• Caracas (Venezuela)

Pedro Conde Regardiz

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Pedro Conde Regardiz

Economía perversa, sin valores (y III)

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El mejor gobierno es aquel que hace feliz al más elevado número de ciudadanos.

Charles Pineau Duclos


Las esquemáticas políticas fiscales y monetarias que recomienda como un imperativo el Fondo Monetario Internacional son las mismas que han instrumentado muchos países, siendo uno de los últimos Grecia, que todavía no termina de iniciar recuperación de la desastrosa situación fiscal a causa del casi inmanejable monto de la deuda externa. Se pretende que la fórmula sea válida universalmente sin considerar las peculiaridades de cada nación donde la acogen, por lo cual generalmente fracasa, como ha sido el caso en nuestro país desde 1983 y en aquella parte de América Latina donde se aplicó el consenso de Washington, tal como lo demostró un estudio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal).

El plato fuerte de este menú macroeconómico produce una reducción drástica de la demanda agregada (consumo más inversión) mediante la devaluación de la moneda nacional y consiguiente inflación, traslada, así, del bolsillo de los consumidores al Estado y al sector privado recursos que luego presuntamente financian la inversión pública y privada, generan más empleos, aumentan la producción y contribuyen al bienestar general.

La dinámica implícita en este esquema parece funcionar en los salones académicos, pero no en la realidad de una economía netamente importadora, pues, a causa del brutal aumento de los precios, como se ha visto ahora, que desestimula la demanda, el consumo privado y disminuye la velocidad de las expectativas empresariales de inversión al dudarse de la colocación de la producción a los nuevos precios generales, esto es, la efervescencia monetaria inicial arrojada por la creación de dinero que provoca la devaluación termina, en el sector público, enjugando transitoriamente el déficit fiscal y financiando aumentos salariales ante la presión sindical para compensar los crecientes aumentos en la cesta básica, y los nuevos fondos que no se invierten en el sector privado se canalizan hacia el mercado cambiario para desembocar en la fuerte presión alcista del tipo de cambio.

En el curso del año, la inflación también obliga a que el gobierno ahora tenga que comprar a los nuevos pecios, por lo cual los recursos adicionales que obtuvo con la devaluación en parte se canalizan para poder comprar los bienes y servicios que necesita para su funcionamiento. Se anidan las condiciones para otra devaluación. Y esta es la historia desde hace 30 años. Los costos humanos y económicos de esta insensatez macroeconómica han sido inconmensurables.

Por ello, habiendo ya en Venezuela muchos más perdedores que ganadores, se está transitando por enésima vez el camino, rechazado en las democracias occidentales, con el mismo paquete de medidas que aquí tendrá, entre otras, las siguientes consecuencias:

Acaba de ocurrir una brutal devaluación del bolívar, vuelto añicos desde 1983, lo cual significa que, con menos cantidad de dólares por concepto de exportaciones petroleras, el Banco Central creará una monstruosa cantidad de dinero, la cual, a través del gasto público y de la expansión monetaria de la banca, elevará los precios, como ya se experimenta, a niveles casi insoportables para la población, tendencia alcista que proviene de las importaciones al nuevo tipo de cambio, tanto de bienes de consumo final como materias primas, herramientas, repuestos, maquinarias, en fin, casi todo lo que interviene en el mal estructurado sector productivo venezolano. Al mismo tiempo, las expectativas devaluacionistas acentúan las preferencias del público por dinero extranjero y suscitan más volatilidad en el tipo de cambio del bolívar respecto del dólar; la abundante cantidad de dinero debería contribuir a que bajen las tasas de interés, pero la inflación las haría negativas al par que estimularía acentuación de la fuga de capitales. De modo que, paradójicamente: más dinero, pero menos inversión privada a causa de las altas tasas de interés, lo cual conspira contra la reanimación de la economía real.

Llega un momento cuando, como consecuencia de la acción de las diversas fuerzas desatadas en un sistema social complejo, todas las magnitudes económicas nominales habrán aumentado: el gasto público, la liquidez monetaria, el producto interno bruto nominal, menos las actividades productivas reales, la economía real, acentuándose así la estanflación que sufre el país desde 1979, con la excepción de breves períodos de crecimiento real. Mientras tanto, también baja el déficit fiscal y deberían aumentar las exportaciones diferentes al petróleo dado el efecto absorción, esto es, los excedentes originados por la disminución de la demanda interna, bien que difícilmente existan por la postración de la producción nacional.

Como la cantidad de dinero excesivamente creada no se canalizará hacia las actividades productivas ni comerciales, pues los bancos confrontarán una reducción real por las elevadas tasas de interés y la contracción del consumo e inversión, de la demanda de créditos, el Banco Central podría inclinarse o, mejor, verse obligado a comenzar o acrecentar la emisión de títulos de estabilización monetaria, cuyos costos en términos de intereses serán, en última instancia, del Fisco nacional, que es contradictorio con el objetivo de disminuir, controlar el déficit fiscal.

La permanencia de elevadas tasas de interés podría incidir en la desestabilización del sistema financiero a causa de la contracción de la susodicha demanda de créditos, elevación de la morosidad de los deudores, y será despiadadamente golpeado por la pérdida del valor real de sus acreencias sometidas a la inexorable inflación; si estos últimos fenómenos se concretan, como es de esperarse, será inevitable más fuga de capitales, puesto que predominará la desconfianza en la psicología del mercado, en el futuro del país, en sus posibilidades.

En síntesis, estas medidas parciales incoherentes e inspiradas en el recetario del Fondo Monetario Internacional, tal vez buscando “limpiar” la vía para una futura negociación, tendrán con algunos matices diferentes las mismas consecuencias que las ejecutadas en 1984, 1986, 1989, 1996, y todas las instrumentadas desde 1999: injustificados estragos en la población y golpes seguidos en el estómago del venezolano, aumento de los costos de salud, parálisis productiva, aumento de la deuda pública y explosivo crecimiento de su servicio debido a que los intereses crecen más rápido que el producto interno bruto, empobrecimiento generalizado, más individualismo y menos solidaridad por la situación precaria, dificultando el acceso a niveles superiores de progreso social, material y espiritual, cultural, avivando así tendencias migratorias perjudiciales para el desarrollo nacional y la indeseable inseguridad ciudadana. No es difícil salir de este atolladero creado por el gobierno. Pero, si llega, como proponen insensatamente algunos voceros de intereses creados, a unificar el tipo de cambio sin una política económica integral, no quedará un dólar en el Banco Central, y serán más profundos los estragos de esta economía perversa y sin valores. En parte, hay que buscar la disciplina fiscal  deslastrándose de la burocracia parasitaria, de las empresas ineficaces; aumentar el rendimiento del gasto público al cercenar la corrupción; redimensionar el aparato productivo para aprovechar nuestras ventajas comparativas y tecnológicas; si continúa languideciendo la producción nacional tendremos un país donde casi nadie trabajará productivamente, esperarán las bolsas de comida para vivir precariamente, se fomenta el ocio, los holgachones, la inseguridad; la pérdida de los aportes del trabajo productivo sería casi insoportable, como en Cuba y en todos los países comunistas. A duras penas sobreviviría el país con los ahora mermados ingresos petroleros.