• Caracas (Venezuela)

Pedro Morales

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UNET: “igualdad de condiciones” no es sinónimo de “voto paritario”

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 266 del 17 de febrero de 2006, señaló: “El principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad –igualdad como equiparación–, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad –igualdad como diferenciación– (véase  sentencia N° 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes”. En consecuencia, esta decisión con “carácter vinculante” (que debe ser obedecida por todos los tribunales, incluidas las demás salas del máximo juzgado) define sin ambigüedad un lineamiento normativo muy claro y preciso en relación von el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación: en particular la “igualdad de condiciones” no necesariamente es sinónimo de “voto paritario” o “uno a uno”.

Adicionalmente, la LOE en su artículo 32 establece que la dinámica del subsistema de la educación universitaria estará regulada por una ley que “determinará la adscripción, la categorización de sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación de todos y todas sus integrantes”. Es decir, que ningún consejo universitario está facultado para aprobar algún instrumento normativo que se encuentre en la categoría de ley, dado que la única institución que por mandato constitucional se le es conferido esa  competencia es el Poder Público, en su arista legislativa, ejercida a través de la Asamblea Nacional (Ver artículos 136, 137, 156 numeral 32 y 187 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Por tanto, es requerida ante todo la promulgación de la Ley del Subsistema de Educación Universitaria que considere los parámetros de “condiciones de igualdad” con diferenciación.

Sobre este mismo tenor, conviene recordar la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional del TSJ al suspender  la orden impartida por la respectiva Sala Electoral del TSJ de modificar y elaborar un nuevo reglamento en la Universidad del Zulia, de acuerdo con sentencia N° 749 de fecha 16 de junio del año 2014. En consecuencia, la formulación, discusión y la respectiva aprobación del Reglamento Electoral de la UNET que rigió el proceso para elegir autoridades y decanos en el año 2012 desconsideró o desconoció involuntariamente un conjunto de preceptos normativos establecidos constitucionalmente, e incluso en la misma LOE. Agravándose la situación  cuando la Sala Electoral del TSJ en su sentencia N° 60 del 14 de mayo de 2014 ordena una nueva totalización, adjudicación y proclamación en relación con las elecciones celebradas en 2012.

Esta decisión del TSJ y en particular el mandato de anular el artículo 30 del Reglamento Electoral, bajo la argumentación de que no se garantizó la “igualdad de condiciones” establecida en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 3 del artículo 34 de la LOE, genera para la UNET un conjunto de contradicciones y paradojas (véase artículo de opinión de El Nacional: http://www.el-nacional.com/pedro_morales/Avocamiento-superar-paradojas Unet_0_680932142.html), que en definitiva atentan en contra del “rol esencial del espíritu universitario” de “contribuir con la construcción de una sociedad de paz, apego a la constitucionalidad y sentido democrático”; y del “desarrollo armónico e integral de las actividades docentes, investigación y extensión de la universidad venezolana para el cumplimiento de la misión que la sociedad le ha encomendado”. (Gaceta Oficial N° 40430 del 9 de enero de 2014).

Por último, es necesaria la autocrítica sincera, asumir la responsabilidad que amerita esta situación y proceder a la obligatoria rectificación que exige la institucionalidad universitaria. Así mismo, en plena concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que respecta a los artículos 333, 334, 335 y 336, es prioritario llevar a cabo de forma unida y concertada un conjunto de acciones y diligencias ante las diferentes instancias del Poder Público con competencia en este caso.

Docente universitario

pmoral@unet.edu.ve