• Caracas (Venezuela)

Pedro Morales

Al instante

El “deliberado e inducido” conflicto universitario (II)

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:


El “proceso de aprendizaje” puede definirse como una actividad individual que  evoluciona sistemáticamente dentro de un ámbito paradigmático sociocultural. Es consecuencia de la interacción de múltiples factores cognitivos donde se “asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos valores)… se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos)… que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron”. Es un proceso continuo, por lo que cualquier maniobra deliberada e inducida de degradarlo, violenta postulados normativos tales como los establecidos en el artículo 109 de la Carta Magna: “Conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la nación”.

Partiendo de las anteriores premisas conceptuales, resulta oportuno y pertinente esclarecer cualitativamente algunos aspectos de la “crisis país-universidad”:

La política de restricción presupuestaria del Ejecutivo nacional en contra de las universidades, y la violación continuada de su autonomía universitaria (en sus aspectos académicos, administrativos y laborales), ha generado graves daños en su infraestructura, la calidad de vida de toda su comunidad y fundamentalmente en la continuidad y óptima calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos ejemplos de ello:

I. El gobierno retrasa y desfasa el ajuste salarial justo y meritorio de los trabajadores universitarios. Esto conlleva a que si un profesor (por ejemplo) encuentra una beca para cursar estudios (dentro o fuera del país), el cual  le permita mejorar su nivel académico (en beneficio de sus alumnos y la sociedad), lo único con lo que le puede respaldar la universidad es concederle un permiso remunerado: pero entonces la gestión institucional confronta inconvenientes para contratar algún otro docente debido a que la OPSU establece una restricción a través de una rígida e inelástica “maqueta presupuestaria”, lo que afecta entonces los procesos académicos relacionados con una educación de excelencia y calidad.

II. Existe una tendencia negativa para la universidad y el país, que consiste en la renuncia masiva de docentes y trabajadores universitarios en general. Para el caso particular de un profesor con una larga y meritoria carrera universitaria, esto origina un extraordinario vacío académico no sencillo de solventar, que en la práctica se traduce en una afectación significativa y evidente sobre el nivel óptimo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con el agravante de que las ofertas de concursos para ocupar cargos académicos resultan desiertos por el poco o nulo interés de participar profesionales en oportunidades universitarias para desempeñar el digno oficio de docente: debido a los pésimos salarios.

III. Existe en algunas universidades la postura equivocada de comenzar a desconocer o negar derechos adquiridos de los trabajadores y sector estudiantil, ante esta política gubernamental de carácter recurrente, autoritaria, unilateral y violatoria de derechos humanos fundamentales. Cuando en realidad se debe fijar posición institucional, y como bloque universitario, rechazar con contundencia y argumentación esta actuación desmedida y deliberada en contra de la razón esencial de la universidad, como lo es el bienestar de la sociedad venezolana a través de una formación integral de los estudiantes universitarios.

Por tanto, se demanda por parte de los universitarios: i) Realizar un análisis exhaustivo de los procesos académicos, de manera de levantar un diagnóstico de los daños, desviaciones o distorsiones generados por la crisis universitaria deliberada e inducida; ii) la vigencia de las normas de homologación; la implementación del salario mínimo vital (Art. 91 CRBV); la derogación del articulado de la Ley del ISLR que obliga el pago del impuesto sobre el bono vacacional y de fin de año; el pago de prestaciones sociales y deudas; el cumplimiento de los acuerdos Fapuv-Mppeuct de noviembre de 2015; etc.

 

(Continuará en la próxima entrega).