• Caracas (Venezuela)

Pedro Morales

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Regresividad de un impuesto (parte II)

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Dentro del grupo de los “inputs” o recursos productivos se encuentra el trabajo (etimológicamente debe su origen a la palabra en latín trabis=traba), definido como el “esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza”, el cual se caracteriza por sintetizar toda aquella laboriosidad de carácter físico o intelectual, invertidos en la actividad humana creativa y productiva,  que contrarresta dificultades  o  tripalium (sufrimiento, de acuerdo con otras acepciones originarias), con el propósito de  satisfacer las necesidades propias de la sociedad de manera sostenible.

Este trabajo empleado en la producción de bienes y servicios (tangibles e intangibles) tiene en contrapartida un pago o salario, destinado al poseedor del talento humano e intelectual, mano de obra o fuerza productiva. De tal forma que la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) en su artículo 104, igual que el artículo 133 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997, define el salario como “la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio”.

Agrega, a su vez, el concepto de “salario normal”, con el fin de tener una base legal que permita cuantificar ciertos derechos de los trabajadores en determinadas situaciones: “Remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio” (ibidem).

Es necesario aclarar que una remuneración ingresa a la categoría de “regular y permanente” y, por tanto, a formar parte del salario normal cuando es percibida de forma habitual, periódica, reiterada y segura por el trabajador. En contraparte se encuentran todas aquellas remuneraciones que poseen la cualidad de ser eventuales o accidentales y, por ende, relacionadas a determinados fines; por ejemplo, el bono vacacional y el bono de fin de año (ibidem).

Para el caso de la bonificación afín a las vacaciones, la carta magna acoge dentro de su seno normativo la supraconstitucionalidad de los tratados y acuerdos sobre derechos humanos (artículo 23). En tal sentido, el artículo 190 de la LOTTT, en concordancia con el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Unesco, 1948) ratifica sin ambigüedad y en estricto orden público: (a) el derecho humano a las vacaciones que cubre al trabajador dentro de un marco de intereses colectivos; (b): el disfrute de un tiempo vacacional cada doce meses que sea remunerado y que adicionalmente se le asigne un bono vacacional en términos monetarios para garantizarse, así, el cumplimiento de otros derechos fundamentales como la salud, el descanso y el sano esparcimiento. Corolario: si las vacaciones son un derecho humano, la bonificación también lo es, entonces la decisión de carácter impositiva sobre ella es inconstitucional y debe ser derogada(c).

(a) “El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular...” (sentencia de la Sala Constitucional Nro. 2201 del 16 de septiembre de 2002).

(b) “Derechos o intereses colectivos: están referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de modo que dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos”. (Sala N.° 656/2000. Sala Constitucional. Fallo N.° 3648/2003).

(c) Resulta contradictorio que si las vacaciones deben ser remuneradas para que el trabajador pueda compartir merecidos momentos de unión familiar se haya decidido que se debe pechar la respectiva bonificación que se deriva. Análoga argumentación es posible realizar para la situación del bono de fin de año.