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Miguel Ángel Campos, 2004 / Foto Ana María Otero López. Archivo

Miguel Ángel Campos, 2004 / Foto Ana María Otero López. Archivo

Un ensayo reflexivo del investigador y escritor trujillano sobre el Congreso en la historia de Venezuela y de un presente “doloroso”

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Me había prometido nunca más escarbar en el pasado remoto para ordenar la explicación o sentido de los espantos del presente. Pero cómo no quedarse perplejo en estos días de enero de 2016, cuando anhelamos la novedad y simplemente nos asalta cual espectro aquel 24 de enero de 1848. Los historiadores, a falta de otra perspectiva menos pintoresca, lo han llamado “el fusilamiento del Congreso”, frase ampulosa que no repara en que apenas había sociedad, territorio vacío y el acuerdo era tan solo las lealtades de unos hombres que magnificaban todo aquello en lo que no creían.  

La cámara de Representantes acuerda reunirse con el propósito de trasladarse a Puerto Cabello y acusar al presidente José Tadeo Monagas de corrupción e infractor de la Constitución. El asalto se salda con cuatro muertos de los representantes, el de Maracaibo y seis personas más entre espectadores, incluido un sastre, y un oficial de guardia. La pugna entre un congreso tachado de oligarca y el jefe supremo del Liberalismo termina en una matanza, todos fueron muertos por arma blanca; aquello había comenzado como un ejercicio de legalismo y tomó su real orientación cuando esas leyes y el protocolo, su empaque, ya no pudieron sostener al poder ejecutivo: más que las armas salió a escena la impronta de los hombres discrecionales.

Un año antes al Presidente le presentan sus seguidores la cabeza en salmuera de un bandolero perturbador (José Francisco Rangel), sin ser extrema resultaba una manera macabra de adulación. Elegido por las dos terceras partes, los juicios sumarios son como un aderezo en el antes y después del acto censitario que consagra a Monagas. La gracia electoral no alcanza a amparar de los desmanes, nada conjura en el alma civil, pero da un manto de legitimidad al crimen y la violencia. Aunque aquel legalismo descansaba de manera íngrima en una Constitución (1830). Los actores reales del consenso y la representación eran la peonada analfabeta y una horda palúdica que cien años después iría a las urnas por primera vez a elegir un presidente y deslumbrada por la riqueza del petróleo. Se puede llegar lejos con una constitución y petróleo, o largos hatos de ganado. El estilo adquirirá maneras cuando lleguen cédula y registro del CNE. Y aunque la sangre corra a dos pasos de su casa la gente no es fácil para lo solemne, al gran Enrique Bernardo Núñez le perturba la banalidad de la hora, la ausencia de espíritu trágico. Dice que el lenguaje parlamentario se refería al suceso como “la ocurrencia”, esto mucho indigna a nuestro hombre. El Presidente del Senado habla con descuido de “la pasada ocurrencia”, como algo circunstancial, un disturbio menor, y así queda escrito en el acta del día 25, cuando las Cámaras se reinstalan. Y como si el día anterior hubiera sido una kermese, o fiestas patronales –el propio Monagas sale en busca de un voto para completar el quórum.

Quien evitó la instalación anterior al precio del asesinato de cuatro diputados, ahora requiere con toda corrección el voto de uno reacio, dispuesto a quedarse en casa (José María Rojas). Los secretarios de lujo (Juan Antonio Pérez Bonalde, Vicente Camacho, Juan Vicente González) van y vienen, escapan o se asoman, según el clima, pero están prontos para consignar los entendimientos de los prohombres. El día 26, en la sesión ordinaria del Congreso (el “fusilado”), le son concedidas a Monagas facultades extraordinarias (una habilitante, digamos), y de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución: levantar hasta 10 mil tropas para la defensa, contraer un empréstito de un millón de pesos, arresto discrecional de los conspiradores, indultos y amnistía general respecto a los crímenes recientes. Del mismo día de la reinstalación, en una tertulia de amigos, es la frase del presidente según la cual “la Constitución sirve para todo”; parece haber certidumbre sobre su autoría: Diego Bautista Urbaneja.

 E. B. Núñez intenta hacer balance del suceso y no podía sino eludir lo policiaco. “Para unos el 24 de enero es el fusilamiento del Congreso ordenado por el Presidente Monagas. El fin de la República. El punto de partida de todas las desdichas de Venezuela. Para otros es día de victoria popular, día en que la oligarquía conservadora recibió el golpe de muerte”. El desconcertado Congreso de estos días de 2016 parece moverse entre aquella legalidad, ahora con electores pero aún sin hábitos ni instituciones, y la ascendencia de la fuerza y los caudillos hamponiles entre la grey reilona. El electorado decembrista cree haber hecho su máximo esfuerzo, tras el ejercicio dominguero se retira a seguir viendo televisión, tal vez no ha puesto en una fiel balanza la naturaleza del crimen y el tamaño de la enmienda, a esta Asamblea le tocará hacer este ajuste, casi salvar un abismo. (Y, sobre todo, esta Asamblea, ilustrada o no, no debe sino sobrestimarse, no tiene opción, quizás Maduro no sepa que los Monagas son dos, pero Henry Ramos sí ha leído a Díaz Sánchez y a Ramón J. Velásquez). Tras aquella tenemos pobladores desnutridos, aquí muchedumbres que ya han conocido el prestigio del consumo. Allá expectantes sin más referencias que la “democracia” de Boves, aquí se levantan un mal día, convencidas, a sustituir el modelo administrativo por otro que arruina el país a lo largo de diecisiete años. Asustadas, más que conmovidas, cambian de parecer y recomponen el supremo poder cuando ya la ruina ha alcanzado al cuerpo mismo, a la sociedad, y de ella depende, de sus hábitos, la reconstitución de la nación, y no tanto de los poderes públicos.

Cuando la intelligentzia estigmatizó la democracia representativa anterior a 1998, parecía estar insistiendo en un rito nacional, el señalamiento de la corrupción, en realidad han debido señalar el rezago de los electores respecto al formato, era lo que estaba, y está, en cuestión: ausencia de prácticas y hábitos democráticos distintos al puro ejercicio electoral. La epifanía del sufragio, salida de un golpe de estado, era la seducción de 1945, Ramón J, Velásquez dice que “creíamos en el voto universal como el milagro de la purificación nacional”, hoy no se trata de purificación sino de cauterizar la mala conciencia. La acción reparadora del 6 de diciembre, fue posible tras la contención de una asonada (1992) sin sanción, el fracaso de los asaltantes los instaló en el poder desde la simpatía de una comunidad al menos resentida. Ahora deberá resistir el asalto nuevamente, pero Betancourt expuso aquella doctrina en una frase: “Desechar la azarosa senda de las asonadas y dirimir la cuestión del poder por la sola vía pacífica y civilizada del sufragio”. Extraña fe esta en una operación aritmética, y entre los beduinos, cuya mayor habilidad era contar sacos de café o ganado orejano.      

En estos días alguien exhuma una fotografía que muestra a Uslar Pietri y un empleado de Miraflores removiendo la imagen del dictador caído (1958), el exhumador había visto seguramente al actual presidente de la Asamblea Nacional dando instrucciones para deshacerse de las imágenes del día: el santón y el héroe confiscado por el hamponato. Pero hay más: cuando le piden a Uslar que redacte el acta de instalación nos dice sin rubor que el modelo estaba a la mano, era la del anterior golpe de estado (18 de octubre de 1945). Y aquí estamos ya en presencia no de un gesto sino de un tict, una pulsión cerrada, la repetición salida de la incapacidad de resolver el pasado es como la condena del paranoico: volverá a matar. Se queman las imágenes para resguardar a los parroquianos de malos recuerdos, pero quedan intactas las emociones. Primero como tragedia y después como comedia –dice Marx (18 Brumario)–, así ocurren los hechos en la historia, y tal vez está ironizando sobre la doctrina de los ciclos o del eterno retorno, que espantaba a Jorge Luis Borges.

En aquel Congreso convergían los intereses de facciones y hombres que habían atesorado la alfabetización –estos podían estar dando, sin saberlo, el tono de los mujiquitas–, anhelos de protociudadanos y el capital de unos hombres públicos que estaban entrando a un nuevo tiempo de relacionamiento con las instituciones –a todos les hubiera venido bien ya no un poco de desdén, sino algo de desprecio por el poder, en cambio han fecundado el imaginario popular de admiración por los encumbrados, el venezolano es zalamero con los patanes, carece de pudor cívico. En la Asamblea venezolana de estos días, la de mayor importancia y responsabilidad en nuestra historia republicana, coinciden una sociedad desarrapada, como guareciéndose de la lluvia –aunque debiera estar aterrorizada–, y sus acosadores, un grupo autorizado por el protocolo constitucional y que ha dado un uso discrecional a la legalidad al punto de casi prescindir de la realidad material para ejecutar un proyecto en absoluto ideológico, sino de desmantelamiento de la herencia societaria. Para restaurar el etat du droit –punto inercial del renacimiento– requerirá, pues, menos culto del pueblo taciturno, y más fe en la estructura institucional, una tensión de esta naturaleza solo puede ser canalizada al margen de toda demagogia, de toda vanidad, y desde la sociedad del conocimiento, fuera de ahí es autodestructiva.

“Se conspiraba por una parte para enjuiciar y deponer al Presidente, por la otra para destruir la conjuración cuyo instrumento iban a ser las Cámaras”, dice E. B. Núñez. Y está describiendo unos usos jurídicos, fetichistas, del acuerdo civil que creaban el escenario de una guerra civil (1859-63). La legalidad no favorece la democracia, puesto que el ordenamiento constitucional había sido el arma de confiscación de la libertad en un medio sin hábitos democráticos. Monagas se acoge a las indicaciones del maestro de la demagogia, D. B. Urbaneja, y elude la dictadura, “prefirió seguir la política del motín, el pueblo sería el instrumento del Ejecutivo contra la facción del Congreso”.