• Caracas (Venezuela)

Pedro Luis Echeverría

Al instante

A propósito de encuestadoras y encuestas

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En Venezuela, a diferencia de otros países, las empresas dedicadas a investigar tendencias de la opinión pública y, particularmente, aquellas que   realizan encuestas sobre la percepción política de la gente, gozan de una no desestimable capacidad de influencia para determinar la formación de matrices de opinión. Desafortunadamente, y también a diferencia de otros países, las encuestadoras venezolanas no han definido, para autorregularse,  unas premisas básicas acordadas consensualmente y cónsonas con las prácticas internacionales sobre la materia, que constituyan una suerte de código de ética para la elaboración y difusión de las encuestas, de tal manera   que garantice transparencia, legitimidad y credibilidad a las empresas investigadoras y evite que estas presenten al país pronósticos electorales con visiones erróneas, sin base científica válida que arteramente manipulan la opinión del “hombre de a pie” consultado.

Deben ser, entonces, las propias empresas dedicadas a la actividad de sondear a la opinión pública las primeras interesadas en desarrollar, para normar sus actividades, un adecuado rigor metodológico, prácticas operativas transparentes y métodos y procedimientos aptos para medir cabalmente las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre el asunto que les es consultado y preservar y/o ganar, de esa forma, prestigio empresarial.

La actividad económica de investigación de la opinión pública está moralmente obligada a proveer resultados precisos, confiables y consistentes. Tienen una enorme responsabilidad pública y cívica con sus clientes, sus encuestados y con los recipiendarios de los resultados de la investigación, así como con el uso que se les dé a los resultados generados.   

Todo esto, que debiera ser constatado y certificado por una auditoría independiente, constituye el fundamento mínimo que deberían observar las empresas investigadoras. Adicionalmente, cuando se trate de encuestas para medir las  preferencias políticas de las personas, las referidas empresas deberían suministrar a la opinión pública información pertinente sobre las instituciones o personas naturales y jurídicas que las contratan, el alcance del estudio y los términos acordados entre ambas partes para la difusión de las cifras resultantes. Así se minimizaría el riesgo del eventual sesgo de los resultados en favor de los contratantes de las encuestas, el país contaría con unas mediciones de opinión más creíbles y confiables y el valor relativo de los resultados y sus implicaciones tendrían un fundamento más objetivo, sin que ninguna de las partes involucradas pudiera manipularlos.

Finalmente, para perfeccionar el sistema que regule los sondeos de opinión sobre preferencias electorales, habría que establecer mecanismos para sancionar usos indebidos de los resultados obtenidos. El manejo amañado de los mismos es una irregularidad electoral que debería ser sancionada por la autoridad correspondiente, en este caso, el CNE, siempre y cuando este fuese autónomo e independiente.