• Caracas (Venezuela)

Pedro Luis Echeverría

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Pedro Luis Echeverría

Violencia, violencia y abusos a granel

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Preocupa cómo la intolerancia y la violencia irracional están gravitando en el clima político del país. No hay día en que los medios de comunicación no reporten situaciones de esa naturaleza. Los desafueros del gobierno írrito enquistado en Miraflores, el inexplicable empeño en ocultar la verdad sobre el estado de la economía y las medidas que ha anunciado que adoptará para tratar de corregir los desequilibrios conducen a una mayor polarización y tensión social, cuyos rasgos fundamentales se evidencian en el endurecimiento del contenido del discurso político que acentúa las diferencias; las acciones violentas e ilegales de los grupos de apoyo al gobierno, que son realizadas con la complicidad de las autoridades y exacerbadas por la dirigencia “madurochavista” y la descabellada actitud de pretender responsabilizar de la terrible situación que vive el país a los disidentes.

La hecatombe económico-social que ha causado este régimen durante los tres lustros en que se encuentra en el poder, ha sido la secuela de costosos errores conceptuales y de una inexcusable ineficiencia operativa de la frondosa burocracia al servicio del gobierno. Ha sido el indeseable producto de una visión equivocada del modelo de conducción de la economía lo que ha generado inflación, pérdida de una importante porción de la capacidad productiva nacional, escasez estructural, desinversión, desempleo, despilfarro de los recursos y corrupción. Este inepto régimen levanta a diario cortinas de humo para ocultar la terrible realidad que el país se consume por la negligencia y la falta de visión gubernamental.

Por otra parte, la disposición de los grupos opositores a realizar acciones de calle con mayor decisión y audacia, compelidos por la actitud gubernamental de apresar, sin fórmula de juicio, a los líderes opositores y no dar espacios para el debate y el entendimiento respecto al futuro del país y sobre la importante transición política que debe producirse en breve, habida cuenta del estado de postración en que se encuentra la nación.

Los tiempos que se avecinan estarán signados por la violencia, la intransigencia y la confrontación. Así lo indica el contenido del discurso gubernamental que se fundamenta en el irresponsable aprovechamiento del comportamiento irracional de las masas oficialistas basado en la intolerancia y en el odio de clases. Esta es una de las estrategias que ha venido siendo utilizada sistemáticamente para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores.

La violencia institucional del gobierno al pretender gobernar sin haber dado cumplimiento a las exigencias constitucionales y sin la apertura de espacios para el diálogo y la concertación, imponiendo, por cualquier medio, un modelo de sociedad autoritario, excluyente y antidemocrático, y el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos, son factores engendradores de violencia. A pesar de los llamados pacifistas de la oposición, podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno acciones de legítima defensa ante el arrinconamiento y las provocaciones de las que son objeto por pretender cambiar democráticamente el estado de cosas que vive el país.

No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición y prosiga en el irracional empeño de imponer un modelo de sociedad concebido para hacer a todos los ciudadanos vasallos del Estado. La sociedad no puede permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones del régimen actual de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. Todos tenemos derecho de participar, nadie debe ser excluido y menos si la exclusión obedece a que no coincidimos con el totalitarismo del pensamiento oficial.

Es absolutamente claro que el gobierno no necesita poderes especiales para actuar en el campo económico; antes que le fuera otorgada la Ley Habilitante había adoptado decisiones en materia de intervención y cierre de establecimientos comerciales, sanciones para sus propietarios, confiscación de inventarios, determinación unilateral de los precios de venta al consumidor, determinación de los canales de distribución de las mercaderías, racionamiento de la cantidad de productos que podrían ser adquiridos por los consumidores y, finalmente, creación de organismos y entes para el control de las actividades comerciales. En fin todo una parafernalia burocrática para un irritante control gubernamental sobre los agentes económicos.

El control desmedido, ilegal e inconveniente que ha estado ejerciendo el gobierno sobre la actividad económica se ampliará desmesuradamente. Los hechos ocurridos y las amenazas que se ciernen sobre la actividad económica privada afectarán negativamente las expectativas del inversionista y lo inducirán a reducir al máximo sus riesgos, lo que, a su vez, se traducirá en aumento del desempleo, escasez de productos en el mercado, caída de la producción nacional y declinación ostensible de la tasa de inversión. De hecho, las medidas adoptadas hasta ahora son un atentado contra la propiedad privada y el libre albedrío del consumidor. En efecto, el gobierno en lo sucesivo determinará qué producir, cuánto producir, cuándo producir, los precios de los productos, la tasa de ganancia del capital, qué importar, quiénes podrán importar, qué cosas se podrán importar. Es decir, la imposición definitiva del modelo cubano y de otros sistemas de gobierno autoritarios.

La oposición transita una ruta pacífica, respeta las normas democráticas, ha formulado planteamientos que no han sido respetados por los poderes públicos y el aquelarre madurista. Es deber y responsabilidad del régimen adoptar las acciones necesarias que eviten llevar al país por un sendero de inútiles enfrentamientos fratricidas. Próximamente vamos a concurrir masiva y pacíficamente a los comicios para elegir a los parlamentarios, lo haremos armados del voto y de la convicción de que a este régimen hay que cambiarlo por el bien de la república y por la manifiesta incapacidad que ha demostrado durante los largos años que lleva de gobierno.