• Caracas (Venezuela)

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Jesús Ollarves Irazábal

La seguridad no una concesión del gobierno, es un derecho

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El artículo 55 de la carta magna señala: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.

Sin perjuicio de que la seguridad esté reconocida como un derecho, en Venezuela es un privilegio del cual gozan muy pocas personas. Por ejemplo: los funcionarios públicos a los que el Estado les proporciona escoltas para garantizar su seguridad y la de sus familiares, y aquellas personas con cierto poder adquisitivo que gastan cada vez más dinero en seguridad privada, alarmas, cámaras, vehículos blindados, y guardaespaldas.

Las clases menos favorecidas para protegerse del hampa deben conformarse con el Plan Patria Segura. Según la página web http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/, se trata de “un programa promovido por el gobierno destinado a garantizar en todo el territorio nacional la disminución de los índices delictivos, la promoción de la prevención integral de la violencia y la inclusión social para el buen vivir, incrementando la seguridad ciudadana en pro de mejorar la calidad de vida en las comunidades venezolanas con la integración y participación de toda sociedad”.

Lo cierto es que la inseguridad ha traído como consecuencia que se pierdan miles de vidas por el deterioro de los valores como: la educación, la convivencia, la tolerancia, sustituidos por la anarquía que crea la cultura de la muerte. Estamos padeciendo las terribles consecuencias de una guerra entre grupos delictivos que se disputan un mercado sustentado en una economía subterránea, donde se movilizan diariamente cantidades multimillonarias de dinero de origen ilícito.

La productividad del país está prácticamente paralizada y en ello ha contribuido la inseguridad; Los constructores son afectados por los sindicatos de la muerte, los comerciantes, productores, y empresarios, son frecuentemente acechados por el secuestro, el robo y la extorsión.

Ya la violencia no asombra. Nos hemos acostumbrado a escuchar que asaltaron, secuestraron o mataron a un amigo o familiar, y no resulta tan difícil entender que en las calles de Caracas, por segunda vez en lo que va de mes fueron hallados restos humanos desmembrados envueltos en bolsas de plástico.

El presidente de la República ha reconocido la ineficacia del gobierno sobre el combate al delito. Sin embargo, protege a los grupos armados que se vanaglorian de defender a la revolución, y es miope ante el cielo y el mar venezolano repletos de droga. ¿Será acaso que sigue el consejo del director de la encuestadora Hinterlaces, Oscar Schemel, al afirmar que la inseguridad no tumba gobierno?

El derecho a la seguridad ciudadana ha sufrido una extrema vulneración por la acción directa del Estado, dada su negligencia en el diseño y ejecución de una política en materia de seguridad ciudadana. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, y el deber de adoptar las medidas necesarias que permitan a todas las personas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Lo que los venezolanos esperan es la adopción de una política pública coherente, sustentada en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales. Parte de la solución a este problema es fortalecimiento del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia de los poderes. ¿Resulta esto difícil o la inseguridad es una política de Estado?

La seguridad es un verdadero derecho, no es un negocio, y tampoco es una concesión del gobierno.