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Mariano De Alba Uribe

La verdad sobre las sanciones

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Las sanciones no serán impuestas al país ni a los venezolanos. En realidad, tal y como lo dispone la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca sólo podrá imponer sanciones a cualquier funcionario actual o antiguo del gobierno venezolano o personas que sin ser funcionarios, actúen o hayan actuado en nombre del gobierno venezolano. No se podrá sancionar a personas que tengan la nacionalidad estadounidense.

Las sanciones están limitadas a violaciones a los derechos humanos. El presidente Obama sólo podrá sancionar a personas que hayan ordenado actos de violencia o cometido violaciones a los derechos humanos contra personas asociadas a las protestas que comenzaron el 4 de febrero de 2014 en Venezuela. Esto incluye también a personas que hayan ordenado o dirigido el arresto o acusación de personas que hayan ejercido su derecho a la libertad de expresión, dentro del cual se puede circunscribir el derecho a la protesta pacífica.

Los cómplices de las violaciones a los derechos humanos también podrían ser sancionados. Cualquier persona que haya asistido, patrocinado o en general apoyado de manera significante (financiera, material, tecnológica o proveyendo bienes y servicios) en la perpetración de violaciones a los derechos humanos también podrán ser sancionados. Esta categoría podría incluso abarcar a personas que no sean funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro ni tampoco ciudadanos venezolanos.

Más que sanciones, la ley faculta a la Casa Blanca a emitir prohibiciones. Fundamentalmente, las personas sancionadas podrían estar sujetas a dos prohibiciones: (i) la prohibición de movilización activos o fondos, siempre que dichos activos estén o ingresen a territorio estadounidense o estén en posesión de un ciudadano o empresa en Estados Unidos, y (ii) la prohibición de entrada o permanencia en el territorio de Estados Unidos mediante la revocación de visas u otros documentos tales como permisos de trabajo.

La ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos y las eventuales sanciones no representan una violación de la soberanía venezolana. Esto se debe a que tanto la norma como las eventuales medidas que podría tomar el gobierno estadounidense tendrán efecto únicamente dentro del territorio de Estados Unidos. En la medida en que las personas que sean sancionadas no entren en contacto con Estados Unidos, bien sea viajando a ese país o colocando fondos en instituciones financieras sujetas a la jurisdicción estadounidense, no sufrirán los efectos de dichas medidas.

Estados Unidos no tiene moral para criticar violaciones a los derechos humanos, pero como un Estado soberano, sí tiene derecho de emitir leyes que tengan efectos dentro de sus fronteras. Si bien es cierto que Estados Unidos no es precisamente un ejemplo a seguir en materia de respeto a los derechos humanos, ello no quita que su Congreso esté facultado a dictar las sanciones. En la misma medida, la Asamblea Nacional de Venezuela podría dictar una ley prohibiendo la entrada a Venezuela de funcionarios o ciudadanos estadounidenses y una prohibición para que esas personas movilicen fondos en instituciones financieras dentro de Venezuela.

La efectividad de las sanciones será limitada. Como la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley de estas características es un hecho que se conoce desde hace tiempo, lo más probable es que los altos funcionarios del gobierno venezolano no tengan fondos en instituciones financieras localizadas en ese país. No obstante, todavía existe un número considerable de funcionarios de rango alto y medio que continúa vacacionando en Estados Unidos y que podrían verse próximamente afectados. Adicionalmente, la ley permite sancionar a personas que no formando parte de instituciones del Estado venezolano, hayan colaborado en las violaciones a los derechos humanos. Por ende, personas que proveen ayuda material, financiera o tecnológica para violar derechos humanos tendrán que repensar sus relaciones con el gobierno venezolano.

Las sanciones no generarán un cambio de gobierno. No obstante, podrían servir para debilitar la legitimidad internacional del régimen y generar molestias a actores o cómplices en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces o fiscales del Ministerio Público. Al mismo tiempo, permiten a la oposición destacar la grave situación que existe en el país en relación al respeto a los derechos humanos para poder poner en evidencia que para lo único que está capacitado Nicolás Maduro y su gobierno es para atribuirle la responsabilidad de nuestros problemas a los demás. Y bajo ese razonamiento, las fuerzas políticas que apuestan por un verdadero cambio podrían proceder a plantear soluciones (en vez de limitarse a señalar al gobierno) ante la complicadísima crisis económica que existe en Venezuela.

 

@marianodealba