• Caracas (Venezuela)

Pablo Aure

Al instante

¡Hasta cuándo!

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@pabloaure

Es con usted gobernador

 Entiendo que el gobernador del estado Carabobo se pueda sorprender por haberle dedicado el “¡Hasta Cuándo!” de la semana. Para nadie es un secreto que no tengo nada que me identifique con quien hoy es el inquilino del capitolio regional, él y yo somos algo así como el aceite y el vinagre, pero, a pesar de eso, siguiendo aquella conseja “lo cortés no quita lo valiente” y como quiera que él es el gobernador y yo un opinador, necesariamente me siento obligado a expresar las siguientes consideraciones.

Esta es la triste historia de un país de caporales, donde hay que tocar puertas o buscar palancas que te acerquen a los jerarcas para recordarles lo que dicen las leyes. Vivimos en una nación donde hay que estar en las buenas con el que ejerce el mando para no correr peligro de que algo malo nos pueda suceder. Por ejemplo: que te metan preso, te multen, te expropien, te hagan la vida de cuadritos para que tu negocio quiebre y, en fin, muchos evitan manifestar las ideas que de alguna manera pudieran contradecir la línea gubernamental ya que si lo hacen caerán en desgracia. Por cierto, esta no es una práctica solo de los rojos rojitos, conozco de alcaldías dizque opositoras que tienen literalmente un ejército de “fiscales y alcabalas” desde donde se acecha a los emprendedores y constructores. De esto último hablaré en otra oportunidad.

Desgraciadamente, aquí en Venezuela las leyes que desarrollan los derechos humanos no son suficientes para la sana convivencia en sociedad. Los instrumentos jurídicos están escritos en un papel, pero insólitamente es la voluntad del gobernante la que permite que se cumplan o por el contrario, se consideren letras muertas. El solo hecho de que eso sea así, nos impone a afirmar que el Estado de Derecho aquí en Venezuela es una farsa.

 

Agonía de un diario

Desde esta trinchera de lucha hemos advertido muchas veces la difícil situación por la que atraviesa el diario El Carabobeño, pionero del centro del país, que tiene más de 81 años de vida. Un diario que nació en dictadura y que ha sobrevivido durante más de 8 décadas, plasmando en el papel lo bueno y lo malo de los gobiernos, las quejas y las alegrías de los carabobeños, las opiniones plurales de los columnistas. Es decir, muchas han sido las páginas que se han llenado para acumular la historia de la región y del país.

Solo la saña de alguien no afecto a los ideales democráticos puede ser capaz de provocar la muerte de El Carabobeño. Ese alguien no solamente cerraría un diario sino que también le quitaría el sustento a sus trabajadores a quienes dejaría en la calle, a ellos y a su círculo familiar y, desde luego, también sería una afrenta a quienes a él acuden para expresar su desahogo mediante las denuncias y a los miles de lectores que ejercen el derecho de estar informados. Evidentemente, sin pasar por alto el legítimo derecho que tienen los propietarios de seguir dedicándose a ese ramo de la actividad comercial.

La letra de las leyes les resbala a los gobernantes despóticos cuando se proponen acabar con algo que les incomoda o no le es garantía para sus pretensiones hegemónicas. No hace falta ser un estudioso o intérprete de las leyes, para entender que en el tratamiento que se le ha dado a El Carabobeño hay desigualdad en relación con otros medios de comunicación. ¿Quién puede explicar que mientras a otros medios de comunicación impresos, bien sea nacionales o regionales, les suministran papel, a El Carabobeño no? La única explicación que existe es la que hemos descrito con anterioridad. El decano de los diarios de la región central no está palanqueado ni tampoco está a los pies de gobernante alguno. Hace lo que tiene que hacer, y eso no es del agrado de los que hoy están en el poder.

 

 Yo soy carabobeño

Vuelvo con el gobernador. A él le transcribiré lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) sobre la libertad de expresión, el artículo 13.3 establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos... o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Lo que está ocurriendo con El Carabobeño coloca al gobierno de Venezuela como transgresor de los tratados internacionales. La libertad de expresión es uno de los valores más preciados de los sistemas democráticos, y atentar contra ella acarrea responsabilidades en el orden internacional. Por ejemplo acumular una nueva denuncia para que se le aplique la Carta Democrática Interamericana.

Quise terminar con el Pacto de San José, y llamando la atención de Francisco Ameliach, para que dé verdaderas demostraciones de solidaridad con el pueblo que lo eligió gobernador. La gestión de gobierno no se puede basar en silenciar las voces disidentes, provocando cierres de espacios informativos o poniendo en movimiento el aparato judicial. Los verdaderos apoyos no se conquistan con métodos arbitrarios, sino a fuerza del trabajo y del pleno respeto a los ideales del contrario. Probablemente el gobernador no haya tenido nada que ver con las restricciones del papel para con El Carabobeño, pero no puede negar que él sí conoce cuál es el problema, y que además pudiera hacer mucho para evitar que se apaguen sus rotativas.

Vamos gobernador Ameliach, lo invito a que por lo menos coincidamos en algo y digamos a una sola voz. ¡Yo soy carabobeño!