• Caracas (Venezuela)

Oscar Hernández Bernalette

Al instante

De la diplomacia ciega y la corrupción

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Aprovecho que este viernes que puedo extenderme –gracias al diario digital– un poco más que en mis habituales artículos que me obligan a ceñirme a 2.000 caracteres para la edición impresa para reiterar dos temas horizontales como lo son, la corrupción y la diplomacia ciega o cómplice.

Pocos hemos entendido el porqué de la connivencia de algunos gobiernos de la región ante los desmadres, violación de derechos humanos y el déficit democrático de estos últimos años. La versión clásica de la diplomacia nos sitúa ante la premisa de que las naciones solo actúan basadas en sus propios intereses. Por supuesto, quién se niega a la dádiva, a la cooperación internacional, a la facilitación petrolera, al negocio fácil si la única condición es hacerse la vista gorda y no “inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación”.

Pero no todo se resume a interés o complicidades. Es que además, los propios líderes de los que esperábamos un poco de comprensión y crítica también han formado parte de esta tragedia de Latinoamérica en la que pareciera que hay una correlación directa entre gobernar y terminar metiéndole las manos a las arcas de la nación. No salimos de nuestro asombro con el caso de Lula, de Evo en Bolivia, de la familia Bachelet, del presidente y la vicepresidente de Guatemala, las denuncias al primer ministro de Dominica etc.

Hemos dicho que la diplomacia no puede ser hueca, ni la actuación de las naciones democráticas puede ser solo basada en intereses inmediatistas. Los gobiernos responsables deben mandar señales, deben, sin imponerse, hacer entender que la violación del Estado de Derecho y los principios democráticos no serán tolerados.

Muchas de las grandes tragedias en las que terminan las naciones en estos tiempos modernos, de progresión en el respeto de los derechos humanos y en el respeto del Estado de Derecho, se relaciona con esa política internacional que todo lo ve sobre el prisma de los intereses económicos o de seguridad. Cuántas vidas se hubiesen salvado en el Medio Oriente si las naciones actuaran apegadas a estos principios.

Después que pasan años reconociendo dictadores, gobiernos autoritarios y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, solo hasta que los pueblos reaccionan entonces proceden a activar los mecanismos de Naciones Unidas. Por lo general tarde y después que la sangre corre sin cauce. Israel, Libia, Egipto y Siria son solo algunos ejemplos. Lo más lamentable es que la mayoría de la burocracia internacional bien sabe qué pasa en cada país. Venezuela no es una excepción.

Hay que recordar además la tragedia que significa para cualquier nación la corrupción. El corrupto no es otro que aquel que usando su posición de poder utiliza los recursos del Estado en beneficio propio o de otros. Los venezolanos hemos visto ya por décadas como su incremento es constante y cada vez abarca más sectores de la sociedad sin límites por la falta de instituciones capaces para enfrentarla. Es una conducta humana que se separa de valores fundamentales como la ética, la moral, el imperio de la ley y la virtud ciudadana.

Sin duda que la lucha no es exclusiva de un sector, sino de la sociedad en su conjunto. La corrupción crece y desde ya hace muchos años penetra nuestros valores sin lealtad, sin hacer distinción de clase, sin ética y mermando la capacidad desde el Estado para combatirla en su justa dimensión. La debilidad institucional, la fragilidad de los recursos humanos que cumplen altas funciones y el facilismo con que muchas personas entran a la gestión y administración del Estado, contribuye marcadamente a que se cree el terreno propicio para que germine la inmoralidad y la falta de ética de muchos servidores públicos que se prestan a ser corrompidos o a facilitarle a otros el aprovechamiento de los recursos del Estado de una manera fácil.

Cuando un Estado debilita sus instituciones, cuando la burocracia es permeada por personas sin capacidad, incompetentes y en donde el clientelismo político tiene preponderancia sobre el estamento académico y ético, simplemente estamos abriendo las puertas al facilismo que con el tiempo se traduce en el peaje seguro para la corrupción.

No es sólo una cuestión de dinero mal habido, sino que ella incluye actos tan aparentemente nocivos como la aceptación de un cargo público, sin preparación para ejercerlo, hasta el soborno mismo a la autoridad, sea esta de cualquier nivel. El que corrompe una vez corromperá muchas veces. El que soborna una vez, sobornará hasta el infinito.

Son muchos los episodios que nos demuestran el estado de corrupción y de corruptelas que se vive en Venezuela. Un mal que nos sitúa entre las naciones más corruptas del mundo para nuestra vergüenza y tristeza. Todo el sistema económico, las instituciones, la falta de organismos públicos que seriamente combatan este flagelo, así como la impunidad y el abuso del poder hacen que el país esté secuestrado por individuos públicos y privados, funcionarios de alto nivel, carteles y mafias que tiene como su principal objetivo delinquir mientras debilitan al Estado y a las instituciones.

Ya sabemos los guisos con el tema Cadivi y cómo unos pocos se han enriquecido con los dineros públicos de todos los venezolanos, y que deberían invertirse en tantas necesidades que tiene el país y especialmente en los más pobres.

Con los controles económicos y comerciales ha aumentado la discrecionalidad de los funcionarios y por ello la corruptela oficial que comienza por el guiso y termina en “déjeme algo para el refresco”. Se generan toda suerte de trampas. Una cosa es el Estado como supervisor y otra como interventor.

Si bien Venezuela está inmersa en una espiral de corrupción y de allí el sitial en la que nos colocan los organismos especializados que no es nada favorable para nuestro ego como nación, la buena noticia es que los gobiernos y los pueblos que se proponen a luchar contra ella pueden ver resultados positivos a corto plazo. Por lo menos eso se desprende del último barómetro sobre la corrupción que presenta Transparencia Internacional.

Las recomendaciones se centran en actuaciones y medidas fundamentales que deben desarrollar los gobiernos y la población. Entre sus recomendaciones más destacadas están las relacionadas con la transparencia de la gestión pública. Insiste que los gobiernos abran la información al público sobre sus actuaciones y finanzas. Esto es el derecho que tiene la sociedad en su conjunto de conocer cómo se manejan y se utilizan los recursos desde el sector publico. Se tiene que desarrollar códigos de conducta para el sector público que guíe su actuación mientras se ejecutan los recursos del Estado y en su comportamiento como servidores públicos. El abuso de poder y los beneficios individuales tienen que acabarse.

Los gobiernos deben cumplir cabalmente con todas las disposiciones que la mayoría han aprobado en el marco de las convenciones de las Naciones Unidas. Los ciudadanos por su parte tienen tareas importantes. Entre otras, la denuncia y comprometerse a no pagar comisiones a funcionarios públicos. Aunque la necesidad los obligue quien asume esa práctica se suma como cómplice en la cadena de la corrupción.

En el informe se insiste que se debe castigar al corrupto.

Prevención, investigación, detención y sanción son medidas sin tregua a las que debe someterse cualquier gobierno que quiera sinceramente luchar contra ese flagelo que ha encontrado en Venezuela fácil presa desde hace muchos años y especialmente en los últimos como bien lo indican las evidencias y las reiteradas denuncias. Por ejemplo, para que las medidas funcionen, indica el informe, los funcionarios públicos no deben ser excusados por su participación en hechos de corrupción sean por acción directa u omisión. De allí la importancia de la vigilia ciudadana en el sentido de denunciar sobre las violaciones que se cometan tanto en el sector publico como privado. Por ello indica el informe que el ciudadano tiene que usar una herramienta valiosa como son las elecciones para castigar a funcionarios y partidos políticos que se hacen la vista gorda ante los abusos y el uso de las arcas publicas para su beneficio.

No solo a los gobiernos y a los individuos hay que monitorearlos. También al sector privado cuando se hace parte del engranaje de la corrupción oficial.

No son pocas las advertencias y recomendaciones que sobre este tema se hacen a escala internacional, Venezuela tiene una lucha por delante, esa sí es la "lucha que sigue". Recordemos que la calidad de vida de nuestros ciudadanos se merma cada vez que un irresponsable se coge los dineros públicos. Podríamos tener mejores escuelas, hospitales, infraestructura y carreteras si tanto dinero no se hubiese perdido en manos de unos pocos y en perjuicio de muchos. 

La comunidad internacional debe ser más exigente y contundente ante estos indicios de corrupción en muchos países. La cooperación internacional debería ser una buena herramienta para frenar y exigir mejores prácticas en el control y transparencia en el manejo de los dineros públicos.