• Caracas (Venezuela)

Pedro Morales

Al instante

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En diciembre del 2014 el CNU, Consejo Nacional de Universidades, de manera intempestiva y con mayoría oficialista, aprobó el cambio de criterios para el ingreso al sistema universitario, donde el esfuerzo, dedicación  y alto rendimiento del estudiante es marginado: reduce el valor de las calificaciones de 1° a 4° año de bachillerato, al pasar de 97,5% a 47,5%. Así,  por ejemplo, un alumno tachirense con promedio de 19 puntos, que haya cambiado su residencia al Zulia por razones deportivas de alta competencia, regresando a San Cristóbal para graduarse, y dispuesto a estudiar en la ULA Mérida, en Ingeniería de Sistemas, por nada queda fuera de la asignación de un cupo. Con el agravante, que al autorizar el gobierno el ingreso  de 380.000 estudiantes al sistema de educación superior, sin contar con la capacidad idónea  para recibirlos, va en detrimento de la propia excelencia académica.

Nadie puede estar en desacuerdo con el sagrado derecho de los jóvenes venezolanos de tener a acceso al sistema universitario: masificación. Sin embargo, pareciera que los responsables de la aplicación de políticas económicas y sociales actúan en función de criterios netamente políticos y electorales, desconociendo las restricciones que imponen las leyes (de todo tipo): que afectan regresivamente el funcionamiento óptimo del sistema.

Aparte de las consideraciones de orden constitucional o teológico, donde se demanda una educación de calidad para el beneficio de la sociedad, se encuentran presentes extremadas limitaciones que amenazan la calidad de los procesos educativos (masividad): las limitaciones propias de los ecosistemas (termodinámica), la excesiva demanda de productos (matriculación) ante una oferta rígida, funcionamiento en la etapa de sobreutilización de los recursos, creciente densidad poblacional, un alarmante ritmo de crecimiento de la “huella ecológica”, la cual requiere duplicar por lo menos la planta física e infraestructura existente (con una tasa de aumento que permita satisfacer las necesidades propias de una población que crece a ritmo exponencial), y con la práctica antieconómica de darle prioridad al incremento cada vez mayor de estudiantes, sacrificando con ello la consolidación de una base económica universitaria sustentable.

De acuerdo con cálculos previos, el gasto de funcionamiento (GF) de las universidades debe inmediatamente incrementarse en por lo menos 2,5 veces, para respetando los aumentos salariales (S) de sus trabajadores, pueda ubicarse en una relación económica de equilibrio de 60% (GF) a 40% (S). Asimismo, en función de la pérdida de valor de los presupuestos universitarios, a causa de la devaluación, que ha atentado contra la adecuada ejecución de los “planes de desarrollo integral” de las universidades, se requiere que el Ejecutivo nacional les restituya más de 2.000 millones de dólares.

Así planteadas las cosas, la universidad en todo su conjunto requiere de un cambio de estrategia dentro del marco que establece la “gobernanza inteligente”, según la cual las exigencias deben redirigirse a consolidar una infraestructura y capacidad de producción (a), base que genera y garantiza de forma efectiva los diferentes procesos establecidos en la estructura curricular universitaria. Se debe recordar que las universidades son la matriz de desarrollo de un país, y la mejora sustentable de la misma repercutirá favorablemente en la actividad económica de Venezuela.

(a) La infraestructura demanda entre otros aspectos: i) operatividad: en el transporte, comedor, biblioteca, equipamiento, materiales, edificaciones…; ii) funcionalidad: aulas de clase, laboratorios, espacios para el estudio, ocio, deporte…; iii) tranquilidad: condiciones socio-económicas: sueldos, becas, salud, vivienda, incentivos…; iv) potencialidad: docente y personal de apoyo (administrativo y obrero): formación, actualización…; v) credibilidad: plataforma normativa, “sistemas de información académicos” seguros y confiables, base comunicacional veraz y oportuna, sistema de valores, legalidad y legitimidad…

 

*Economista. Docente universitario.

pmoral@unet.edu.ve

@tipsaldia