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María Amparo Grau

El triángulo de Kelsen

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Cuando en una de las tantas ruedas de prensa del presidente Chávez, en sus primeros años de gestión, este entre risas se refirió al triángulo de Kelsen, nos preocupó no solo la ignorancia que tal mención demostraba, sino que el desparpajo con que lo hacía pudiera implicar cierto grado de irrespeto por lo que el ordenamiento jurídico significa como elemento componente del Estado.

La pirámide, que no triángulo, de Kelsen, es una formulación doctrinal que representa el imperio de la ley. El mencionado jurista de la escuela vienesa sustentaba la teoría pura del derecho, en la cual se identifica Estado y ley y se categorizan las normas, de manera que ellas se relacionan de forma jerarquizada. Es decir, cada norma es aplicación de otra de superior jerarquía. Por eso es una pirámide y es tan importante que no se confunda con una simple forma geométrica, como el triángulo.

Para quien entiende la importancia de la ley como fuente de la actividad del Estado y límite al abuso de la autoridad, es fácil comprender esta noción de la teoría pura del derecho. En la cúspide de la pirámide está la Constitución, norma suprema; debajo de ella la ley, norma que de ordinario debe ser dictada por la Asamblea, cuerpo de representación de la voluntad popular; debajo de la ley, el reglamento, que dicta el presidente y la administración pública, limitado por la ley y la Constitución, y luego los actos de ejecución de estos.

Para quien no concibe el Estado como un ente sometido a derecho, la pirámide bien puede cambiarse por un triángulo, porque no habrá respeto de la Constitución por parte de las leyes, ni de las leyes por parte del reglamentista ni de este o aquellas por la administración pública, en definitiva no habrá Estado de Derecho, y quizá ni siquiera Estado, porque el Estado es un ordenamiento jurídico y donde no hay ley, no hay norma y, por ende, no hay ordenamiento jurídico alguno.

Una de las primeras y más graves transgresiones del sistema de ordenación jerarquizada de las normas, luego de la elaboración de la Constitución del 99, fue y es esa práctica de dar habilitación general y continuada al presidente de la república para dictar de forma ordinaria las leyes, mediante decretos leyes. Es lo cierto que de acuerdo con la Constitución y los principios constitucionales del Estado de Derecho, la facultad del presidente de dictar decretos leyes es excepcional y reservada para situaciones extraordinarias. Por ende, convertir al presidente en el hacedor de las leyes es tanto como deslegalizar las materias reservadas a la ley, sustituir la voluntad general representada en la actividad parlamentaria por la voluntad del monarca presidente, y convertir el sistema jurídico en un caos de normas que minan la seguridad que requiere una comunidad para vivir en paz.

El desprecio por el ordenamiento jurídico verificado en este tipo de proceder, y la falta de freno por los poderes constituidos a este exceso, han dado cabida a este patrón de conducta propia del Estado absolutista, en el cual el “Estado soy yo” de Luis XIV de Francia hoy se proclama en Venezuela como el “Estado es la revolución”, confesión explícita de que el Estado no es un ordenamiento jurídico y no se somete a derecho.

Someterse a derecho no es utilizar la forma jurídica para justificar las acciones, el principio es a la inversa, la ley debe preexistir para limitar el accionar de la autoridad. No hay Estado de Derecho porque existan leyes, no hay Estado de Derecho porque haya una Asamblea, no hay Estado de Derecho porque existan tribunales y no hay Estado de Derecho porque haya organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Si habiendo toda esa estructura formal, como la hay, la Asamblea no legisla y cuando lo hace no respeta los límites de la Constitución, los tribunales no controlan el exceso de poder ni condenan la responsabilidad del Estado, ni protegen a los particulares frente al poder del mismo, ni los tales organismos de defensa de los derechos humanos procuran eficazmente su protección, la conclusión es irrebatible, en Venezuela no hay Estado de Derecho.

Por ello, tan desigual es el papel de la oposición democrática, pues pretende enfrentar en el plano de la institucionalidad jurídica a quien hace las reglas a su medida y las aplica a su conveniencia en la incontestable realidad de un Estado que no acepta someterse a derecho.