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Hegemonía Comunicacional sin Audiencias

Gustavo Hernández Díaz, ex director del ININCO-UCV

Gustavo Hernández Díaz, ex director del ININCO-UCV

“El espacio público en comunicaciones es gubernamental, está configurado por actores políticos y económicos poderosos que se han apropiado de medios masivos, decretan leyes que intimidan la libre expresión de las opiniones y la libre empresa audiovisual y prescriben la agenda informativa por encima de la veracidad y la pluralidad”

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Que los gobiernos de Chávez y Maduro han tergiversado el conocimiento académico a favor de los intereses ideológicos, no cabe la menor duda. Conceptos fundamentales discernidos desde las ciencias sociales y humanas como hegemonía, políticas públicas de comunicación, comunicación alternativa, han sido banalizados y convertidos en estereotipos audiovisuales. En este caso abordaré el concepto de hegemonía comunicacional, eslogan propagandístico de estos gobiernos y sus efectos en las audiencias venezolanas.

Si realmente existiese hegemonía comunicacional en Venezuela, estuviéramos en presencia de una democracia plena, vigorosa y saludable, donde se honraría los derechos humanos y el derecho a la comunicación. El Estado garantizaría la libertad de expresión, contaríamos con comunicaciones públicas al servicio de los venezolanos y no de una parcialidad política. Se fomentaría el acceso a la información como ruta directa a la sociedad del conocimiento y se auspiciaría la participación de los ciudadanos en medios de comunicación, sin que intervengan doctrinas partidistas en líneas editoriales. La hegemonía comunicacional abraza la justicia y la equidad social, no cercena el flujo de informaciones plurales. Reprimir la información veraz no sólo enferma la democracia sino que la pone en peligro; y esto ocurre cuando el propio Estado rechaza opiniones diversas, puntos de vista alternativos, viéndose incapacitado para tomar decisiones acertadas y civilizadas en los asuntos públicos. El gobierno cree que imponer una visión de mundo significa atornillarse en el  poder; todo lo contrario, con esta actitud demuestra una enorme debilidad, se aísla del debate nacional y global y se escucha así mismo cual soliloquio presidencial. El poder de una verdadera hegemonía comunicacional radica en acatar el Estado de Derecho, porque sin comunicaciones libres y plurales es impensable la democracia.   

Ahora bien, lo que sí impera en Venezuela, desde hace dieciséis años, es un gobierno emisor de propaganda política, cuya estrategia de difusión masiva se basa, en lo esencial, en la teoría de los efectos de los medios, desarrollado por el politólogo norteamericano Harold Lasswell; autor de obras fundamentales como Propaganda Technique in the World War I (1927), Politics: Who Gets What, When, How (1936) y Propaganda, Communication and Public Opinion (1946). El paradigma de Lasswell, formulado en 1948, sirve para comprender cómo opera la persuasión en el campo económico, político y psicosocial a través del siguiente esquema ¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿Por qué canal?, ¿A quién? y ¿Con qué efecto?  

La estrategia comunicacional de los gobiernos de Chávez y de Maduro, desde el enfoque lasswelliano, presenta estos rasgos significativos. Trata de convencer a la audiencia de que existe plena democracia, difundiendo interminables cadenas y propagandas políticas. Es unidireccional en su visión de mundo porque acoge a una parcialidad política y excluye a voces disidentes. Descontextualiza la historia y (re)simboliza lo cultural y lo cotidiano. Sus mensajes son populistas, apelan a emociones, mitos y leyendas, mas no a la razón y el conocimiento para resolver problemas. El acceso y la participación en las políticas públicas está determinado por el ¿Quién?, esto es, por el mismo gobierno, que transgrede el artículo 7 de la Ley orgánica de Telecomunicaciones “El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público…para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión, de conformidad con la ley.” El dominio, en este contexto histórico particular, no es público, no es patrimonio de los venezolanos. El espacio público en comunicaciones es gubernamental, está configurado por actores políticos y económicos poderosos que se han apropiado de medios masivos, decretan leyes que intimidan la libre expresión de las opiniones y la libre empresa audiovisual y prescriben la agenda informativa por encima de la veracidad y la pluralidad.

Frente a este panorama mediático, que ha sido politizado, de manera inescrupulosa y escandalosa, las audiencias venezolanas han respondido de manera democrática usando con total libertad el  control remoto para cambiar de canal, lo cual considero como una expresión de genuino descontento y quizás, por qué no decirlo, de protesta contra la hegemonía de las  cadenas y las propagandas y contra la difusión sesgada y politizada de la realidad nacional.

El Informe sobre las preferencias televisivas de la audiencia venezolana para el año 2014, que presenta AGB Nielsen Media Research, revela algunos resultados que ameritan una reflexión puntual.

Uno, las audiencias prefieren ver canales privados y televisión por suscripción. Las televisoras gubernamentales son las menos vistas. El bloque de canales privados (Venevisión, Televen, Canal i, La Tele),  alcanzó 32,9 %, la televisión paga 49,6%, mientras que los canales oficiales (Televisora Social Venezolana (TVES), Venezolana de Televisión (VTV), Vive TV, Ávila TV, Asamblea Nacional Televisión, Telesur), obtuvieron un exiguo 7,6% del encendido televisivo.

Dos, el rechazo a la televisión gubernamental es aún más superlativo si consideramos el nivel de aceptación total de la televisión comercial y la televisión paga, que alcanza 82,5%. Venezolana de Televisión (VTV) es el canal del PSUV. Sus programas de opinión incitan a la polarización política, algunos de sus conductores se expresan de manera vulgar, con tono ofensivo y cargado de resentimiento social. No es un canal que convoque al diálogo, a la concertación nacional, sobre todo en esta terrible crisis moral y económica que espolea al país. Es por esto que el televidente venezolano se distancia de la propuesta (des) democratizadora de VTV, con un reducido 4,8% de audiencia.

Tres, un caso aparte es Globovisión, que a partir del 14 de mayo de 2013 cambia de propietarios y junta directiva. Desde entonces se percibe en su pantalla un sesgo político en su línea editorial, informativos y en algunos programas de opinión. Este canal que era crítico del gobierno, hoy en día, ha perdido su público dramáticamente, apenas con 2,6 % de recepción.

Cuatro, la televisión paga representa una alternativa para los televidentes, 49% por encima de los canales privados, gubernamentales y canales temáticos informativos como Globovisión. Cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicación (CONATEL) indican que para el año 2013 ascendió el número de suscriptores de TV paga (57,92%) en comparación con el año 2012 (47,38%). Según Datos C.A, Pulso al consumidor 2013, la migración de la audiencia a la TV paga se debe a cuatro aspectos fundamentales: “1. Por la variedad de canales. 2. Para evitar las cadenas presidenciales. 3. La señal de los canales nacionales es muy débil/Mala. 4. Para que lo vean los niños.” Estas cuatro opiniones dominantes pudieran dar cabida a una serie de conjeturas sobre la crisis de la televisión en Venezuela. Efectivamente, en la televisión paga existen una diversidad de canales temáticos (series, noticias internacionales, ciencia, programas infantiles, películas) que cubren las posibles preferencias de los suscriptores. No menos cierto es que algunos canales repiten programas y la publicidad es abrumadora. Pero el televidente es el que decide que ver y paga por ello. Todo sea para escaparse de las cadenas presidenciales. Las cifras de Monitoreo Ciudadano son reveladoras. Para el año 2014 la presidencia de la república difundió 163 cadenas nacionales del presidente Maduro, el equivalente a 174 horas de transmisión y 28 minutos de promedio diario.    

Cinco, el 1,6% de audiencia de TVES gubernamental es lamentable. Desde que salió al aire, por primera vez, el 28 de mayo de 2007, hace 8 años, no ha podido establecer vasos comunicantes con la población venezolana. Su programación no cumple con los parámetros internacionales de un genuino servicio público de televisión establecido por la UNESCO. Uno de ellos, no cuenta con independencia editorial y su programación, pese a los loables esfuerzos de los productores nacionales independientes, está mediada por la propaganda política.

Otro aspecto importante de orden gerencial es que el acta constitutiva de la fundación Televisora Social Venezolana, TVES, según la Gaceta Oficial Nº 38.682 del 14 de mayo de 2007, establece en su cláusula cuarta “El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ejercerá el control estatutario de la Fundación, en los términos y condiciones establecidos en la normativa legal vigente”. En este sentido, no se puede hablar de autonomía ni mucho menos pluralidad en la gestión de este canal, bajo el control total del ministerio de propaganda. Y segundo, la misma la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión y Medios Electrónicos establece en su artículo 15 que la Comisión de programación “estará integrada por un representante del organismo rector en materia de comunicación e información del Ejecutivo Nacional, quien la presidirá”.

Un servicio público de radio y televisión no se puede permitir el slogan trillado “al pueblo se le da lo que quiere”, con el agravante de que no se consulta a las audiencias. Por lo tanto, la hegemonía comunicacional no se decreta, no se impone, no es gubernamental, sino que se ejercita en el marco de la civilidad, con plenas libertades democráticas y con la participación de la sociedad civil organizada.

* Ex director del ININCO-UCV