• Caracas (Venezuela)

Pedro Conde Regardiz

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Ignorancia en la Asamblea Nacional

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Reina en la Asamblea Nacional cierta ignorancia al legislar acerca de asuntos monetarios, fiscales y económicos, en general, pues cuando lo hizo acerca del funcionamiento del Banco Central de Venezuela, como demuestra la ley del 7 de mayo de 2010, en el artículo 5º, que… “el objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda…”, lo cual es una misión ciclópea, según las características de la economía venezolana, dado que es imposible para el BCV conseguir tal objetivo, puesto que la estabilidad de precios de una economía como la nuestra depende no solo de la política monetaria, sino también de la política fiscal, en especial del gasto público, políticas que escapan a la formulación, aprobación y ejecución del BCV, en cuyas leyes anteriores, desde 1960 hasta 1992, establecían una redacción un poco más aceptable desde el punto de vista macroeconómico (la economía nacional global), bien que todavía deficiente, pues al establecer en los artículos segundos de las respectivas leyes de 1960, 1974, 1987 y 1992, que dice: “...el BCV tendrá como finalidad esencial crear y mantener condiciones monetarias, crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio económico del país y al desarrollo ordenado de la economía…”, se puede interpretar que el mandato del legislador es atribuirle esas funciones únicamente al BCV, cuando la realidad aconseja que debe existir una coordinación de las políticas monetarias, fiscales y otras para alcanzar tan encomiables propósitos.

De modo que, como puede observarse evidentemente, la redacción citada supra de la ley promulgada en 2010 es un retroceso en relación con las derogadas durante los últimos 50 años (1960-2010), lo cual constituye una base legal insuficiente para lograr la tan cara “estabilidad de precios y del valor de la moneda”, sobre todo, en la actualidad cuando la inflación, registrada y causada por múltiples factores relacionados con desajustes auspiciados por pésimas políticas o, mejor, por la ausencia de las adecuadas, corroe, “disuelve” los salarios, ingresos reales, el nivel de vida de los venezolanos que, mortificados, atribulados, angustiados, saltan y corren de un lado de las ciudades, pueblos, villorías, caseríos a otros confines en búsqueda, sufriendo humillaciones más de las veces para intentar localizar los deseados víveres y mercancías indispensables a precios asequibles, todo lo cual crispa los ánimos, crea desasosiego e innecesaria intranquilidad social.

Presuponer un legislador ignorante al establecer que el BCV tiene como objetivo “lograr la estabilidad de precios”, es a la vez crear la obligación de que el Ministerio de Finanzas debe subordinarse a aquel, lo cual no está acorde con la organización de la administración pública y no debería interpretarse así ni la letra ni el espíritu del artículo en cuestión. Hay pues un vacío legal, esto es: no existen las normas que en un Estado de Derecho conviene aprobar para luchar contra el flagelo inflacionista; mejor dicho, se requiere establecer las bases legales de la coordinación indispensable de las políticas monetarias, fiscales y otras que establezcan las competencias para la actuación de los respectivos entes públicos, lo cual contribuiría, además, a la seguridad jurídica.

Ni en el Ejecutivo ni en el BCV han caído en la cuenta del susodicho vacío y menos en la Asamblea Nacional, en la que casi nadie, quizá, lee las normas, leyes, estudia sus deficiencias y, menos aún, se le ocurre, como lo estipular la Constitución vigente, una iniciativa legislativa que casi siempre es el Ejecutivo el que más la utiliza, sobre todo, con leyes habilitantes. ¿Para qué están ahí, entonces? El Poder Legislativo parece más bien un oneroso adorno de una presunta democracia.

Lo más importante es no pensar en que se trata de un BCV parecido al de los países desarrollados; aquí la creación monetaria no depende en gran parte de la actividad económica convencional, más bien lo es por la obligación legal como agente financiero del Estado, del cambio a bolívares del dinero extranjero obtenido mediante las exportaciones petroleras. Regular este cambio es un objetivo primordial de la política monetaria para no seguir creando dinero involuntariamente y luego tener que retirar una cantidad significativa pagando intereses. Lamentablemente se desviaron las finalidades de Fonden, creado por idea de este comentarista, pero mal instrumentado por ignorancia e incomprensión de los responsables. Todavía recuerdo que Giordani me dijo una vez en Nueva York, en el 2000: “Ahí está tu fondo”. El infortunio encarnado en algunos funcionarios pautó que lo convirtieran monetariamente en un “arma de doble filo”, en un fracaso total cuyas consecuencias se observan ahora en las altas tasas de inflación registradas.

En la MUD, no comprenden estos temas a juzgar por el silencio sepulcral que manifiesta ante estos asuntos vitales para resolver las vicisitudes económicas y sociales que agobian a los venezolanos. ¿Por qué los pretendidos responsables políticos que hablan en nombre del venezolano complican, amargan, el transcurrir de su lapso vital?

psconderegardiz@gmail.com

@psconderegardiz