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Carlos E. Aguilera Arteaga

La sentencia de López, oprobio para la patria de Bolívar

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“Seré implacable con los que, obcecados en sus crímenes, resistieren el suave impulso de la verdad y la justicia, y prefirieren el escándalo de una guerra fratricida y legar a sus descendientes la infamia y el oprobio”.

Simón Bolívar

 

La Constitución Nacional y la ley contienen la presunción de ser conocida por todos sobre quienes impera. La ley busca evitar los desafueros, corrupción, peculado, abusos de poder, pero en nombre de ella se han perpetrado actos de injusticia y persecución. La insólita sentencia dictada por la jueza Susana Barreiros a Leopoldo López, quien deberá purgar condena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas en el recinto carcelario militar de Ramo Verde, constituye un aberrante dictamen que pone en entredicho más aún a la justicia (¿) socialista revolucionaria y, por ende, comunista, del actual régimen que preside Nicolás Maduro.

La historia enseña que los cambios que perduran son los realizados en democracia, con libertad, diálogo, tolerancia y respeto a los ciudadanos. La imposición, la soberbia, el convencimiento de ser el único dueño de la verdad y  forzar un estilo de vida social y político a quienes se gobierna no solo constituye un descarnado y descarado abuso de poder, sino una marcada insensibilidad hacia la dignidad del ser humano, a su familia y al país nacional, pues al pisotear las libertades individuales, se mancilla y menosprecia a las personas, la Constitución Nacional y las leyes.

Es cierto, como me refería en amena conversación un conocido amigo jurisconsulto, que la ley no marca exclusividad ni monopolio, aun cuando rige para la sociedad entera sin discriminación alguna. Pero hay quienes, como Maduro, Cabello y otros capitostes del régimen que predican las bondades del socialismo del llamado siglo XXI, las quebrantan por ignorancia, insensibilidad o por insolente irrespeto a la sociedad, sin importarles un bledo las consecuencias que de sus mal habidas atribuciones deriven.

No solo el país nacional se sorprendió del dictamen que se dictó contra López, sino también organismos internacionales y prominentes personajes que expresaron su solidaridad, así como la coalición de 96 ex presidentes y primeros ministros democráticos que integran el Club de Madrid, el cual en un comunicado en el mes de marzo de 2014 dio a conocer su acuerdo, y también Irwin Cotler, abogado de Nelson Mandela, quien abogó por la liberación de López en el aniversario de la muerte del ex presidente africano, que fue encarcelado por motivos políticos. A ello se suman la ONU, que mediante decreto con fecha 8 de octubre de 2014 exigía que Leopoldo López debía ser liberado inmediatamente, tras una investigación exhaustiva, que determinó que había sido detenido arbitrariamente. Suman muchos otros organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encargado de la investigación, en la que también participó el Estado venezolano; Internacional Socialista, a la que no se le permitió el acceso de sus dos representantes para visitar a López en la cárcel militar de Ramo Verde el 16 de noviembre de 2014, y la Comunidad Europea; Amnistía Internacional que criticó la falta de independencia judicial en el juicio; organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que calificó la “condena a López como una muestra el deterioro del Estado venezolano”; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno español, quien pidió respeto a las garantías procesales y a la libertad de todos los políticos en Venezuela; Felipe González, ex presidente de España: “Venezuela es una dictadura de facto”.

Nada más cierto lo expresado por la ex magistrada del TSJ Blanca Mármol de León cuando, refiriéndose al tema manifestó: “No es una sentencia. Es una orden”. Y es que Leopoldo López es hoy por hoy el dirigente político de mayor significación nacional e internacional, y así se observa en las encuestas locales, por lo que el país y la comunidad internacional lo reconocen y lo apoyan. El régimen prefiere mantener tras las rejas a Leopoldo López, aun sabiendo que no es una sentencia con una base jurídica sólida con análisis de estricto apego a la legalidad, y que tampoco es un acto jurisdiccional, pues no contiene argumentación, análisis probatorio ni mucho menos análisis jurídico, como bien lo asevera Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López.

Para el pueblo venezolano es difícil digerir los 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de condena que le impuso la jueza a López, una sentencia que a juicio del abogado José Vicente Haro es  totalmente “desproporcionada”, si se compara con la pena de 14 años y 6 meses que recibió Walid Makled, un narcotraficante confeso; o los 5 años que le impusieron a los menores de edad involucrados en el asesinato de la actriz Mónica Spear y su esposo.

En una auténtica democracia, la justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales se basa una sociedad y el Estado, y estos valores son: el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad, que en el caso de nuestro país brillan por su ausencia, pues quienes detentan el poder violan no solo las leyes sino –lo más grave– la propia Constitución Nacional, al más puro estilo de guapo de barrio, al que nada intimida y asusta. Si no, veamos el envalentonamiento de Nicolás Maduro insultando por televisión y en cadena a sus adversarios políticos, y a un Diosdado Cabello anticipando con su mazo en la mano la pena que le sería impuesta días después a Leopoldo López, atemorizados sin duda alguna por el deterioro del régimen, al que según las encuestas rechaza 78% de su población a nivel nacional.

Pero será la justicia divina, la que es llevada a cabo por Dios, y que para los cristianos tiene el poder de ejercerla, la que castigará a quienes cegados por el poder se envilecen cruelmente y sin empacho alguno, tomando venganza contra todas aquellas personas que les estorba en su camino, en su pretensión de eternizarse, sin importarles en lo más mínimo la desgraciada suerte que atraviesa el país desde hace varios años.

Existe la injusticia que no aparece solamente en la ley y en el cumplimiento de la misma, sino en el día a día, cuando algunos de los valores como el respeto, la verdad, el amor al prójimo, la solidaridad, la ética, no se toman en cuenta y son dejados de lado. Valores estos que brillan por su ausencia por lo que, a veces, la mala justicia o injusticia y el abuso conducen inevitablemente a fallas en el ordenamiento jurídico, denominado vacío legal, que es lo que estamos presenciando con el ensañamiento del régimen contra Leopoldo López, un caraqueño de 44 años de edad, segundo de los tres hijos del matrimonio entre Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza, por cuyas venas corre sangre del Libertador, pues es tataranieto de Concepción Amesto y Palacios, sobrina de Simón Bolívar, y al mismo tiempo descendiente de Cristóbal Mendoza, primer presidente constitucional de Venezuela.

¡Qué ironía! El régimen, sin vergüenza ni escrúpulo alguno, condenó vilmente a un descendiente del padre de la patria, al que tanto invocan, y hasta lleva su nombre en un mamotreto laxativo que denominan revolución socialista y “bolivariana”.

No hay duda alguna, estamos en presencia de un régimen que exhibe un membrete ideológico disfrazado de democrático, pero que es comunista, en el que se habla de libertad, soberanía, desarrollo, igualdad y tantas falsas promesas, para engañar bajo su ética populista y demagógica con la que alcanzaron el poder democráticamente, y seguir haciendo de las suyas. Ya se les acabó el libreto, pese a la desbordada publicidad en los canales del Estado, en los que con su paternalismo dadivoso pretenden erigirse como nuestros redentores.

Una máxima del Libertador: “La justicia sola es la que conserva la república”.

 

*Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

careduagui@yahoo.com // @_toquedediana