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Víctor Rodríguez Cedeño

Hacia la transición

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En Venezuela no hay peligro de una "guerra civil", como irresponsablemente lo señaló Chávez en días pasados, en medio de sus temores por la inminente derrota electoral del 7 de octubre. Tampoco se plantea "al menos una crisis", a pesar de que estamos ante una elección muy particular, en la que los venezolanos escogeremos entre un régimen totalitario, autocrático o simplemente militar, y un régimen democrático en el que impere el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo.

Es difícil para el chavismo aceptar su derrota, es decir, el fin de un proyecto disparatado en el que se han impuesto la corrupción y la ineficiencia en términos jamás imaginados.

De allí el fraude continuado que se intenta. No sólo ventajismo, que refleja deshonestidad, sino falta de transparencia. Todavía no se ha aceptado la indispensable revisión del Registro Electoral, ni el acceso completo al sistema, como tampoco se ha abierto a la observación internacional el proceso. El 7 de octubre el chavismo intentará desconocer los resultados. Los grupos paramilitares protegidos y armados por el régimen podrían actuar para causar terror y desestabilizar, bajo las órdenes precisas de algunos, a quienes se les debe recordar que los actos de esos grupos se atribuyen al Estado, y los dirigentes de estos serán los responsables individuales por todo lo que pueda ocurrir. El chavismo insistirá en la "rebelión" después del 7 de octubre, la misma que intentaron en 1992 que causó centenares de muertos, hechos que tendrán que aclararse en su oportunidad.

Tras los conflictos internos se impone la justicia, la reparación de las víctimas y la paz, es decir, la reconciliación nacional. Es una práctica que se ha desarrollado en los últimos tiempos, en cuya formación han participado los órganos internacionales, en especial las Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos se designó hace algunos meses un relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sabemos que en los países que salen de un conflicto, no necesariamente armado, el Estado de Derecho suele ser débil, cuando no inexistente. A ello se agrega la falta de confianza que hay en las instituciones, especialmente en el Poder Judicial. La impunidad no tiene cabida en estos procesos de reconciliación, los únicos que garantizan la paz a largo plazo en las sociedades que han vivido tales situaciones.

Hemos vivido un largo período de conflicto que sin ser armado no deja de ser traumático. El cambio en Venezuela tras la elección del 7 de octubre debe darse en forma pacífica y cívica. Por eso apostamos todos, como lo ha dicho Capriles en su campaña. Un país para todos, en donde la camisa roja deje de ser una carta de identidad. Debemos buscar la reconciliación nacional, la paz interna, la coexistencia y el respeto mutuo, lo que no excluye la aplicación de la justicia. No se trata, de ninguna manera, de revancha o venganza. Simplemente de justicia.

 

Es cierto que debemos olvidar algunas cosas, pero nadie tiene derecho de perdonar en nombre de las víctimas, y acá las ha habido, lo sabemos todos. Aquellos que en cumplimiento de órdenes superiores han condenado a muchos que hoy mueren física y moralmente en las cárceles políticas del país; los que de alguna manera ¬por participación intelectual o material¬ han estado involucrados en crímenes o en ejecuciones extrajudiciales que no se han resuelto y que tienen claros elementos políticos; los que no han cumplido con sus deberes como representantes del Estado o que han actuado valiéndose de esa condición para perseguir, reprimir y castigar; en fin, aquellos que han participado en el saqueo de las arcas públicas y en la destrucción del Estado y de sus empresas, deberán responder ante la justicia, en procesos, claro está, ajustados a derecho, imparciales y honestos, muy distintos de los que se han llevado a cabo en estos años en los que se han utilizado los órganos del Estado para sancionar sin piedad a quienes se oponen al régimen.

En enero del año próximo se inicia un período de transición que debe manejarse con sabiduría, pero también con firmeza, para reestablecer el Estado de Derecho y la democracia.

Al recurrir a formas de justicia cónsonas con estos procesos se abre el espacio de la justicia transicional, un mecanismo que permite flexibilizar las normas y los procedimientos jurídicos en favor de la paz. La justicia transicional supone la constitución de comisiones de la verdad, el procesamiento de algunos, el perdón de otros y la reparación de los daños causados a las víctimas, sin descuidar la memoria.