• Caracas (Venezuela)

Pedro Morales

Al instante

No nos negamos a pagar, pero no tenemos con qué pagar

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El pasado lunes 15-02-2016 a las 10:00 am, y el viernes 19-02-2016 a las 2:00 pm, bajo el formato de charla informativa-conversatorio, se trató la problemática surgida por la aplicación del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual representa en la práctica una descapitalización patrimonial del docente universitario, personal administrativo y obrero, y de todos los trabajadores en general. En dicha actividad se hizo hincapié en:

dentro del “Estado constitucional de Derecho”, agotar todas las diligencias posibles, y acudir a todas las instancias con competencia en la materia, solicitando (como en efecto se ha estado realizando) la consideración de revocatoria o modificación de tal artículo, hacer cumplir la exención parcial de este tributo ya contemplada (por ejemplo, en lo correspondiente a la caja de ahorro) o la solicitud de exoneración que obliga este caso, dada la situación de “quiebra” económica de los trabajadores en general, o en todo caso el “amparo constitucional” que opera en esta situación.

Proponer en el seno de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, Fapuv, con motivo de la reunión de junta directiva pautada para los días 24 y 25 de febrero de 2016, que sea tratado como punto obligatorio de agenda, el fijar una posición institucional acerca de este conflicto que agrava la condición humana, familiar y académica del docente universitario (a). Consecuentemente es necesario activar de inmediato todos los mecanismos establecidos dentro del marco de la propia “carta magna”, para fijar los lineamientos y acciones a seguir por parte de todo el gremio profesoral. En tal sentido:

i) Se cuenta con un documento con argumentos legales, éticos y económicos (ya presentado en parte de manera pública), que se puede perfectamente complementar con el concurso de todos,  para gestionar un “recurso de amparo constitucional” ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); ii)tal cual situación de “estado de excepción” o “emergencia económica” decretada por el gobierno nacional, y avalada por sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, de la misma forma la federación que agrupa a los profesores debe “declarar un estado de emergencia y quiebra patrimonial de los docentes universitarios”, y en consecuencia declararse en situación económica, financiera y social extremadamente crítica: “No nos negamos a pagar, pero lo que pasa es que no tenemos con qué pagar”. (b)

Para el caso de los docentes universitarios, se les sugiere esperar hasta los primero días del mes marzo de 2016, cuando se convocará a la asamblea de profesores con el fin presentar el resultado de las gestiones. No obstante, a manera de anticipar posibles acciones se propuso: i) a nivel individual analizar las alternativas de desgravámenes o deducciones que permite la ley, para tratar de reducir el monto a pagar por el impuesto; ii) la representación gremial gestionar ante la Caja de Ahorro de los Profesores la posibilidad de que el personal académico, pueda disponer de un préstamo de contingencia para hacer frente a esta “legalidad” tributaria; iii) igualmente, solicitar ante las instancias competentes una aclaratoria legal y técnica acerca de la forma de proceder para el cálculo de la retención y declaración del impuesto: en particular a lo que refiere al bono vacacional y de fin de año.

(a) Por parte de la presidencia de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, APUSB, se ha recibido la invitación para que el 24-02-2016, en la Casa del Profesor de la USB para que participemos en su asamblea extraordinaria, con el fin de exponer y compartir con los colegas el trabajo que se ha estado adelantando en torno a esta problemática generada por la aplicación del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

(b) Se ha solicitado a la máxima autoridad de la UNET el “pronunciamiento en relación con el carácter confiscatorio, descapitalización patrimonial y vulneración de derechos humanos de los trabajadores en general, y en particular del personal docente, administrativo y obrero de la UNET, como consecuencia de la “regresividad de un impuesto”.