• Caracas (Venezuela)

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Víctor Rodríguez Cedeño

Una simple dictadura

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La sumisión de los poderes públicos al Ejecutivo y la violación constante y sistemática de los derechos humanos, ante la inacción de los órganos nacionales de protección y una impunidad como práctica constate, descubren a un régimen que atropella y somete a los ciudadanos, en clara contradicción con el orden jurídico y las reglas de convivencia en las que se fundan el Estado de Derecho y la democracia.

Una muestra de la naturaleza dictatorial del régimen se refleja en la evidente concentración del poder y en el secuestro de los poderes públicos y de las instituciones por un Ejecutivo convertido hoy en ilegítimo legislador, gracias a triquiñuelas electorales que dieron la mayoría a la minoría. De la misma manera, y de igual gravedad, tal carácter dictatorial se evidencia en los numerosos presos políticos sometidos a tortura y otros tratos inhumanos, en las numerosas ejecuciones extrajudiciales, en la persecución y el amedrentamiento a los hoy resistentes, en los ataques a la propiedad privada a través de absurdas confiscaciones, en el atropello político y la discriminación o apartheid, en los ataques a la libertad de expresión y de información, entre muchas otras situaciones.

Los gobiernos extranjeros y los órganos internacionales conocen perfectamente el tipo de sistema político, económico y social  que se ha impuesto en el país, para todos un régimen que ejerce arbitrariamente el poder y que responde, sin mucha imaginación, a las características de una dictadura en el sentido estricto del término, calificación que paradójicamente el régimen rechaza a través de la persecución y de los enjuiciamientos a opositores e incluso dentro sus propias filas, marginando y excluyendo a quienes han osado criticar el rumbo que pretenden imponer desde un partido monolítico.

El tema que más preocupa a gobernantes e instituciones extranjeras es, sin duda, el acoso a las libertades individuales, en pocas palabras: la violación de los derechos humanos como política de Estado, lo que ha sido constatado por órganos intergubernamentales que una vez guardaban silencio ante las arbitrariedades del régimen instalado en 1998. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha expresado con razones bien fundadas su preocupación por la situación en el país, por los actos de tortura denunciados y conocidos; pero, sobre todo, por la falta o ausencia de acción deliberada para proteger a los presuntos responsables de tales actos o sustraerlos de la justicia, trasladando cínicamente las responsabilidades a las víctimas de la barbarie, montando parapetos ridículos como el oficialista Comité de Víctimas de las Guarimbas.

Al lado del desastre de los derechos humanos que nos coloca, sin exagerar, al borde de una crisis humanitaria de mayor envergadura, y eso es lo que ven ahora con mucha seriedad y preocupación afuera, los órganos internos con facultades y responsabilidades constitucionales ya no esconden su sumisión al Ejecutivo, como lo hace con descaro la “militante” defensora del pueblo que más que un ombudsman, institución respetada en el mundo por los gobiernos democráticos, resulta un funcionario más del Estado. Es ella un funcionario más, dependiente y parcializado que guarda silencio ante las claras violaciones de derechos humanos, lo que solo puede ser interpretado como un acto de complicidad institucional, de lo que deberá derivarse en su oportunidad en responsabilidades administrativas y penales. Su representatividad en tela de juicio se decidirá pronto en las instancias internacionales competentes.

Lo cierto es que estamos ante un régimen  autárquico, ante una auténtica dictadura, dominado por un grupo que dispone del poder y lo aplica arbitrariamente en perjuicio de los derechos de los ciudadanos y que castiga a quienes opinan distinto, a quienes protestan, a quienes exigen democracia y más a quienes califican de dictadura el sistema que insisten en imponer.

Adentro, la popularidad que una vez tuviera el régimen se desmorona y da paso a una peligrosa ingobernabilidad que se traduce no solamente en ausencia de autoridad real o efectiva, sino en la improvisación de políticas, más grave aún cuando se entregan las instituciones a una potencia extranjera que administra nuestro destino, como en épocas superadas de colonización en el mundo. Afuera, el silencio elocuente de socios que una vez apoyaban sin pudor sus arbitrariedades y las críticas de los organismos internacionales muestran el deterioro y el fin de un régimen que ha logrado en quince años no solo destruir al país, su industria, su economía, su infraestructura, sino, lo más grave, dividir a los venezolanos entre buenos y malos, revolucionarios y traidores, “patriotas cooperantes” y apátridas; lo que plantea retos importantes en el futuro próximo que exigirán tolerancia y consensos, cuando se supere este largo invierno de nuestra historia.