• Caracas (Venezuela)

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Héctor Faúndez

El timo

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Después de una brutal escalada de la represión de manifestaciones estudiantiles y de protestas callejeras, con un saldo de centenares de estudiantes detenidos y torturados, Nicolás Maduro ha decidido crear un Consejo de Derechos Humanos, que no hace más que confirmar que, en esa esfera, su gobierno tiene un tremendo déficit. Como en tantas otras ocasiones, el mensaje es que esa nueva instancia política estará en capacidad de controlar esos desmanes, dar satisfacción a las víctimas y, sobre todo, ofrecer una cara más amable ante la comunidad internacional. Pero sus tretas ya no surten efecto y no resultan creíbles.

En el país que tiene la Constitución más elaborada en materia de derechos humanos, con suficientes garantías de que ellos serán respetados y garantizados, ¿qué razón podría justificar la creación de ese Consejo de Derechos Humanos? Si ya existe una Defensoría del Pueblo, con jerarquía constitucional, aparte de admitir que asta se ha convertido en una Defensoría del Gobierno, ¿qué sentido tiene una nueva instancia de rango inferior, creada mediante un simple decreto, e integrada por los mismos que tenían el deber de actuar y no lo hicieron?

Desde la instalación del gobierno de Hugo Chávez, progresivamente se fueron reduciendo nuestras libertades, se adoptaron leyes dirigidas a coartar la libertad de expresión, se modificó el Código Penal para reforzar las penas por el delito de vilipendio, se crearon espacios públicos en los que está prohibido manifestar, se toleró la operación de escuadrones de exterminio, y se apoyó la actividad de grupos armados, encargados de hostilizar y amenazar a los civiles que se atrevían a discrepar de las políticas oficiales.

Fue durante el gobierno de Chávez, con Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores, que se agredió e insultó a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se descalificó a los jueces de la Corte Interamericana, y que se desacató tanto las decisiones de la CIDH como las sentencias de la Corte Interamericana. En los últimos quince años, ninguna de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana ha sido acatada.

Fue bajo la gestión de Nicolás Maduro, como ministro de Relaciones Exteriores, que se materializó la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, convirtiendo a Venezuela en el único país latinoamericano que ha dado ese paso, negando a sus ciudadanos la protección internacional ante el uso arbitrario del poder público. Ni Chávez ni Maduro han permitido la visita de ningún órgano internacional encargado de la vigilancia del respeto de los derechos humanos. Muy por el contrario, se ha expulsado del país a quienes han intentado recoger información directa sobre esta materia.

Human Rights Watch acaba de advertir que los gobiernos de Chávez y Maduro se encargaron de hacer de la justicia venezolana la más sumisa de América. Pero no se trata solo de sumisión; con su actitud, el Poder Judicial venezolano se ha hecho cómplice de la persecución de quienes se han atrevido a disentir del proyecto oficialista, incluyendo el encarcelamiento y la condena por motivos políticos, y del desmantelamiento progresivo de la Constitución para montar un Estado paralelo.

Si el Gobierno tiene un genuino interés por el respeto de los derechos humanos, basta con que cese la represión, que libere a los presos políticos, que garantice el ejercicio de la libertad de expresión, que cese de interferir en las investigaciones y decisiones judiciales, que permita a los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas visitar el país y que acepte que los venezolanos tienen derecho a discrepar de las políticas gubernamentales. Pero no puede pretender sorprendernos con la creación de un Consejo de Derechos Humanos, como si fuera el día de los inocentes.