• Caracas (Venezuela)

Pablo Aure

Al instante

Valencianos 100% limpios

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En los últimos tiempos hemos notado la voracidad fiscal tanto del gobierno nacional como de muchos municipios de la geografía venezolana. Desde luego, y lo comprendemos, que cuando las naciones no pueden sostener sus gastos recurren al aumento de los impuestos existentes y a la creación de nuevas cargas impositivas.

Venezuela vivió hasta no hace mucho una vorágine por los ingresos excesivos derivados de la renta petrolera. Lamentablemente los excedentes no fueron bien administrados y desgraciadamente hoy sufrimos las consecuencias. El gobierno apela de manera inclemente a las reformas tributarias imponiendo mayores impuestos a los ciudadanos, que no han sido formados en la cultura tributaria, pues siempre se había dejado, y hasta entendido, que los impuestos eran  para las grandes negociaciones. Hoy no: hoy el más humilde de los trabajadores tiene una responsabilidad de mantener las cargas del país. Eso debe quedar claro y lo tenemos que fomentar.  Desde luego que quien gane más, más debe aportar, lo cual constituye un principio básico en materia fiscal.

Sin cultura tributaria

Los venezolanos no tenemos cultura tributaria y sentimos que no hemos comprendido en qué consisten los impuestos. Pero además, no nos motiva darle nada al gobierno, sea nacional, regional o municipal, porque los vemos como entes corruptos, ineficientes en la administración de los recursos; como muestra, el absoluto estado de deterioro de los servicios públicos. Con incomodidad solemos pagar los impuestos, a regañadientes, porque nada funciona, y no pocas veces pensamos que ese dinero va a parar a los bolsillos de algún enchufado.

No al asalto tributario

Vamos al grano del porqué he querido abordar el tema de los impuestos. La respuesta es porque el Concejo Municipal de Valencia, el año pasado, precisamente el 30 de diciembre, decidió aumentar los valores fiscales para calcular el pago del impuesto inmobiliario, lo cual se tradujo en un incremento del cuatro mil por cien (4000%) con relación a lo que antes pagaban los propietarios de inmuebles de Valencia. En la reforma de esa Ordenanza se obvió el principio de la participación ciudadana, ya que a nadie se le consultó. Es cierto, el proyecto de reforma se presentó en el 2014, y estuvo engavetado, luego lo sacaron aprobándolo horas antes de finalizar el 2015, al mismísimo estilo de la anterior Asamblea Nacional. Nos preguntamos: ¿qué motivó a los concejales a cambiar de opinión y aceptar la exagerada propuesta del alcalde? Mucho pudiéramos especular al respecto.

Lo que sí nos parece sospechoso es que en la Cámara municipal, tanto tirios como  troyanos –PSUV y MUD–  curiosamente todos –menos la concejal de PROVE– se pusieron de acuerdo para darle esa puñalada al bolsillo de los valencianos. Digo curiosamente porque la mayoría de los concejales que conforman la Cámara municipal son rojos rojitos y la propuesta fue del alcalde, que fue electo por el voto opositor.

Los concejales del PSUV, quizá, pensaron que después del revolcón del 6-D eran pocas las oportunidades de participar en asuntos de gran envergadura, y muchos dicen que esa fue la razón que primó para pactar con el alcalde, que les confieso, no sabría decir cuál fue la contraprestación, pero de lo que sí estoy seguro es de que accedieron a castigar al soberano valenciano con ese impuesto inmobiliario. No pensaron en sus electores. No analizaron que no solo es el aumento del impuesto inmobiliario sino la exagerada inflación en todos los rubros y de la que ningún ciudadano se salva. Venezuela entera la soporta, haciendo la acotación que en ningún caso se aproxima al gigantesco aumento del 4000%. Un apartamento de 86 metros cuadrados ubicado en la calle 127 (Callejón Mujica), Conjunto Residencias El Castañar, pagó en el período 2015 por concepto de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos la cantidad de Bs. 116,40.  El mismo inmueble pagó después de la reforma de la Ordenanza, la cantidad de Bs. 4.990. En pocas palabras ¡es un inaceptable  abuso! Y más abuso lo consideramos si observamos lo que destinó la alcaldía para el 2016 a la partida de publicidad y propaganda. O sea, se publicitará la “gestión” del alcalde, gastará en vallas, afiches y propagandas en los medios de comunicación con el dinero que les sacan del bolsillo a los vecinos.

El incremento que acordó el Concejo Municipal de Valencia el 30 de diciembre no puede mirarse en un contexto aislado y de cara a un impuesto en específico. La imposición de cargas tributarias en términos generales requieren que los ajustes fiscales tenga un balance y en el caso de Valencia no lo ha tenido.  Por citar un ejemplo que evidencia esa voracidad fiscal municipal, podemos señalar el reciente aumento de las tarifas de aseo urbano y domiciliario.

Hoy día, los ciudadanos del municipio Valencia, estamos sometidos a un excesivo abuso de las potestades tributarias, al establecerse cargas desproporcionadas que afectan nuestra capacidad para contribuir con las obligaciones fiscales, y que de manera coercitiva nos las imponen pagar en el recibo de electricidad. El malestar es colectivo porque ya comienzan a sentir el aumento que se refleja en el recibo de electricidad.  En tal sentido, en días pasados solicité ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la referida reforma y la suspensión de manera inmediata de sus efectos. Esperemos prospere la demanda.

Un gerente con chequera ajena

La Administración municipal se ha ido por el atajo del asalto fiscal para trasladar a los valencianos la excesiva carga burocrática. Entendemos que los tributos deben ser ajustados periódicamente, en tanto y en cuanto los ciudadanos también consideren que la Administración lo está haciendo bien; ¡pero no! Valencia está a oscuras, insegura, anarquizada, sucia, prácticamente en ruinas, y a pesar de ello, a los vecinos nos imponen mayores cargas.

Los gerentes deben ser innovadores: nada más fácil que gerenciar con la chequera de los demás. ¿Por qué no pensar en empresas municipales que generen recursos o, reclamar al gobierno nacional que el IVA se quede en el municipio que lo produzca? ¿Hasta cuándo los ciudadanos soportaremos la ineficacia gubernamental?