• Caracas (Venezuela)

Oscar Lucien

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¿El país por cárcel?

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1. “Tengo Venezuela por cárcel”, cuatro palabras de Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual, con las cuales el reconocido político se excusaba de asistir al acto de entrega del Premio Ortega y Gasset que le confería el diario español El País. Palabras que sintetizan en buena medida el drama de muchos venezolanos como consecuencia de una justicia politizada.

El caso de Petkoff ha sido relevante por la notoriedad del personaje y por las características de un juicio político que viola el derecho humano a la libertad de expresión y al derecho a la información. En la viscosidad del pozo séptico en que se ha convertido la justicia en Venezuela, quizá pocos han reparado que sobre Petkoff, junto a la directiva de Tal Cual, pesa una orden de prohibición de salida del país y de presentación regular a los tribunales por lo expresado en un artículo de opinión por un columnista del diario. Ordinariamente, cuando alguien tiene una queja o desavenencia por alguna información que considera inexacta puede o debe tener la garantía del derecho a réplica para reparar el daño que eventualmente tal información errada pueda ocasionarle. No ocurre así en el caso de una opinión que, en última instancia, es patrimonio exclusivo, subjetivo de quien la emite. ¿Pero qué pasa si la persona que se siente agraviada parece tener el mismo poder de quien ocupa la Presidencia de la República? ¿Qué pasa si el agraviado es una persona como el capitán Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, considerado el hombre fuerte del régimen? ¿Qué pasa si ese “delito de opinión” se comete en Venezuela donde una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha consagrado leyes de desacato, es decir, de excesiva protección para los funcionarios públicos?

Ocurre, entonces, lo que, trágicamente, sintetizan las palabras de Petkoff, atrapado por una prohibición de salida del país. Antes del desenlace del juicio, la jueza Bárbara César Siero impone una pena anticipada: el país por cárcel.

2. Para mayor infortunio y gravedad de la precaria situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país, cuando todavía no salíamos del estupor por el enconado acoso al diario Tal Cual y a su editor Teodoro Petkoff, otra jueza, María Eugenia Núñez (la referencia al género es mera constatación factual) impone igualmente una medida cautelar de prohibición de salida del país a veintidós directivos de medios y periodistas, incluido el mismo Petkoff, por una información que el demandante estima falsa o carente de pruebas. Obviamente, no es un mero detalle que la persona que se considera agraviada es, igual que en el caso anterior, el capitán Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. En esta ocasión lo escandaloso de la medida no tiene que ver solo con la cantidad de los involucrados en la sanción, ni siquiera porque la decisión de la jueza responde fielmente a la solicitud del demandante de prohibir la salida del país a los acusados, sino porque la demanda se hace sobre un asunto sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado previamente: no existe delito alguno cuando se publica una información ya publicada por un tercero. El capitán Cabello no demanda al diario español ABC ni al autor de la información, quien ha expresado estar dispuesto a presentar sus pruebas ante un tribunal sobre supuestos hechos vinculados con el narcotráfico y funcionarios venezolanos. Nuevamente, la respuesta de Cabello no es buscar la aclaratoria o rectificación de los diarios El Nacional, Tal Cual y el portal digital La Patilla sobre un tema de tanta gravedad que involucra a un alto funcionario del gobierno, sino el de poner al país por cárcel a venezolanos que piensan diferente a él.

3. En días recientes, Alfredo Romero, directivo de la ONG Foro Penal declaró a este diario que en Venezuela hay 89 presos políticos y 2.006 personas con libertad condicional, entre ellas, 21 estudiantes; 3 dirigentes políticos reconocidos, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos; también 8 mujeres y otras 5 personas detenidas por publicar mensajes en Twitter. En resumen, el cerco rojo a la libertad de expresión y al derecho a la información se ha recrudecido bajo el régimen de Cabello y Maduro.

¿Permitiremos los venezolanos que el país se nos convierta en una silenciosa cárcel para todos?