• Caracas (Venezuela)

Oscar Hernández Bernalette

Al instante

Liberar a López

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Escuchar la confesión del fiscal Nieves le produjo a la nación sentimientos cruzados. Para la mayoría, de indignación; de asombro para quienes creían que tenemos un sistema de justicia imparcial, y de ira para quienes a lo largo del tiempo han denunciado los atropellos en la impartición de justicia en este país signado por un sistema judicial que no garantiza equidad.

Confirmar tan crudamente esta realidad produce por igual una gran decepción por los niveles tan bajos de hacer política a los que hemos sido capaces de llegar. Cuánta maldad, odio y falta de honorabilidad de quienes cumplen tan sagradas responsabilidades para la nación. Cuándo  será que quienes ejercen  l poder en Venezuela entenderán que su vocación tiene que ser la de servir y no de perpetuarse en los cargos. Por qué no tener el talante democrático que se requiere para rectificar ante los errores, y por qué no preservar el honor como fundamento del ejercicio de la política.

En lo personal me produjo tristeza ver esa entrevista de Fernando del Rincón en CNN. También me dio tranquilidad confirmar que no nos habíamos equivocado cuando afirmé el 17-2-14 en un artículo de El Universal que “la marcha que vi era pacífica. Rostros de gente buena que quiere un cambio para el país. Que no apuestan por salidas violentas o inconstitucionales. Mucha gente que sueña con un país más justo, sin discriminación, con respeto a los derechos de los que disienten, que quieren un gobierno que sirva a todos por igual sin segregar, sin insultar, que rinda cuentas y que respete a la oposición”.

En estas mismas páginas insistí en que López era un preso de conciencia porque no utilizó la violencia ni propugnó su uso. La sentencia no es un acto de justicia, por no ser equitativa.

Aunque son decepcionantes las declaraciones de la fiscal y del defensor del pueblo solo resta esperar que se produzca una decisión absolutoria. No hay instancia judicial en el mundo que no considere resarcir el daño cuando el acusador reconoce el montaje de las pruebas.

Necesitamos un Estado democrático de derecho para poder tener convivencia social.