• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Héctor Faúndez

El repliegue de la Corte IDH

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Desde su instalación, el 3 de septiembre de 1979, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contribuyó, con altos y bajos, al fortalecimiento de los derechos humanos en la región. A pesar de algunos errores manifiestos de los primeros años, su jurisprudencia constante fue, progresivamente, afianzando un vigoroso régimen de protección de los derechos humanos; esa tendencia alcanzó su punto culminante durante los años en que el juez Antonio Cançado Trindade estuvo al frente de la corte y, con matices, continuó bajo la presidencia de los jueces Sergio García Ramírez y Cecilia Medina. Lamentablemente, salvo alguna honrosa excepción, en los últimos años se ha observado un claro repliegue, que ciertamente debe satisfacer a los gobiernos más autoritarios de la región, y que ha desembocado en su reciente sentencia en el caso Mémoli vs Argentina, que hubiera complacido al expresidente Chávez, y que alienta a los enemigos de la libertad de expresión.

En todo el amplio abanico de derechos consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana había experimentado un desarrollo progresivo que afianzaba el ejercicio de esos derechos; ese desarrollo fue particularmente notable en las esferas relativas a las garantías del debido proceso y la libertad de expresión.

Desde un comienzo, la jurisprudencia de la corte subrayó la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Según esa jurisprudencia, las limitaciones a la libertad de expresión deben tener un carácter excepcional y el establecimiento de responsabilidades ulteriores no debe impedir el pleno ejercicio de esta libertad y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Al imponer cualquier restricción a la libertad de expresión, el Estado debe demostrar que ella obedece a una necesidad social imperiosa para proteger, de manera proporcionada, uno de los objetivos legítimos señalados por la Convención. La corte ha reconocido el carácter preponderante de expresiones relativas a asuntos de interés público, y deben protegerse incluso expresiones ofensivas, que chocan o irritan a cualquiera. La corte había sostenido que los delitos de opinión y las sanciones penales eran incompatibles con las disposiciones de la Convención Americana. Pero, en su reciente sentencia en el caso Mémoli, la corte ha fallado en contra de todos esos principios, y ha borrado con el codo lo que antes había escrito con la mano.

Esta sentencia, sin duda desconcertante, ignora información proporcionada por el propio Estado, no se interesó en indagar si las expresiones objeto de controversia se referían a hechos o a opiniones, y abre un flanco en la determinación de lo que constituye un “asunto de interés público”. Me niego a pensar que, en su redacción, haya prevalecido la política por encima del sentido de la justicia y el derecho, o que, teniendo en cuenta antiguas querellas personales, alguno de los jueces de la corte haya decidido brindar más protección a quien, justa o injustamente, ha sido cuestionado por su gestión de bienes públicos que a quien ha ejercido la libertad con la que nos autogobernamos. Pero me cuesta imaginar una respuesta coherente, que permita explicar este inmenso retroceso.

El que esta sentencia haya sido adoptada por cuatro votos a tres (con el voto en contra de los jueces Ventura Robles, Vio Grossi y Ferrer Mac-Gregor) nos hace albergar la firme esperanza de que, en un futuro cercano, la corte pueda retomar la senda que le corresponde como órgano de protección de los derechos humanos, encargado de velar por que cualquier restricción a esos derechos sea compatible con los valores de una sociedad democrática.