• Caracas (Venezuela)

Pedro Conde Regardiz

Al instante

Venezuela, la OEA y Luis Almagro

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Se discute generalmente la Primavera Árabe en términos de perspectivas para las libertades y derechos humanos. Igualmente significante es el creciente llamado —el más reciente fue en el caso de Siria— a la intervención externa para cambiar de régimen, que perturbaría las nociones, por lo general, aceptadas del “orden internacional”, cuyo moderno concepto surgió en 1648 con el Tratado de Westfalia, mediante el cual las partes en las hostilidades pusieron término a la Guerra de los 30 años, que acarreó la muerte de un tercio de la población de Europa central.

Para evitar la repetición de esta matanza, con el Tratado de Westfalia hubo una separación de la política internacional respecto a la interna. Los Estados, construidos, fundamentados en unidades culturales y nacionales, fueron considerados soberanos dentro de sus fronteras. La política internacional fue confinada a la interacción a través de los límites establecidos. Para los fundadores, los nuevos conceptos de “interés nacional” y “equilibrio de poder” significaban una limitación, no una ampliación, del papel de la fuerza.

La diplomacia surgida de la Primavera Árabe reemplazó el principio “westfaliano” de  equilibrio por una doctrina generalizada de “intervención humanitaria”. Es en este contexto en el que se observan internacionalmente los conflictos internos, civiles, mediante prismas relacionados con preocupaciones democráticas, fomento de las libertades y respeto de los derechos humanos. Las potencias externas demandan, exigen, que los gobiernos negocien con sus oponentes a fin de transferir el gobierno. Pero, como el problema, para ambos lados, generalmente es sobrevivir, estos llamados caen casi siempre en oídos sordos. Donde las partes tienen fuerzas dispares, cierto grado de intervención externa, incluyendo la militar, se invoca para superar la situación.

Esta forma de intervención humanitaria es distinta de la política exterior tradicional que alegaba el interés nacional y el equilibrio de poder, pero, aceptada  por tener una dimensión moral, que es fomentar la libertad, justicia y dignidad del hombre. Ella se justifica en sí, aunque no sea una amenaza estratégica, al aspirar a remover condiciones consideradas como violaciones consuetudinarias de los derechos humanos y restricciones acentuadas de las libertades.

Un cambio de régimen mediante una “intervención humanitaria” exige, casi por definición, un imperativo de reconstrucción posterior. Si esto fracasa, se hace frágil el orden internacional y se generan fuerzas desintegradoras. Espacios donde no existe el imperio de la ley podrían llegar a ser muchos, a dominar el mapa, como ha ocurrido en Yemen, Somalia, Mali, Libia, norte de Paquistán y sucede ya en Siria, podría suceder en nuestro país, donde, por lo demás, la ley se utiliza para combatir opositores, no es imparcial, como se evidencia en la impunidad que cubre  numerosos y escandalosos casos de corrupción, el presidio injusto de dirigentes políticos, estudiantes, etc., a la par que violan a menudo la Constitución. El colapso del Estado conllevaría que su territorio se convierta en una base para el terrorismo, tráfico de armas, drogas, por la falta de una autoridad central que los contrarreste. Mejor dicho: los imperativos estratégicos tradicionales no desaparecen. Es más, todo esto puede suceder, como en efecto ha sido, sin necesidad del colapso del Estado; es decir: cuando la política de ciertos gobiernos estimula esas actividades para impulsar una presunta revolución nacional y continental.

En Siria se entrelazan los llamados a una intervención estratégica y humanitaria. En el corazón del mundo musulmán, Siria, bajo la hegemonía de Bashar al-Asad, ha complementado la estrategia de Irán en el Mediterráneo y Medio Oriente. Ha apoyado a Hamás, que rechaza el Estado israelita y perturba la cohesión libanesa. El mundo democrático alega tener razones humanitarias y estratégicas para auspiciar la caída de Al-Asad mediante la conjunción de una estrategia diplomática. Por otra parte, no todo interés estratégico es motivación suficiente para una guerra; donde lo es, no hay espacio para la diplomacia.

En todo caso, es muy importante aproximarse al conocimiento de quién reemplazará el liderazgo opresor cuando se lleva a cabo una intervención humanitaria. ¿Qué se sabe de él? ¿Acaso el resultado mejorará las condiciones democráticas, humanas y la seguridad? Podría suceder, como en el caso de Estados Unidos en Afganistán; es decir: aquel armó a los talibanes para combatir al invasor soviético, pero luego se voltearon y constituyeron un problema de seguridad nacional.

Por ello, hay que distinguir entre una intervención estratégica y una humanitaria. Por un lado, el mundo define una intervención humanitaria por consenso, lo cual es bastante difícil de lograr y generalmente limita el esfuerzo. Por el otro, una intervención unilateral o fundamentada en una coalición genera resistencia en muchos países que temen que se les aplique a ellos mismos en el futuro, como sucede con Rusia, China, y con los latinoamericanos. Por tanto, es más difícil encontrar apoyo interno para tal iniciativa en los países vecinos. La doctrina de la intervención humanitaria corre el peligro de desaparecer por las condiciones para su realización y carencia de habilidad para instrumentarla. En contraposición, la intervención unilateral tiene un alto costo político internacional e interno.

Pienso que la intervención militar, humanitaria o estratégica tiene como mínimo dos prerrequisitos: primero, es crítico lograr un consenso en cuanto a la gobernanza, una vez reemplazado el statu quo represivo y antidemocrático. Si el objetivo es simplemente “tumbar” a un dictador, una guerra civil podría ser la continuación debido al vacío creado, ya que grupos armados podrían manifestar su descontento con la próxima situación y diferentes países se alinearían de modo distinto. Segundo, el objetivo político tiene que estar muy claro y viable durante un lapso prudencial, pues no se trata de salir de una tragedia humana para caer en otra. La falta de claridad en los conceptos estratégicos difícilmente justifica violar las fronteras con “intervenciones humanitarias” y el riesgo de guerras civiles e internacionales.

Tal vez el punto más neurálgico de las susodichas intervenciones y el reto más difícil para el mundo democrático es permanecer como un “convidado de piedra” ante gobiernos que masacran la ciudadanía, saquean el erario, torturan, infringen la Constitución y las leyes, cercenan las libertades, empobrecen a la población, con el pretexto de que se trata de un asunto interno y que cualquier acción o comentario externo, intervención, se tilda de “injerencia”, escudándose en la soberanía conceptualizada por el pacto de Westfalia, como si se tratase de un coto. Así como en Venezuela. Evidentemente, la lucha interna casi siempre será desigual, puesto que el desgobierno cuenta con las armas confiadas por el pueblo soberano, las cuales siempre son usadas perversamente en contra de la voluntad popular que se vuelca hacia la intranquilidad social, la protesta de diversas formas y acarrea finalmente ingobernabilidad.

Entonces, ante la ineficacia de las instituciones internacionales existentes, como la Organización de Estados Americanos, y como cunden gobiernos usurpadores de las competencias otorgadas en las respectivas cartas magnas, se deberían crear nuevas instancias, mecanismos internacionales, o reformar las existentes, que faciliten salidas democráticas y evitar sufrimientos innecesarios y prolongados a las poblaciones involucradas. Esas nuevas instituciones serían  sostén de las iniciativas internas auspiciadoras del establecimiento de un régimen de justicia y libertades. Sin embargo, deberían establecerse criterios, requisitos para juzgar cuándo sería preciso tal estímulo externo con el fin de evitar conductas antojadizas, irresponsables.

Se propaga en los medios internacionales la idea, según la cual, conviene intervenir militar o estratégicamente cuando la nación en cuestión es un reservorio de cuantiosas riquezas naturales que por extensión son de la humanidad y convendría utilizarlas óptimamente, dada la ineficiencia de su población para aprovecharla y generar bienestar sustentable, o cuando un desgobierno pacta con nuevos imperialismos y entrega de forma desigual sus reservas de recursos, vendiéndose como Judas “por un plato de lentejas”, con tal de oxigenar la permanencia en el poder y continuar el desbarajuste generalizado, convirtiéndose en blanco de burlas en el exterior, desprestigiando el gentilicio y la nacionalidad, como le sucede ahora a Venezuela.

De modo que la ingobernabilidad podría tener dos fuentes: por un lado, la corrosión de las libertades y, por el otro, la incapacidad colectiva para transformar sustentablemente la reserva de recursos naturales y proveer bienestar generalizado, permaneciendo de manera injustificada en la pobreza, acrecentando las desigualdades y la vida precaria, sobre todo cuando casi toda la dirigencia busca por doquier modelos de desarrollo como si fueran enlatados importables, despreciando las capacidades formadas internamente. En última instancia, se trata de una gran pereza mental.  En nuestro caso, es lo que llamo surrealismo nacional.

No es excluyente que ocurran ambas causales y sean aún más agudas, tal vez crónicas, las vicisitudes políticas, económicas y sociales que desembocan en la ingobernabilidad, demandando la intervención externa diplomáticamente, como trata de hacerlo el señor Luis Almagro desde la OEA, pero se requieren negociadores competentes, con credibilidad,  que no hayan fracasado en sus propios países en resolver diferencias, aspiraciones, como las de Cataluña y el País Vasco; las delegaciones autóctonas deben ser representativas y no meros politiqueros.

Al final, siempre vale la pena luchar por las libertades cuando permanecen sojuzgadas por desgobiernos y sus acciones totalitarias. Si consultamos a Maquiavelo aconsejaría restablecerlas, tal vez por cualquier medio. Mejor dicho: la pretendida inmoralidad que pudiese existir al apelar a ciertos medios cuestionables quedaría compensada por la obligación moral que exige dedicación incansable para recobrar las libertades. Detenerse a pensar en la moralidad de los medios implica estancamiento, irresponsabilidad, máxime cuando generalmente el adversario no se detiene en consideraciones moralistas.