso sostenido, es el trabajo decente (ONU, 2012), el cual tiene como soporte: i) el empleo productivo y remunerativo por parte de la organización empresarial o gubernamental; ii) la progresividad y consolidación de la institución de los derechos adquiridos; iii) la impecable protección social; iv) el diálogo sincero y respetuoso para solventar los conflictos. En otras palabras: para poder producir (PIB) y generar riqueza es vital disponer de las condiciones mínimas para desarrollar un trabajo también productivo.

Aparte que la protección social deja mucho que desear y el diálogo sincero es prácticamente inexistente (no falta el que manifieste que es culpa de los sindicatos y gremios por solicitar salarios justos), i) el trabajo es muy mal remunerado, en el sentido que ni siquiera se cumple con el salario mínimo vital que ordena el artículo 91 de la “Ley Fundamental” de Venezuela (CRBV), el cual se ubica en Bs 50.000,00 aproximadamente; ii) los derechos adquiridos son irrespetados y por ende violentados a todo nivel; iii) la productividad laboral en todos los sectores privados y públicos presenta niveles críticos, a causa de la desinversión en la capacidad productiva e infraestructura nacional en términos generales.

 

Pero la situación se agrava, cuando aún dentro del marco de las mismas circunstancias imperantes achacadas a la “guerra económica”, que justifican el “Decreto de Emergencia Económica”, y que se plasma en la Gaceta Oficial N° 6214 del 14-01-2015, el cual soporta su éxito en la activación de “14 motores”, con el propósito de alcanzar la estabilidad y crecimiento sostenido de la producción o PIB (que se basa en el trabajo productivo), el pasado 07-04-2016, según Decreto Presidencial Nº 40880, los trabajadores o funcionarios públicos (esenciales en el eslabón productivo del país) no laborarán los días viernes hasta por un lapso de dos meses, con el fin de contrarrestar la crisis energética del sector hidroeléctrico nacional, propiciada por otro culpable, como es en este caso el “fenómeno climático de El Niño”.

Finalmente, y sin considerar el conjunto de externalidades negativas o costos de oportunidad generados por la ejecución del anterior decreto, que repercutirán en todos los procesos relacionados con la conformación final del PIB para el 2016 ,y períodos sucesivos, a continuación se ilustra una situación que supone: i) PIB de 400.000 millones de dólares; ii) Población Económicamente Activa de 13.5 millones, o trabajadores en edad y aptos para el trabajo productivo: 4 millones son funcionarios públicos; iii) Tasa de desempleo, 7%, lo que equivale a 91.000 personas de la PEA, o que en Venezuela existen 12.909.000 que desempeñan trabajo decente. Por tanto, se puede calcular que por cada día que no se labore en la administración pública, el país asume un costo aproximado a los 516.440.000,00 de dólares, o 4.131.520.000,00 de dólares, para el tiempo que estará vigente el decreto del “viernes no laboral”.

pmoral@unet.edu.ve

@tipsaldia