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Luis Manuel Aguana

No vendemos políticos

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Entre las reflexiones de fin de año que hice en referencia al Proyecto País Venezuela (http://proyectopaisviaconstituyente.blogspot.com/) hay una en especial que deseo compartir este año que comienza. ¿Recuerdan esos carteles que ponen las librerías para indicar que no sacan fotocopias? O, mejor aún, aquel que ponen algunos kioscos de periódico para evitar contestar preguntas: No vendemos tarjetas telefónicas. Y eso pasa porque es tan fácil confundirse cuando uno va a sacar copias o buscar tarjetas para el celular, como cuando nos preguntan cuál es la oferta política del Proyecto País Venezuela, comparando la constituyente que proponemos con lo que ofrecen los partidos políticos. Por eso en el PPV debemos colocar un cartel grande que diga: “No vendemos políticos”.

Los partidos son los que venden políticos. Reclutan militancia, y a veces –solo a veces– los forman en una ideología, luego los sacan a la calle a ver qué hacen por el partido y, finalmente, si son buenos, tratan de venderlos a los electores en las carreras por los votos a ver quién se desenvuelve mejor. De allí, vuelta al comienzo. Por supuesto, si pegan algún candidato, eso refuerza el objeto del partido, creando solidez a su base de sustentación. Es un sistema que en realidad funciona si quienes participan de él no solo lo hacen a favor de la población que representan, sino que sus ejecutorias verdaderamente representen un cambio en la calidad de vida de la gente, y en términos generales, del país entero. De eso se trata la representación popular.

Pero, lamentablemente, ese sistema dejó de funcionar. Para entender mejor qué es lo que intento decir con eso de que “el sistema dejó de funcionar”, debo antes explicar qué es lo que entiendo yo por “sistema” para que todos estemos hablando y comprendiendo lo mismo.

Un sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, unidas por alguna forma de interacción o interdependencia que realizan una actividad para alcanzar un objetivo. Si consideramos un automóvil como un sistema de transporte, todas sus partes están interrelacionadas para producir un resultado que no es otro que transportar a sus ocupantes de un sitio para otro. Pero ese sistema está a su vez interrelacionado con un sistema mayor que lo alimenta, que hace posible su funcionamiento.

Por ejemplo, en ese “sistema automóvil” es necesario que existan bombas de gasolina, para que el motor de combustión que tiene pueda funcionar, deben existir carreteras por donde este pueda desplazarse, estacionamientos para poder guardarlos, mecánicos para poder repararlos, y un sinfín de bienes y servicios alrededor de ese sistema que llamamos “automóvil”. Incluso podríamos pegarle a eso una escala mayor adicional como lo son los sistemas mundiales de refinación para poder fabricar el combustible que usa el automóvil, que como sabemos es un derivado del petróleo.

Si un solo componente de ese sistema cambia por cualquier razón, como en efecto se está hablando ahora del cambio de los motores de combustión interna por motores eléctricos para la salvaguarda del ambiente, entonces todo el sistema cambia y los sistemas asociados, desde la más baja escala, el automóvil mismo, hasta la más alta, como por ejemplo la manera como se le dotará de la energía al automóvil para que pueda funcionar. Desaparecerían las bombas de gasolina –y los empleos que produce–, toda la industria de partes y piezas de motores de combustión interna desaparecería (motores, bombas de gasolina, bujías, pistones, etc.) y todo aquello relacionado con esa manera de hacer las cosas. Pero por otro lado nacería algo nuevo, otra industria que girará alrededor de lo que llegó para poder hacer funcionar el sistema.

Entonces, cuando hablamos de que un sistema no funciona y debemos cambiarlo por otro hay consecuencias en todo aquello que vivía relacionado con la anterior manera de hacer las cosas. Hagamos ahora un ejercicio de imaginación.

Supongamos que cambiamos el sistema de subsistencia financiera regional establecido en la Constitución a través del Situado Constitucional (Art. 167) que indica “un máximo de 20% de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional” (que para el presupuesto 2014 fue de menos de 16%) por un sistema que entregue por ejemplo un mínimo de 80% a los estados y municipios y le quite el control de la chequera (la Hacienda Pública) al presidente de la república, dejando el gobierno central bajo el control de un Parlamento, como ocurre en un sistema parlamentario. Eso sería como cambiar el motor del actual sistema.

Aun cuando en la actualidad es competencia exclusiva de los estados “dictar su constitución” (Art. 164.1), “y organizar sus municipios y demás entidades locales y su división político territorial…” (Art. 164.2), los partidos políticos no se interesan por hacer eso en los estados más allá de contar con una presencia política obligada que les dé sustento para hacer uso de los pocos recursos regionales para sobrevivir. Allá no controlan los contratos de grandes obras, ni pueden influir en las grandes decisiones de política y de inversión pública. Eso se hace en Caracas y en Miraflores. Caracas no produce ni lo que come, pero se lleva constitucionalmente la administración de al menos 80% de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional.

Es por eso que cualquiera que pueda dejar de vivir en el interior en la primera oportunidad sale corriendo para Caracas, y deja su pueblo para ver cómo se pone en algo en la capital. ¿Dónde creen que estaría el principal interés político de los partidos? ¿En buscar controlar la Presidencia de la República y los escaños de la Asamblea (como antes en el Congreso) o lograr el bienestar de la gente con los escasos recursos en cada uno de los estados? Respuesta obvia.

Y esa situación se ha repetido y repetido en nuestra historia republicana. Solo vean las biografías de los presidentes de la república y revisen dónde nacieron. Del siglo pasado al presente todos son del interior del país (con la excepción de Gallegos), sin contar el actual que no es venezolano, salvo que presente su partida de nacimiento. Con ese cambio en el incentivo fundamental, la política se haría principalmente regional, no nacional y obviamente el interés de los partidos y su dirigencia se volcaría hacia las regiones. Pero eso no vendría solo. 

Si los ciudadanos de un estado saben que al elegir a alguien de su propia localidad le están dando el poder para cambiar su calidad de vida, porque tiene cómo hacerlo ya que sus impuestos se quedan allí y son producidos por ellos mismos con el sudor de su trabajo y lo administra alguien cercano, que no vive en Caracas sino en su propia región, los administradores regionales deberían pensarlo muchas veces para robárselo o malbaratarlo. La gente los iría a buscar muy cerca. Habría 24 estados que tendrían la misma oportunidad y la movilidad laboral –y política–, no se haría hacia Caracas sino hacia la región que lo haga mejor y produzca mayor calidad de vida.

Cada estado, en ese escenario, sí podría con base cierta realizar una constituyente regional y “dictar su constitución” para establecer su propio plan de desarrollo de acuerdo con sus potencialidades, y comprometerse a producir para su gente lo que mejor pueda producir, aportando un diezmo para el mantenimiento de un gobierno federal, por decir un ejemplo. Un estado así sí podría organizar, como dice la Constitución actual, sus municipios y demás entidades locales conforme a ese plan de desarrollo, y generaría riqueza para su región organizándose adecuadamente para los fines de ese estado.

Pero una consecuencia importante de ese cambio en el sistema sería que los diputados y los senadores (porque también los habría) que sean elegidos en los estados conforme a esa nueva distribución del poder, no irían a un Parlamento en Caracas para ocupar puestos para el partido que los puso allí, como ahora, sino para exigir como representantes verdaderos de los ciudadanos de su estado, de acuerdo con lo que este sea capaz de generar, imponiendo un rumbo diferente al poder central; que de acuerdo con ese nuevo estado de cosas, tendría que someterse a la verdadera soberanía de un pueblo que produce. No podría actuar más como un poder central repartidor y extorsionador de lo que pertenece a todos los venezolanos, como ocurre ahora con el actual sistema, sino como un coordinador de regiones con poder y riqueza propias.

Pues bien, nuestro cartel en el Proyecto País Venezuela dirá: “No vendemos políticos”. Ese es el trabajo de los partidos. Nosotros estamos en una cosa muy diferente. Estamos vendiéndoles a los venezolanos un nuevo sistema político donde quepan nuevos partidos y los actuales se amolden a las consecuencias que ese cambio traería. Cierro este ejercicio de la imaginación sustentando que si le cambiamos la tecnología al motor político de Venezuela eso traerá como consecuencia que el resto de los sistemas que viven de él cambien. Cambiarían las formas y los protagonistas, así como la responsabilidad ciudadana de exigir a los gobernantes. Tal vez esa sea la única manera de hacer viable esa Venezuela sentada sobre una riqueza que precisamente no es petrolera…

 

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