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Armando Durán

¿Para qué sirve una Constituyente?

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Hágase la luz, y la luz de hizo. Desde entonces, la humanidad cree que basta nombrar un deseo para que el sueño, por muy sueño que sea, se haga realidad. Según el género del crédulo creyente, el amor de la mujer o del hombre amado. O el éxito en algún otro empeño igual de extraordinario, como ganar el primer premio de una sustanciosa lotería. Metas a las que en esta dura Venezuela de nuestro tiempo habría que añadir la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Ahora bien, ¿para qué sirve alcanzar la cima de esta suerte de Monte Carmelo criollo? Según algunos de sus promotores, la Constituyente serviría para cambiar las instituciones. Según otros, para cambiar de gobierno. Nadie se refiere, sin embargo, al hecho de que para cambiar de gobierno y de instituciones, primero hay que cambiar de régimen. Y sólo luego convocar una Constituyente.  

Hace un cuarto de siglo, cuando la llamada IV República agonizaba, muchas voces, procedentes de los más diversos recovecos del espectro ideológico nacional, reclamaban la convocatoria de una Constituyente, recurso más o menos desesperado para devolverle la vida a la moribunda democracia venezolana. Situación que, incluso, durante una visita oficial de Carlos Andrés Pérez a Bogotá en 1991, llevó al presidente César Gaviria a hablarnos de su satisfacción por haber convocado una Constituyente como utilísimo recurso para liberar las tensiones que crispaban el aire que se respiraba entonces en el país y unificar así a los colombianos. Enseguida le recomendó a Pérez hacer otro tanto en Venezuela para intentar cerrar la brecha social abierta por el Caracazo y por la política económica de su gobierno. De haber escuchado Pérez el consejo, probablemente no se hubiera producido la intentona golpista del 4 de febrero, ni padeceríamos en la actualidad sus enmarañadas consecuencias.  

No obstante, a pesar de todos los pesares, o precisamente gracias a ellos, la Constituyente, negada a principios de los noventa, finalmente logró plantarse en el centro del universo político venezolano como estandarte de la campaña electoral de Hugo Chávez en los comicios de 1998. Aunque ya no como expediente de última momento para enderezar el rumbo de un régimen en peligro de zozobrar, sino como instrumento revolucionario para implantar otro, diametralmente opuesto.

Esta es la primera lección que debemos tener en cuenta al debatir sobre esta cuestión: una Constituyente sirve para salvar un sistema político herido de muerte, como hizo Gaviria en Colombia, o para terminar de liquidarlo y diseñar un nuevo ordenamiento jurídico, como hizo Chávez al tomar el poder en 1999. Que es, precisamente, lo que había ocurrido tras el derrocamiento de lo que quedaba de gomecismo en 1945 y más tarde, en 1959, como exigencia imprescindible para reorientar al Estado en la difícil tarea de restaurar el régimen democrático. Segunda lección: sea con la intención que sea, el supuesto poder originario del pueblo sólo se concreta en el marco de una Constituyente que nunca ha sido convocada por el pueblo opositor sino por el gobierno de turno. 

Desde esta perspectiva, sin duda se equivocó la oposición al rechazar en febrero incluir la convocatoria a una Constituyente como propuesta programática del candidato unitario que surgiera de las elecciones primarias, ponencia que sólo defendieron los precandidatos Diego Arria y Pablo Medina. Y se equivoca estos días al recurrir a ella como si se tratara de un mágico bálsamo curalotodo perfectamente factible, a sabiendas de que no es así. ¿Acaso nos hallamos ante una simple manipulación de la realidad para reforzar el falso carácter plebiscitario que se le quiere atribuir a las elecciones municipales de diciembre, como si estuviéramos en la España pre-revolucionaria de 1931? Lo cierto es que si bien la Constitución contempla la opción de convocar una Constituyente desde fuera del gobierno, esa alternativa es, en la práctica, un imposible político. Basta leer el trabajo de Jorge Pavón, publicado en este mismo espacio el jueves pasado, para comprender la magnitud de tamaña irracionalidad.   

Entonces, ¿qué hacer? ¿Continuar despilfarrando la paciencia de los venezolanos con el mismo insubstancial discurso que al cabo de los años ha terminado por desmovilizar a la sociedad civil, o agarrar seriamente al toro por los cuernos de la transición y de la Constituyente con el objetivo de construir, contra viento y marea, un régimen democrático moderno? Este es el auténtico y crucial dilema que se le presenta ahora a los venezolanos. Quizá mañana resulte un debate extemporáneo.