• Caracas (Venezuela)

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Gustavo Briceño

La resolución desatendida

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Ciertamente, cuando se firma un tratado internacional, al igual que ocurre en cualquier contrato entre personas de derecho privado, lo que se intuye y se materializa es que las partes contratantes deben cumplir y ejecutar las decisiones pactadas tal como fueron contraídas. En este sentido, este principio, tan propio del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de gentes,  no se valoriza en su exacta dimensión cuando se trata de relaciones internacionales. La fuerza obligatoria de los contratos internacionales se encuentra en discusión hoy día, por cuanto existen dos elementos que se entrelazan mutuamente y son el principio de no intervención en las políticas internas de los estados y el cada vez más creciente principio universal de la preeminencia de los derechos humanos.

La soberanía o principio de no intervención en asuntos internos de los estados, han sido los escudos utilizados por los gobiernos autocráticos y dictatoriales en América Latina, en cada oportunidad que se dicta una resolución internacional que de una u otra manera afecta a ese país en particular, y sobre todo cuando dicha resolución determina una violación en los derechos de un ser humano. En efecto,  en lo que se refiere a la resolución dictada por el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas y que constató a través de un procedimiento formal, que a Leopoldo López no se le había garantizado el derecho a la defensa y que se encuentra privado de su libertad de forma injusta e ilegal, la autocracia circundante reaccionó de manera inmediata alegando lo de siempre: la soberanía y la no injerencia en el derecho interno. Esta situación de desobediencia manifiesta sitúa a nuestro país, como un país claramente forajido que impide el buen desenvolvimiento de las relaciones internacionales, no solo de Venezuela frente a sí misma, sino frente a los demás países del área que observan con estupor la conducta poco ética de las autoridades venezolanas. Consagrada excusa de las dictaduras de la América Latina y Central, cuando los dictadores se ven atrapados por decisiones de instancias internacionales. La globalización aparece dentro del contexto mundial como una barrera harto difícil cuando se trata de derechos humanos. Solo una política de constante terquedad internacional puede desobedecer una resolución emanada, nada más y nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas. Tristemente, la Fiscal General de la República de Venezuela alegó de forma por demás mediocre, que a Venezuela no se le daban ordenes de ningún organismo internacional, agregamos nosotros, salvo de Cuba, por cuanto trata de expresar que la soberanía de Venezuela es intocable, pero no en el sentido exacto del término correcto a utilizar, sino confiriendo un cariz mediano de demagogia política, por cierto muy típico de funcionarios que solo hacen lo que les indica el gobierno central.

Resulta por demás evidente, que en la actualidad aquella existencia bipolar entre el concepto de soberanía en contraposición a los derechos humanos, parece ya superaba por la historia. Existen demasiados elementos formales y no formales, que indican la superioridad de los derechos humanos en cualquiera sea el escenario en que ellos se violen. Primero la dignidad del Hombre y luego lo demás. Para terminar, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales dice: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Preguntémonos entonces: ¿El gobierno venezolano al desacatar la resolución que ordena la libertad de Leopoldo López habrá alguna vez en su vida leído este artículo antes transcrito?  Seguro que no.

gbricenovivas@gmail.com