• Caracas (Venezuela)

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Víctor Rodríguez Cedeño

No será revancha, será justicia

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Desde La Habana la regencia ordenó radicalizar el “proceso” de la forma más acelerada posible, lo que impidió cualquier posibilidad de diálogo para resolver los enormes problemas que afectan a los venezolanos, consecuencia de la torpe insistencia de los “revolucionarios” bolivarianos en implantar en el país el sistema comunista instalado en Cuba desde 1959. La instrucción cubana suponía ciertas previsiones de parte del régimen para enfrentar las reacciones que se desatarían. En primer lugar, debía apropiarse definitiva y completamente del espacio comunicacional, mediante más controles y políticas restrictivas, como la negativa de divisas para adquirir el papel, en el caso de los medios escritos independientes, y así poder implementar un “apagón informativo” en caso de que se tuviesen que reprimir las protestas que debían producirse y que, en efecto, comenzó a realizar el sector estudiantil el 12 de febrero. En segundo lugar, ello suponía organizar las fuerzas militares y policiales, pero sobre todo los colectivos y otros grupos paramilitares, promovidos y apoyados por el Estado, para reprimir con violencia y amedrentar a la población civil que legítimamente habría de ejercer su derecho a la manifestación pacífica.

Para detener las protestas el régimen recurre al uso de la fuerza desmedida; a la tortura física y mental y otros tratos degradantes; a las detenciones arbitrarias y a las desapariciones forzadas; a los juicios políticos, en fin, a una represión sin precedentes que ha provocado muerte, caos y angustia en todo el país, lo que nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias que esta locura que nos ha invadido pueda traer para el país y la región.

Los que ahora participan de alguna manera en la realización de estos crímenes, es decir, los que planifican, ordenan, permiten e instigan intencionalmente la realización de estos actos que constituyen, sin duda, crímenes de lesa humanidad, en forma sistemática o generalizada, traducido en persecución a un grupo político (artículo 7-2-g del Estatuto de la CPI), deben saber en primer lugar que estos crímenes son imprescriptibles (artículo 29 del mismo Estatuto); que la cualidad oficial del autor no es causal de exoneración de la responsabilidad penal ni para la reducción de la pena. Así, los representantes del Estado, principalmente, el presidente o el jefe del gobierno, no podrán invocar su función para que se exonere su responsabilidad penal internacional individual, un principio general de Derecho Internacional Penal, recogido en el artículo 27 del Estatuto; que el cumplimiento de “órdenes superiores” tampoco exonera en principio la responsabilidad del autor (artículo 33 del Estatuto), lo que se refiere directamente a quienes actúan en los hechos, es decir, militares y policías e incluso paramilitares organizados y protegidos por las autoridades.

Además, deben saber quienes detentan el poder hoy que no se trata simplemente de quienes actúan directamente en la realización del hecho, es decir, de quienes actúan individualmente en la infracción, sino de quienes participan indirectamente por intermedio de otra persona, de grupos oficiales, incluidos los colectivos paramilitares vinculados con el Estado, como lo prescribe el artículo 25-1 del Estatuto, y de quienes participan por omisión, en especial, por no haber cumplido con sus obligaciones para evitarlo. Se trata también de quienes resultan cómplices o encubridores, sea por su colaboración (ayuda, apoyo) en la realización del hecho o por instigación, como lo prescribe el mismo artículo 25 del Estatuto.

También debe saberse que la comunidad internacional entera, Estados, instituciones y sociedad civil, rechazan la impunidad por la realización de estos crímenes y que ello precisamente motiva la creación de la Corte Penal Internacional, al adoptar el Estatuto de Roma, en 1998, del cual es parte Venezuela.

No parece haber dudas en cuanto a la calificación de los hechos que hemos vivido estos últimos días en el país. Las pruebas y los testimonios evidencian que los actos y los excesos realizados por la GNB, algunas fuerzas policiales y los colectivos y otros grupos paramilitares que habrían sido “demonizados” por los venezolanos, según lamentable expresión del presidente Maduro, constituyen crímenes de lesa humanidad.

Los presuntos responsables de estas atrocidades enfrentarán la justicia, sea nacional o internacional, y los culpables serán procesados y castigados, si fuere el caso, en procesos justos, contrariamente a la práctica reiterada del régimen venezolano que tiende a politizar los juicios para castigar a los disidentes, a los que ejercen su derecho de protestar y a quienes en definitiva piensan distinto. Será la Corte Penal Internacional (CPI) u otro tribunal internacional e incluso un tribunal extranjero de un Estado que ejerza la jurisdicción universal para conocer los crímenes internacionales. Pero, en todo caso, no se trata de revancha, a la que nos ha acostumbrado también el régimen chavista desde 1999, sino de la aplicación de la justicia.

Ojalá quienes hoy detentan el poder  recapaciten y rectifiquen, lo que no es fácil por su estructura y su composición, y que entiendan que el poder, más aun su ejercicio con arrogancia y torpeza, como es el caso, es transitorio y que tarde o temprano la justicia llega y todos los responsables serán procesados y castigados, un ejemplo, al que ya me he referido en otras ocasiones, el criminal liberiano Charles Taylor, ante una corte especial; el sudanés Al Bashir, ante la CPI y el haitiano Duvalier, ante un tribunal nacional, muchos años después de cometer los crímenes lo que abre, a juicio de Amnistía Internacional, “esperanzas para un nuevo Haití”.

No hay dudas de que el país enfrenta una crisis sin precedentes, reconocida por unos y otros, dentro y fuera, pese al “apagón informativo”, que pone en peligro la paz y la seguridad interna. Se trata no solamente de resolver los problemas económicos y sociales, sino de garantizar la libertad y el disfrute de todos los derechos humanos por todos los venezolanos. Estamos ante una crisis que parece difícil de resolverse por la vía del diálogo directo entre los actores internos, lo que obliga a aceptar una mediación externa independiente, como lo han asomado personalidades y gobernantes extranjeros, preocupados por el agravamiento de la situación en el país.