• Caracas (Venezuela)

Oscar Lucien

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Oscar Lucien

Con una viga en el ojo

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Que Nicolás Maduro chacharee en televisión mucho más que el fallecido presidente que le legó el cargo ya podría ser motivo de alarma. Descontada la falta de gracia, sus evidentes inseguridades y el penoso intento de imitar las habilidades histriónicas de su predecesor, supone un alto impacto en las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos. Tan alto nivel de exposición madurista representa un punto de inflexión que profundiza y agrava lo que hemos llamado el cerco rojo: un plan sistemático de control de las comunicaciones libres e independientes que son incompatibles con el modelo político rechazado en la consulta popular de diciembre de 2007, que se insiste en imponer a los venezolanos.

La Constitución venezolana reconoce dos derechos fundamentales en materia de libertad de expresión: “Toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus pensamientos, ideas, u opiniones…” (artículo 57), y “la comunicación es libre y plural” (artículo 58).

Las cadenas presidenciales, por el mero hecho de la toma compulsiva de todo el espacio radioeléctrico, constituyen una violación palpable, sistemática, a estas esenciales garantías de la carta magna. Subrayo lo de sistemática porque, sin duda alguna, la cadena presidencial está en el corazón de lo que el gobierno llama “hegemonía comunicacional” y se articula con una arquitectura legal represiva y de control que se sintetiza en la ley de responsabilidad en radio, televisión y medios electrónicos, en jurisprudencia del TSJ, en providencias de Conatel, en acciones judiciales contra medios y periodistas, mediante el uso del poder discrecional del gobierno para publicar pautas de propaganda, por el uso político del Seniat para intimidar medios con políticas editoriales e informativas no sumisas al gobierno, en comprar medios privados mediante terceros afectos al régimen, por la vía del control para la adquisición de divisas y el papel centralizador de la recién creada Corporación Maneiro para la distribución de papel.

Bajo el régimen de Maduro, no solo tenemos el incremento de las cadenas y del mayor control en todo el ámbito audiovisual, que lo justifica el gobierno en su papel de administrador del espacio radioeléctrico, sino también vemos de manera preocupante la intervención, amenazas y acciones represivas reales en el ámbito de las redes sociales (el caso de los tuiteros presos, por ejemplo).

A la alta frecuencia de las cadenas hay que sumar como agravante al tremendo daño que representa su extensión: el contenido. Posiciones más heterodoxas justifican las alocuciones presidenciales cuando se trate de temas de interés general y de seguridad nacional. Pero Maduro utiliza las cadenas casi de manera exclusiva en abierto proselitismo, en descalificación y criminalización de por lo menos la mitad de los venezolanos que no adhieren la ideología oficial, lo cual está tipificado como delito en la ley contra la corrupción vigente: los funcionarios y empleados públicos no podrán destinar el uso de bienes públicos o recursos que integran el patrimonio para favorecer partidos o proyectos políticos (artículo 13).

En noviembre de 2013 Maduro fue habilitado para, esencialmente, acometer una lucha frontal contra la corrupción. Hace apenas dos días, en la víspera de agotarse su habilitación legislativa dicta una nueva norma sobre la corrupción en una alocución cargada de ataques y descalificación a la oposición. Una alocución proselitista.

En pocas palabras, qué difícil conducirse por allí con una viga en el ojo.