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Miguel Ángel Cardozo

Más tarjetas rojas

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Maneras creativas de mantener enfocada la atención del país tanto en la profunda crisis en la que se encuentra sumido como en las indeseadas consecuencias que esta podría acarrear de no actuarse oportuna, coherente y firmemente para superarla –en el marco de la Constitución y las leyes–, han sido ideadas en el seno de la oposición democrática a propósito del desarrollo de la máxima competición futbolística: la Copa Mundial de la FIFA.

Es así como las redes sociales, particularmente Twitter, han constituido el medio idóneo para un despliegue informativo que proporciona evidencia irrefutable de la debacle nacional; una debacle que no es más que la tan anunciada consecuencia de la implementación –con la aquiescencia de un otrora vasto y obcecado sector de la población venezolana– del modelo socialista del siglo XXI.

Dentro de ese despliegue informativo, una de las más exitosas iniciativas ha sido la campaña #TarjetaRoja, que mediante tres indicadores clave –inflación, facilidad para hacer negocios y tasa de homicidio–, a los que luego se ha añadido el Índice Mundial de Corrupción, contribuye a poner en perspectiva la situación venezolana al compararla con la de los 32 países que compiten en la primera fase del mencionado evento, dejando al descubierto una abrumadora y dolorosa realidad para quienes la palabra “patria” sí posee algún significado.

Pero a esos indicadores podrían sumarse muchos otros a fin de componer una imagen más completa del desastre, aunque no para desatar las lamentaciones colectivas, sino para orientar futuros esfuerzos de reconstrucción poscomunista hacia áreas prioritarias.

Así, por ejemplo, en la más reciente edición del Índice de Estados Fallidos (The Fund for Peace, 2013), publicada antes de la profusa sucesión de abominables acontecimientos que agobian a la nación desde el pasado 12 de febrero, Venezuela ya se mostraba muy vulnerable en materia de legitimidad del Estado y de derechos humanos, ocupando en ambos casos la sexta peor posición dentro de ese grupo de países.

En el caso de la legitimidad del Estado, el Conflict Assessment Framework Manual (The Fund for Peace, 2014) señala que su vulneración puede incluir: corrupción masiva y endémica de las élites gobernantes; su resistencia a la transparencia, la rendición de cuentas y la representación política de la oposición, puesta de manifiesto –principalmente– por escándalos, casos revelados por un riguroso periodismo de investigación, persecuciones penales o acciones civiles; pérdida generalizada de la confianza popular en las instituciones del Estado y en sus dudosos procesos –por ejemplo, elecciones viciadas o ampliamente boicoteadas–; manifestaciones públicas masivas; desobediencia civil sostenida; incremento de organizaciones delictivas –sobre todo las vinculadas con altos funcionarios públicos–; entre otras cosas.

En ese sentido, la puntuación de 7,6 obtenida en 2013 por Venezuela en tan importante indicador implica, según el citado manual, la existencia de un gobierno ilegítimo y criminal con una oposición no violenta; situación que, comparativamente, es –o, más bien, era al momento de conocerse los resultados de la medición– apenas “menos mala” que la de Rusia, Camerún, Nigeria, Irán y Costa de Marfil, como se puede apreciar en el Gráfico 1.


En cuanto a la vulneración de los derechos humanos –y del Estado de Derecho–, el mismo manual apunta que puede incluir: surgimiento de un régimen autoritario, dictatorial o militar en el que las instituciones y los procesos democráticos y constitucionales son suspendidos o manipulados; brote de violencia de inspiración política en contra de civiles inocentes; aumento de la cantidad de presos políticos o disidentes a los que se les niega el debido proceso de conformidad con las normas y prácticas internacionales; violación generalizada de los derechos legales, políticos y sociales de individuos, grupos e instituciones –patente, por ejemplo, en el acoso a la prensa, la politización del Poder Judicial, el uso interno de las fuerzas armadas con fines políticos y la represión pública a opositores–; entre otros abusos.

Por tanto, la puntuación de 7,7 obtenida por el país en ese indicador pone de relieve, de acuerdo con dicho manual, una frecuente violación de los derechos humanos que coexiste con una sociedad civil muy poco integrada y/o con pocos medios de comunicación libres; fragilidad solo superada –al menos para la fecha de publicación de esa edición del Índice de Estados Fallidos– por la de los mismos cinco países antes señalados, como se muestra en el Gráfico 2.


Y si para 2013 era de tal gravedad la situación del país en esos dos aspectos, ¿cómo se verá reflejada en la edición de 2014 del citado índice que será publicada en los próximos días con el nombre de Índice de Estados Frágiles?

Sin duda, un nada alentador panorama. Pero lo ya de por sí aciago se torna dantesco si al análisis se incorpora otro índice que ayuda a explicar –en parte– el alarmante desmedro de la economía nacional: el Índice de Competitividad Global, en cuyo ranking 2013-2014 (World Economic Forum, 2013), como bien se puede observar en el Gráfico 3, Venezuela ocupa el último lugar dentro del grupo que también integran los 32 países a los que ya se ha hecho referencia.


La importancia de este índice radica en que permite evaluar un conjunto de elementos clave, agrupados en doce pilares –instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación–, que determinan la productividad de un país y, por ende, el nivel de prosperidad que puede lograr.

Hoy, el grado de desarrollo de esos pilares en Venezuela es –en general– mínimo, por lo que no extraña que entre las 148 naciones que se incluyeron en el ranking mundial 2013-2014, esta haya ocupado la posición 134, mostrándose solo “más competitiva” que varios de los países más pobres del planeta –Malí, Malawi, Mozambique, Timor-Leste, Myanmar, Burkina Faso, Mauritania, Angola, Haití, Sierra Leona, Yemen, Burundi, Guinea y Chad–.

¡Vergüenza!

Por eso resulta repugnante la desfachatez con la que algunos se atreven a sostener a voz en cuello que la nación nunca había estado en condiciones tan envidiables; pero la realidad es que lejos de ser la envidia del mundo, Venezuela solo es el blanco de las burlas de los pueblos que la desangran y el objeto de la lástima de los demás.

En todo caso, ambos índices permiten vislumbrar algunos de los puntos prioritarios de lo que podría ser una agenda compartida de reconstrucción patria: restablecimiento del Estado de Derecho –que necesariamente pasa por la separación de los poderes y la despolitización de las fuerzas armadas–; expansión de las libertades fundamentales; reducción de las regulaciones y de la intervención estatal en las actividades económicas; reestructuración del sistema sanitario con miras a la consolidación de una gran red integrada de salud de carácter mixto; fortalecimiento de la autonomía universitaria y adopción en las instituciones de educación superior de mecanismos de evaluación continua que condicionen la permanencia del personal docente, de investigación, administrativo y obrero a su productividad y a sus méritos; fuerte inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación de alta calidad; entre otros.

Claro que más importante que el qué es el cómo, lo que debería definirse a través de un amplio consenso producto de un debate nacional público que no excluya a ningún actor –entiéndase, todo el país; menos los violadores de los derechos humanos–.

¡Naderías, pues!

¿Y mientras tanto?

Mientras tanto, por haber sumergido a la nación en el denso fango de la barbarie y por sus erróneas políticas “magnicidas” –ya que amenazan con exterminar al magno pueblo de Venezuela–, al régimen le salen más #TarjetasRojas.

* Profesor de postgrado de la UCAB e investigador.

** Doctorando en Gestión de Investigación y Desarrollo, UCV. Especialista y magíster en Gerencia de Servicios Asistenciales en Salud, UCAB. Odontólogo, UCV.

 

@MiguelCardozoM