• Caracas (Venezuela)

Oscar Lucien

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Oscar Lucien

Diálogo: reductio ad absurdum

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De mis estudios de bachillerato, además de una breve pasión por la química orgánica, me era particularmente interesante en las clases de matemáticas la llamada reductio ad absurdum, expresión latina que traduce literalmente reducción al absurdo y refiere a un método de demostración lógica. Si bien el método trata de validar proposiciones en demostraciones matemáticas, evoque el procedimiento luego de reciente discusión en la cual, desde posiciones muy opuestas, se hacía un balance del llamado diálogo entre gobierno y oposición.

En pocas palabras, la reducción al absurdo supone como hipotética la negación o falsedad de la tesis a demostrar y mediante un conjunto de inferencias lógicas o supuestos derivar una contradicción, un absurdo. Se me ocurre pertinente la aplicación de este procedimiento convencido como estoy de que el corazón de la crisis política, económica y social que hoy padecemos los venezolanos se origina en la violación sistemática por parte de Maduro, y los poderes públicos a él subordinados, del espíritu y letra de la Constitución Nacional.

Partamos de la hipótesis (a validar): la naturaleza del gobierno y su desempeño se apegan a la carta magna.

Supuestos: 1) ¿Fue Nicolás Maduro elegido según lo planteado en la Constitución? Una sentencia “sobrevenida” del Tribunal Supremo de Justicia, calificada por expertos como inconstitucional, “validó” la doble condición de Maduro como presidente y candidato en abril de 2014. 2) ¿Fueron unas elecciones limpias y transparentes? La referida doble condición de presidente y candidato de Maduro sin ningún tipo de garantías electorales derivadas de esa situación permitió un obsceno ventajismo denunciado por observadores del proceso electoral. Asimismo, fueron marcadamente notorias las acusaciones sobre el voto forzado (una perversión del llamado voto asistido, es decir, la eventualidad de poder acompañar a un votante que por circunstancias especiales lo requiera) y, finalmente, el CNE rechazó una auditoría reclamada por la oposición, en virtud del estrecho margen de votos del escrutinio final. 3) La CRBV obliga a la nacionalidad venezolana para optar a la presidencia. Actores políticos a escala nacional, como un grueso volumen de venezolanos, presentan serias dudas ante la opacidad y contradicciones de Maduro frente a los reclamos para esclarecer tan delicado asunto. 4) ¿En el desempeño de Maduro al frente del gobierno la Constitución priva sobre el orden jurídico y legal del país? El artículo 68 de la CRBV garantiza el derecho a la protesta e impide a las fuerzas policiales la utilización de armas y de sustancia tóxicas en el control de las manifestaciones. Hoy, luego de 84 días de protestas se han producido 2.611 detenciones, 131 presos, denunciados perversos casos de torturas e igualmente el uso de perdigones, metras y gas lacrimógeno como en ningún otro momento de nuestra historia. 5) ¿Se garantiza en Venezuela el derecho a la vida? El 12 de febrero, en conmemoración del Día de la Juventud, fueron asesinados dos jóvenes por la presunta actuación de efectivos policiales. Nicolás Maduro justificó, tres días después, que algunos efectivos no habían cumplido la orden de acuartelamiento autorizada. Sin embargo, tal desobediencia parece no tener ninguna consecuencia y a la fecha de hoy, luego de 84 días de protestas 43 venezolanos han perdido la vida. 6) ¿Respeta el gobierno de Maduro los artículos 58 y 59 de la CRBV relativos a la libertad de expresión y al derecho a la información? Hasta el pasado mes abril, primer año de gestión, Maduro estuvo en la pantalla en 79,9% de los días del año; acumula 422 apariciones en televisión desde la fecha en que Tibisay Lucena lo proclamó presidente y, dato curioso, con más de 500 horas en los medios, duplica el promedio anual del fallecido expresidente. De manera abusiva ha impuesto más de 215 cadenas, amenazó a la cadena internacional CNN en español, obligó a salir de la parilla venezolana al canal internacional NTN24 y ha limitado de manera sistemática el acceso a las divisas para la adquisición de papel de los medios impresos. 7) El artículo 328 de la CRBV consagra que la Fuerza Armada Nacional es una fuerza profesional, que en el ejercicio de sus funciones no se debe a persona o parcialidad política alguna. ¿Puede alguien seriamente aceptar que la FAN actúa en estricto apego al mandato constitucional cuando participa de actos políticos y asume la consigna de “patria socialista”?

Por razones de espacio, simplemente invito al lector a tomar un ejemplar de la Constitución, incluso de la arbitraria e ilegítimamente ilustrada con imágenes del comandante galáctico, lanzarla al aire y verificar si el artículo en que cae el volumen es respetado por el gobierno.
 
El método de la reducción al absurdo nos permite, pues, demostrar la falsedad de la hipótesis presentada. En este sentido, el diálogo con el gobierno, en el cual muchos venezolanos han sembrado expectativas favorables sobre una medida humanitaria en el caso de Iván Simonovis, la liberación de los estudiantes detenidos, incluso la liberación de Leopoldo López, obliga a colocar en el centro de los encuentros el respeto irrestricto a la Constitución. A mi modo de ver un “autosuicidio” para el gobierno. ¿Quién le dará una pata a la mesa de diálogo?