• Caracas (Venezuela)

Ovidio Pérez Morales

Al instante

Tsjustificación de lo inaceptable

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La inaceptabilidad moral, como también la inconstitucionalidad del régimen autoidentificado socialista “siglo XXI” (léase marxista-leninista), es algo que regularmente vengo recordando en la línea de un reiterado juicio al respecto por parte del Episcopado venezolano.

Momento saliente de la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana en esta materia fue su Exhortación del 19 de octubre 2007 sobre la propuesta de reforma constitucional para establecer un “Estado Socialista” (Art.6 de la propuesta). En dicho documento leemos: 1) “Por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia”; y 2) “La proposición de un Estado Socialista es contraria a principios fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado”.

En artículos anteriores he citado los documentos en que los obispos han reafirmado esta posición, afianzada por hechos probatorios de la negatividad del proyecto oficial socialista en nuestro país. Nada extraño, por lo demás, pues la historia contemporánea muestra de modo patente el fracaso general del modelo socialista marxista.

La mayoría de los venezolanos rechazó en su momento la propuesta de reforma socialista (que, sin embargo, se ha venido imponiendo progresivamente de manera abusiva y descarada). Y ha ratificado su rechazo, de modo contundente e inequívoco, el 6-D. En consecuencia, la política oficial “socialista” (castro-marxista) del régimen ubica automáticamente a este en el campo de la ilegitimidad e inconstitucionalidad. Por lo demás, bastaría para comprobarlo, en cuanto a lo jurídico, echar un vistazo a nuestra carta magna (aunque fuese solo al preámbulo); y en cuanto a legitimidad y moralidad, dar una hojeada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 21,3 de la Declaración y el 5 de nuestra Constitución hablan del soberano como base del poder público. Pues bien, en Venezuela la voluntad de la base popular se manifestó con claridad hace unos dos meses. Pero, ¿qué está sucediendo?

El gobierno, que hasta el pasado 5 de enero tenía en su mano todos los poderes y presumía del apoyo del soberano, se resiste ahora a reconocer la voluntad del pueblo, como si este fuese respetable solo en la medida en que se ajuste al patrón político-ideológico de la Nomenclatura. ¿Resultado? Si el pueblo, mayoritariamente disiente del partido-gobierno-comandante, ya no cuenta y la representación popular es entonces descalificada y hostigada.

Sin entrar en el historial pre-6D, decisiones recientes del TSJ lo muestran como Poder subordinado a la voluntad del PSUV-Ejecutivo-Presidente, lo cual no favorece en modo alguno el ambiente de confianza, convivencia y encuentro, fundamental para que este país pueda salir adelante. El TSJ se exhibe como soporte de un régimen ilegítimo e inconstitucional, con lo cual cae él mismo en ilegitimidad e inconstitucionalidad. No basta tener poder, y mucho, solo de facto.

El artículo 2 de nuestra Constitución establece como valores superiores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado venezolano: “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

La nación urge un cambio de rumbo hacia la recuperación de la legitimidad y constitucionalidad del Poder Público, apoyándose en la Asamblea Nacional que acaba de ser elegida por el soberano. El cambio debe apuntar a un nuevo gobierno. Y a la reestructuración del TSJ este debe recuperar su autonomía, distinguirse por su talante de dignidad, moderación y equilibrio, así como por una perceptible transparencia y ética. Tiene que pasar de tsjustificador de lo inaceptable a genuino Tribunal Supremo de Justicia.